En la antesala de la visita presidencial este sábado, y tendiendo la alfombra para que lleguen anuncios sobre retenciones, los anfitriones de la Exposición Rural de Palermo se encargan de que la casa esté organizada. Como queda poco tiempo y no quieren recibir a Javier Milei con un clima denso, optaron por barrer bajo la alfombra y le bajaron el dedo a la conferencia de prensa que tenían prevista los ruralistas patagónicos.
Fue “por motivos ajenos a la organización”, señalaron desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad de la Mesa de Enlace que, a nivel nacional, se posicionó más firmemente en defensa de los productores del sur y amparó su reclamo por la barrera sanitaria desde el comienzo del conflicto.
La versión oficial es que este jueves no hubo pedido de autorización para hacer la conferencia como corresponde. Lo que dicen en voz baja varios ruralistas es que no los quisieron recibir. Muchos de ellos, igualmente, visitaron la exposición y dialogaron con Bichos de Campo, porque aunque se barra bajo la alfombra, el polvillo sigue ahí.
“El bloque patagónico sigue unido y muy firme”, expresó Enrique Jamieson, presidente de la federación que agrupa a los productores de Santa Cruz. Con la barrera sanitaria flexibilizada desde hace ya un mes para el ingreso de cortes con hueso desde el norte del país, los ruralistas sostienen que el sector está más consolidado que nunca, y que no hay quiebres en la relación entre productores, ruralistas, industriales y políticos de la Patagonia.
“En mi provincia hay apoyo”, aseguró Jamieson. Lo mismo dijo Osvaldo Luján, presidente de las Federaciones Rurales de Chubut, respecto a su jurisdicción. De hecho, allí la fiscalía del estado provincial acompañó el recurso de amparo que presentaron para frenar la resolución 460/2025.
Pero también hay quienes deslizan que sus gobernantes les soltaron la mano en el reclamo, en detrimento de otras discusiones que hoy mantienen en el Congreso y en medio de un reacomodo de fuerzas con el gobierno. “No somos prioridad para nadie”, dijo a este medio un referente patagónico de otra provincia.
Días atrás, el propio Sergio Iraeta confirmó a Bichos de Campo que el de la barrera sanitaria ya era un tema resuelto para el gobierno nacional. Pero los ruralistas del sur, que son parias tanto para la secretaría de Agricultura y el Senasa, como para una gran parte de la dirigencia agropecuaria nacional, insisten en que aún están muy lejos de eso.
“Estoy un poco un poco dolido por la forma en que ha ido desenvolviéndose el gobierno, sacando resoluciones totalmente inconsultas y de manera unilateral”, expresó Leandro Ballerini, presidente de la Sociedad Rural de Bariloche y vicepresidente de la Federación de Rurales de Río Negro.
Si hay algo para rescatar, es que desde el comienzo el gobierno se sentó a dialogar con el sector. El tema es que, en el fondo, la decisión parecía ya tomada. “Hubo debate, las puertas estaban abiertas, pero nos contestaron con una resolución”, lamentó Luján.
Es tal el grado de desentendimiento, que algunas anécdotas son inverosímiles. Uno de los referentes contó que se enteraron que iba a publicarse la resolución por un trascendido periodístico, unas horas antes de que saliera en el Boletín Oficial.
“Esto es una medida netamente política”, resumió Pablo Castillo, presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado. Y eso explica, en parte, el nivel de cansancio que empieza a percibirse en varios de los referentes, que sienten que, por momentos, luchan contra molinos de viento cuando las decisiones ya están tomadas.
Ahora bien, muchos se cuidan de que la palabra “política” no se confunda con “partidaria”, porque celebran el rumbo económico y apoyan al Gobierno, pero advierten que, en este caso, se están confundiendo argumentos.
“Lo sanitario no corre junto con la economía”, destacó Jamieson. Incluso, aún si corrieran en paralelo, el mismo ruralista ya ha advertido en varias otras ocasiones el riesgo latente de que, con esta medida, algunos países decidan ya no comprarle carne a la Patagonia, sospechando que su estatus Libre de Aftosa Sin Vacunación podría ser endeble (aún cuando no esté en peligro concreto).
Pero, si volvemos al argumento económico, que es bajar el precio del asado en las góndolas de la región austral, los mismos patagónicos aseguran que ya han ingresado bastantes cortes -”de menor calidad”, desliza un ruralista- y que el precio no bajó. “Estamos hablando de 14.000 pesos contra 13.000, no llega ni al 10%”, ilustró Luján, respecto al caso de Chubut.
“Sigo reafirmando que es toda una gran mentira. Por una decisión política y económica pasan por arriba 20 años de esfuerzo”, expresó no casualmente Castillo, que está asentado en la zona misma donde se instaló la barrera sanitaria, solo que del lado del sur.
Asimismo, mientras el precio en el mostrador no bajaría, sí lo hace la hacienda en pie. En Río Negro, por ejemplo, ya hablan de caídas del 30% para los terneros y otros tantos puntos para los gordos.
“Hay un montón de productores que hoy están pensando en meter llave, diciendo ya no van a poder producir con la regla de juego esta que está poniendo el gobierno”, aseguró Ballerini, que considera que “al gobierno le hace falta una mirada más federal, porque está sesgado mirando números”.
Agotada la instancia de debate con el gobierno, el plan b del bloque patagónico se desplegó por la vía judicial, la creación de controles propios -como en el caso de Santa Cruz- y la visibilización. Eso último fue lo que vinieron a hacer a Palermo, aunque sin la conferencia de prensa que esperaban tener.
“Está en juego toda la estructura comercial: Importadores, exportadores, plantas frigoríficas y contratos”, advierte Jamieson, que viene de una provincia con uno de los polos frigoríficos más importantes del país, que consta de 4 plantas instaladas en Río Gallegos habilitadas para exportar a la Unión Europea.
En ese sentido, no sólo están a la espera de lo que pase en la justicia con sus recursos de amparo presentados, sino también de cómo se expidan desde Chile, una respuesta que aún aguardan desde Agricultura.
“Es una resolución que contiene falsedades, porque el mercado común europeo y Chile no contestaron que daban conformidad, sino que debían hacer inspecciones con la nueva situación”, observó Luján, que sostiene que aún no se ven los efectos de la decisión tomada.
