Obviamente la nota de La Nación fue bastante más leída, pero humildemente desde Bichos de Campo también hicimos nuestro aporte para denunciar la semana pasada que el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, estaba pagando sobreprecios insostenibles por una serie de alimentos básicos destinados a la población de menos recursos.
Era un filón de dinero el que estaba en juego, pues el gobierno de Alberto Fernández había autorizado gastar unos 550 millones de pesos para adquirir poco más de 4.000 toneladas de aceite, lentejas, arroz, azúcar y fideos semolados. Esto es un precio promedio de 137 pesos por kilo.
Ya es historia vieja: se abrió una investigación judicial, Desarrollo Social removió a varios funcionarios y el propio Alberto anunció que se anulaban esas compras. Nadie agradeció al periodismo por los servicios prestados…
El aprendizaje social de este episodio fue que un selecto grupo de empresas intermediarias se aprovechaban de la situación (incluso usaron varias razones sociales para vender más en una misma licitación) para venderle alimentos al Estado con sobreprecios muy exagerados, con la excusa de que es un “mal pagador”, que demora hasta seis meses los plazos de pago, y que venderle alimentos representa una logística muy complicada. También se supo que estas empresas actuaron frente a los gobiernos de diferente signo político. No había ideología, había negocios y favoritismos.
La mejor prueba de todo esto la aportó un productor de alimentos al que estos intermediarios (casi todos) habían acudido para presentarse a esta licitación. Según contó el sitio Infobae, la aceitera santafesina Tanoni Hermanos, que produce el aceite marca Indigo, se lo había vendido a la empresa Copacabana a casi 96 pesos, pero el Estado iba a pagar por esa misma botella 159 pesos. Una intermediación que nos costaba a todos más del 60%.
Frente a tanta evidencia de que el Estado estaba siendo embaucado de modo reiterado, además de dar marcha atrás con esa controvertida compra, el presidente Fernández tomó otras iniciativas. Una de ellas la contó en su cuenta de tuiter el sábado pasado: junto al ministro Daniel Arroyo mantuvo una reunión con el empresario Luis Pérez Companc, titular de la empresa Molinos Río, una de las grandes productoras de alimentos del país. “Conversamos sobre la posibilidad de que el estado, que adquiere 12 millones de toneladas de alimentos, pueda comprarlos directamente a los productores, sin intremediarios”, informó el primer mandatario.
Recibí en Olivos al empresario Luis Pérez Companc, titular de Molinos Río de La Plata, con quien conversamos sobre la posibilidad de que el Estado, que adquiere 12 millones de toneladas de alimentos, pueda comprarlos directamente a los productores, sin intermediarios. pic.twitter.com/IwIoxYylBv
— Alberto Fernández (@alferdez) April 11, 2020
En la empresa Molinos Río prefirieron no contestar a las preguntas de Bichos de Campo sobre lo que se habló en el despacho presidencial. Pero los que sí se mostraron inquietos fueron muchos dirigentes agropecuarios, que expresaron su temor de que el Estado centralice a partir de ahora sus compras de alimentos en grandes compañías alimenticias, que por cierto podrían reducir los costos de esa mercadería al eliminar la intermediación, pero que no garantizan que estas compras sociales derramen beneficios entre los productores primarios de esos alimentos.
Juan Manuel Rossi, de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), se hizo la misma pregunta: ¿No se podría aprovechar esta situación para convocar a las decenas de cooperativas que existen en el país y que podrían participar de la provisión de alimentos para los planes sociales del Estado? ¿No sería esta una manera de bajar costos para el sector público y al mismo tiempo permitir que surjan fuentes de ingresos genuinas en muchos pueblos del interior. Esto además de permitir lo que muchos políticos siempre dicen y casi nunca promueven: que se agregue valor en las zonas de producción, convirtiendo los granos en alimentos listos para el consumo.
En el caso del FECOFE y otras cooperativas asociadas, y que ya producen todo tipo de alimentos elaborados, hay una experiencia muy interesante de estudiar, que es el acuerdo entre esta organización de chacareros con la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), que agrupa a su vez a miles de pequeños horticultores de los periurbanos. Unos ponen la verdura y los otros alimentos más elaborados, y juntos venden en los denominados “almacenes populares” de la UTT en diferentes puntos de la ciudad.
Nada es más sencillo para el gobierno que aprender de esta experiencia y ver la posibilidad de replicarla en un sistema de compras estatales. Es que el principal referente de la UTT, Nahuel Levaggi, acaba de ser designado como representante de la Nación en el cargo, nada menos, que de presidente del Mercado Central de Buenos Aires, el ente concentrador de alimentos más importante del país. Allí incluso una de sus primeras propuestas fue designar una nave o espacio específico para que los pequeños productores puedan ofrecer directamente sus cosechas, sin intermediarios.
De estas cosas hablamos en la columna en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos:
Pero el andamiaje cooperativo es mucho más poderoso que esta expresión, que quizás no tenga la envergadura suficiente para atender las demandas de un Estado que cada vez requiere comprar más alimentos, por la sencilla razón que cada vez hay más pobreza y exclusión por atender.
Con raigambre sobre todo en Santa Fe, pero con presencia en 9 provincias, también están las cooperativas de AFA (Agricultores Federados Argentinos) desde hace rato tratando de agregar valor a los granos que les entregan sus 36 mil productores asociados. Bajo ese paraguas, por ejemplo, funcionan desde hace años una planta aceitera (con capacidad de refinar y fraccionar la producción) y una planta clasificadora de legumbres, que también ofrecen alimentos listos para el consumidor.
De hecho, Bichos de Campo entrevistó hace un tiempo a Jorge Petteta, el presidente de esa cooperativa ligada históricamente a la Federación Agraria, en una actividad en la que justamente se estaban promoviendo los alimentos terminados elaborados por este grupo de cooperativistas.
Jorge Petteta: “Muchos confunden a AFA con la Asociación del Fútbol Argentino”
Otra experiencia muy interesante, aunque incipiente, vinculada a la provisión de alimentos directamente de los productores a los planes alimentarios de un estado, en este caso de una provincia, es el acuerdo que el gobierno de Río Negro suscribió con la Federación de Productores de Fruta de peras y manzanas, para aprovisionar de esas dos frutas (pero también de cítricos dulces y de bananas norteñas, mediante acuerdos con otras gremiales regionales) a las escuelas de ese distrito.
Los detractores de este tipo de proyectos indican que, más allá de la buena voluntad de los cooperativistas por convertirse en proveedores del Estado, sus frágiles organizaciones de la economía social no tienen la espalda suficiente como para soportar los largos plazos de pago que tanto servían de justificación para los sobreprecios de los intermediarios. Pues allí perfectamente se puede instrumentar una ingeniería financiera con el Banco Nación y otros bancos públicos, que alivie ese riesgo sobre el sector cooperativo.
Y es aquí cuando hay que detenerse en otras de las entidades rurales de la Mesa de Enlace, Coninagro, que justamente representa a un gran número de cooperativas agropecuarias, que incluyen hasta aseguradoras muy prestigiosas en el mercado local. Durante muchos años, la cooperativa más importante de las que integraban Coninagro era la láctea SanCor, que ahora cayó en desgracia pero conserva una gran capacidad ociosa para la producción de productos terminados. Otra socia fundacional de esa entidad es ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), que no tiene nada que envidiarle a Molinos Río, pues también está en el lote de las diez principales exportadoras de granos de la Argentina.
ACA tiene un despliegue envidiable en todo el interior productivo. Tiene un total de 147 cooperativas de base con las que se interrelacionan unos 50 mil productores, desplegadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero. Las hay de cereales pero también de muchos otros rubros productivos. Por ejemplo, ACA es dueña de la mitad del frigorífico Fridevi, de Viedma, que pasó a la historia recientemente por ser el primero que envió carne vacuna argentina a Japón.
No es difícil para Alberto y Arroyo adentrarse en este entramado productivo de la economía social, pues el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, también acaba de probarse el traje de funcionario como representante del sector en el Consejo Directivo del INAES, el instituto para la economía social que preside Mario Cafiero, el tío de Santiago, el jefe de Gabinete de este gobierno.
Iannizzotto es mendocino y proviene de de otra cooperativa de gran envergadura, Fecovita, pero en este caso no sería recomendable que participe en las compras estatales de alimentos. Fecovita agrupa a 29 cooperativas vitivinícolas, que a su vez se proveen de unos 5.000 viñateros de la zona del Cuyo. Es uno de los grandes jugadores del negocio local del vino. A las pruebas me remito: su marca más popular es el Vino Toro.
Silvina Campos Carlés, economista de Coninagro, nos aportó un cuadro que (aunque con datos que deben ser actualizados) marca la importancia que tiene el cooperativismo en el entramado de producciones agropecuarias. La mayoría de las actividades tienen cooperativas. Las hay arroceras, las hay yerbateras, las hay tealeras, las hay frutícolas, las hay hortícolas, las hay de porcinos. Y así. Su participación en el mercado suele ser mucho más rfelevante de lo que parece.
¿Podrá pasar la Argentina de un sistema de compras estatal de alimentos cargado de sospechas y de sobreprecios a otro mucho más transparente que además permita la participación de actores de la economía social? Las cooperativas agropecuarias son un entramado que tiene más de cien años de historia y ha sido clave para la configuración económica y territorial de la Argentina. La primera cooperativa del país se fundó entre 1855 y 1858 y fue la “Asociación Panadería del Pueblo”, de Paraná (Entre Ríos). En tanto, la primera experiencia cooperativa en el sector rural argentino fue la “Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda. El Progreso Agrícola”, de Pigüé (Provincia de Buenos Aires), fundada en 1898.
¿No será momento de pensar qué pueden aportar las cooperativas agropecuarias a los planes alimentarios del gobierno? Si quieren ahondar, hace un tiempo hicimos un programa especial de Bichos de Campo dedicado a mostrar a este jugador del sector. Solo hay que animarse, entrar y conocerlo.
