Es una constante que da vergüenza ajena y recuerda a la Argentina de la persecución política y la caza de brujas: desde hace un tiempo, distintos organismos del Estado Nacional informan sus proezas en la tarea de control que deberían ejecutar regularmente con comunicados muy espectaculares, pero que no dan casi precisiones sobre el supuesto delito o irregularidad cometida, y sobre todo que ocultan la identidad de los presuntos infractores. Lo hace la AFIP, lo hace Gendarmería, lo hace la Prefectura, y también suele hacerlo ahora la Aduana.
En Bichos de Campo, como política editorial, nos hemos propuesto no dar espacio a ese tipo de comunicados de prensa de algunos organismos de gobierno porque creemos que -sin la identificación clara de los presuntos infractores- la difusión de los casos pierde el sentido correctivo que debería tener y únicamente sirve para demonizar a los sectores productivos y dar una falsa sensación de que el Estado cumple con su deber. También porque la difusión del delito sin dar cuenta de quien lo estaría cometiendo puede ser un buen elemento de presión para que las autoridades “negocien” luego con esas empresas alguna “solución” al conflicto, al margen de las normas.
Lo normal, en un país ajustado a derecho, sería que si el Estado sanciona a alguna empresa privada es porque tiene pruebas suficientes de la irregularidad. Y si lo denuncia públicamente, entonces debe dar a conocer la identidad de dicha empresa, para que otros operadores de ese negocio o los propios consumidores estén informados y puedan sacar sus propias conclusiones.
La utilización política de información falsa o incompleta fue una constante en los gobiernos de Cristina Kirchner, cuando había que “demonizar” al agro que la había enfrentado en el conflicto de 2008. Un maestro en este arte de la desinformación fue el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien llegó a filtrar a la prensa falsas denuncias para dar sensación de que controlaba algo, o directamente para perseguir a sus opositores políticos. A la Federación Agraria, por ejemplo, le inventó algunas irregularidades solo para sacarle una de las pocas vías de financiación que tenía esa entidad, la venta de certificados para el transporte de granos.
Hoy, de la mano del nuevo ministro Sergio Massa, la Aduana está en manos de Guillermo Michel, un sagaz contador entrerriano que secundaba otrora a Echegaray y que ahora parece querer aplicar la misma receta: emite comunicados que -con información incompleta o dudosa- parecen querer dar la sensación de que existen controles severos, pero que en realidad dejan la sensación de que se busca demonizar a toda una actividad.
La Aduana, en este ejercicio infame de la información oficial, emitió este lunes un comunicado que dice que “multó a un frigorífico con 40 millones de pesos” al detectar “un nuevo caso de subfacturación de exportaciones”. El daño aparente es ínfimo, pues habla de dos cargas de 52 toneladas de carne mal declaradas, cuando la Argentina exportará este año 860 mil toneladas. Es decir que equivale al 0,006% del total vendido. Es lo mismo que hace Gendarmería al informar que encontró un camión de soja de contrabando a Brasil, que pesa 30 toneladas, y lo pone como ejemplo de la informalidad de todo el sector, cuando la cosecha de soja llega a las 50 millones de toneladas y la mayoría sale en barcos desde fábricas y puertos que tienen control de la Aduana.
Por supuesto que Guillermo Michel ordenó, en el caso de este frigorífico sancionado por presunta subfacturación, no dar a conocer la identidad de la empresa que debería figurar en los respectivos expendientes. Hasta se borraron los logos de la caja de carne que se difundió en fotografías adjuntas. Eso le sirve para dos cosas: generar una falsa impresión sobre el sector, por un lado, pero además tener un as en la manga en caso de que haya que negociar algo con dicha firma.
Por eso el comunicado oficial no dice casi nada o informa muy poco:
- “La empresa había declarado en forma inexacta dos exportaciones de carne para reducir el pago de aranceles de manera ilegal”.
- Unos 52.3290 kilos de carne bovina pasaron a ser considerados “mercadería prohibida”, porque estaban declaradas bajo la posición arancelaria “recortes de troceo” cuando era “carne bovina congelada”.
- El operativo de verificación se realizó en un depósito que el frigorífico posee en Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, que no se identifica.
- “El organismo que dirige Guillermo Michel (es obligatorio que los comunicados menciones la identidad del funcionario que quieren instalar como un gran investigador) realizó una denuncia por violación de los incisos A, B y C del artículo 954 del Código Aduanero. A su vez, aplicó una multa de 40 millones de pesos, que la firma en cuestión canceló debidamente”.
Contado así, el operativo suena espectacular. Pero vale contextualizar. En marzo de 2021, un mes antes de imponer nuevos cupos a las exportaciones de carne vacuna, la Aduana detectó esta misma irregularidad en una veintena de plantas frigoríficas exportadoras. Antes la ex ONCCA había informado sobre maniobras parecidas en 12 falsos “exportadores sin planta”, que luego se demostró no existían. La intención de esta movida de prensa -de la que luego no se conocieron sanciones- era generar el ambiente hostil contra el sector para poder aplicar con tranquilidad nuevas regulaciones sobre las exportaciones.
En Bichos de Campo nos parece que es una gran patraña este tipo de operativos que luego no conducen a nada, o simplemente conducen al peor de los escenarios posibles para un organismo público: se presiona a las empresas con un escrache mediático a cambio de obtener de ellas algunos favores. Nos prometimos no subirnos a este modo de desinformar, a menos que podamos conocer algo más de cada película: al menos el nombre del presunto mayordomo asesino.
Esta vez en cambio, con todas las reservas y aclaraciones que merece el caso, publicamos esta gacetilla emitida por la Aduana de Michel. La diferencia es que pudimos saber de buenas fuentes la identidad del frigorífico infractor, que sería la Sociedad Anónima Importadora y exportadora de la Patagonia. El despachante de Aduana de las cargas cuestionadas, en tanto, tiene las iniciales ML, que no corresponden al autor de esta nota.
La firma no es otra que la cadena de supermercados La Anónima, con fuerte presencia en toda la región patagónica. Según nuestras fuentes, la decisión de no mencionarla tiene que ver con una presión de las autoridades aduaneras para que esa cadena se alinee con la política de precios cuidados de la getsión de Massa.
No nos gustan los anónimos. No colaboran a la tarea de control sino que agregan más grises donde todo debería ser transparente. Si la empresa es responsable de una irregularidad, que se sepa y se sanciones. Y si no lo es, pues que ejerza libremente su derecho de defensa.
