Los títulos alarmantes se acumularon en las últimas horas a raíz de la decisión de Granja Tres Arroyos (GTA), la principal empresa avícola del país, de solicitar a las autoridades de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis. Las noticias daban cuenta de que existía la posibilidad de unos 700 despidos luego de la decisión, anticipada por Bichos de Campo, de cerrar la Planta 1 de la ex Cresta Roja en la localidad de Ezeiza.
El temor a esos despidos por ahora se disipó luego de la audiencia entre la empresa y dirigentes sindicales. “Se llegó a un acuerdo por un 10% y un año sin echar gente, prorrogable por un año más”, fue la comunicación de los delegados a sus compañeros de trabajo.
¿Qué quiere decir? Que GTA no va a producir despidos entre la gente que trabajaba en la planta de Ezeiza, más allá de las bajas que decidieron acogerse a una suerte de retiro voluntario. Peor sí les descontará parte del sueldo (ese 10% mencionado) para poder equilibrar las finanzas y su reubicación en la Planta 2 de la ex Cresta Roja, en Tristán Suárez.
“Por otro lado la empresa también tiene otorgado por el gobierno el pago de los sueldos como no remunerativo, o sea que se van a ahorrar las cargas sociales durante un año”, completaron el informe a sus compañeros los representantes sindicales.
A fines de septiembre, este medio publicó en exclusiva el regreso de la crisis de la ex Cresta Roja, que fue absorbida por el grupo GTA luego de un largo proceso de crisis que se inició en 2024 y concluyó recién en 2019. La amenaza de despidos surgió por la decisión de la firma líder en el sector de cerrar completamente la Planta 1, para concentrar sus actividades en la Planta 2.
Un mes después, a fines de octubre, Bichos de Campo también anticipó que la decisión de cesar la producción de la planta de Ezeiza (donde nació la ex Rasic) se concretaría desde el 1 de noviembre. En todas estas semanas la empresa estuvo mudando una parte del personal de una fábrica a la otra, o negociando los retiros. Pero quedaba un remanente de gente que temía por su continuidad laboral.
En ese marco fue que la empresa Wade SA, que forma parte de GTA y maneja los activos de la ex Cresta Roja, pidió a la Secretaría de Trabajo aplicar el proceso preventivo de crisis, que le exime de pagar aportes patronales y le permite negociar con los trabajadores ciertas condiciones para poder asegurarles la continuidad.
