A la Sociedad Rural Argentina (SRA) se le ocurrió recordar este sábado uno de los aniversarios que más disgusto trae entre los productores agropecuarios: el 4 de marzo de 2002, un par de meses después de la gran devaluación que sucedió a la crisis de 2001, se anunciaba en el Boletín Oficial la reimplantación de las retenciones, como un “impuesto transitorio, con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos”.
En aquel momento de alumbramiento eran de 10% para todos los granos, incluyendo a la soja, aunque a los pocos meses la criatura ya pesaba 20% en las cuentas de todos los chacareros, sean éstos grandes, medianos o chiquitos.
Al rememorar tal suceso, ya en el gobierno de Eduardo Duhalde y en la antesala del desembarco de los Kirchner en la administración nacional, la SRA señaló que el tributo aduanero “en ese momento fue aplicado como algo ‘excepcional’, pero que sigue vigente hasta la actualidad y lo peor aún, poniendo un freno al desarrollo no solo del sector sino también del país”.
Es decir, las retenciones cumplieron la mayoría de edad (los 21 años) y, como aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, solo viven parasitando a sus padres, que los insultan de arriba a abajo.
En este caso, la Sociedad Rural Argentina remarcó que ha sido una enorme fortuna desaprovechada la que se invirtió en el muchacho, sin obtener resultados. “En el período 2001–2022 los productores agropecuarios transfirieron en concepto de retenciones al fisco más de 175 mil millones de dólares. Sin embargo, la pobreza aumentó. En 2001 alcanzaba a 16.500.000 personas y en el 2022 el número llegó a 20.200.000”, remarcaron desde la entidad de Palermo.
Además los ruralistas recordaron que “el último censo agropecuario determinó que hay 70 mil productores menos. Pasaron de 297.000 a 227.000 en dicho período”.
En realidad, y esto es una nota de la redacción, cuando comenzaron a aplicarse las retenciones en 2002 eran muchísimos más, unos 350 mil en total en el país.
La visión de la Rural, que finalmente representa a parte del sector que puso el dinero, es que todo el dinero recaudado por los derechos de exportación (que en el caso de la soja ahora llegan a un máximo del 33% y han retornado a 12% en el caso de los cereales), “podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez de promover la cultura del trabajo y la productividad”, lamentó la organización empresaria.
En las últimas semanas, la SRA presentó a Sergio Massa, el ministro de Economía, un proyecto para reducir a la mitad las alícuotas de retenciones, como un gesto de solidaridad del Estado ante la situación más crítica de la economía agropecuaria provocada por la sequía. Pero ni Massa ni Juan José Bahillo se han preocupado en contestar. Claramente su prioridad está en atender la situación financiera del propio Estado Nacional antes que la de los productores.
“En estos momentos, en donde la sequía pega fuerte, las retenciones ponen a los productores al límite de la sustentación económica ya que se aplica la alícuota directamente al precio de mercado o de venta de los productos. En este año electoral, le solicitamos a todas las fuerzas políticas que nos digan qué van a hacer con este impuesto cuando les toque gobernar, ya que es imposible concebir el futuro del país que no contemple al campo en el centro de la ecuación económica”, argumentó la SRA, dando por sentado que no será este gobierno el que actuará en este tema.
Mientras tanto, la criatura ya cumplió la mayoría de edad.
