El entramado político-económico que rodea a los desmontes en Chaco salpica y ensucia por todos lados. Tan confusa e intrincada es la situación en la provincia, que el mismo diputado que presentó un proyecto para endurecer penas, fue acusado por las organizaciones ambientalistas como miembro de la “mafia de los desmontes” y de ser funcional a los deforestadores.
Se trata de Juan José Bergia, diputado provincial por el bloque independiente Nuechi. A través del proyecto de ley 1861/2024, que presentó en junio del año pasado, propuso modificar artículos clave de la ya existente Ley 2079-R, en la que se establecen sanciones por desmontes ilegales. El tema es sensible, porque muchos empresarios siguen desmontando campos debido a que esas penalizaciones y multas son tan baratas que ni cosquillas les hacen.
Por eso, tras la reciente aprobación en la legislatura chaqueña de su proyecto para endurecer penas, Bergia dialogó con Bichos de Campo y se defendió de las acusaciones de organizaciones respetadas como Vida Silvestre.
Su proyecto es en realidad un complemento para la ley que su mismo espacio impulsó en 2011. Lo que se aprobó en la Sesión Extraordinaria 3, convocada el pasado miércoles por el bloque oficialista y no por el suyo, fue un esquema punitorio más duro. El plato fuerte son las multas, que se incrementan en hasta un 400% y alcanzan los 2 millones de pesos por hectárea desmontada sin los permisos correspondientes. Pero además se suma la obligación de que los infractores restauren las zonas taladas y la inauguración de un registro de topadoras.
El proyecto aprobado también incluye como agravantes el desmonte de zonas amarillas y rojas, en donde las multas escalan hasta 12 veces, así como la explotación de tierras fiscales, el uso de cadenas y la quema. En ese sentido, la recaudación será destinada a la Dirección de Bosques, un organismo diezmado que, hasta el momento, ha tenido poca espalda para frenar la avanzada deforestadora. “Es una paradoja, porque es importante que esos trabajadores cobren bien y no sean corrompidos”, afirmó el legislador.
Pero el punto más criticado de su presentación fue en realidad la incorporación del artículo 45 bis a la ley original, en el que se detalla el destino que deberá tener el material incautado. Lo que Bergia propuso, y que fue aprobado, es que la madera sea gestionada por el Estado para que no se desperdicie, ni se queme, y que el destino sea establecido con “un fin social”.
Aquí las críticas: Lo que diversas organizaciones ambientalistas interpretaron es que, como se permite vender esa madera, sería un modo de “legalizar” la deforestación.
“De aprobarse este proyecto, se institucionalizaría un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales”, apuntó el Francisco González Táboas, director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas, en un duro comunicado que el organismo difundió junto a Fundación Vida Silvestre y FARN.
Lo que Bergia replica es que la madera recuperada “no vuelve al infractor”, y que el Estado tiene prohibido venderla a empresas que no estén en regla. La idea es que pueda ser donada a instituciones o, en su defecto, comercializada sólo bajo esos parámetros. “Si no, a esa madera hay que quemarla y el perjuicio es doble. Eso es lo que traté de explicarle a los ambientalistas”, deslizó el diputado.
Aunque el texto definitivo de la ley aprobada estará disponible recién en unos días, Bichos de Campo pudo acceder al famoso Artículo 45 Bis tal como figura en el proyecto presentado por Bergia.
“Establézcase que, además de la restauración del monte abatido por parte del responsable del hecho, el producto de la deforestación ilegal, debe ser incautado por el Estado, a los fines de garantizar el aprovechamiento de los mismos, para ser destinado a políticas públicas, que den respuesta a las necesidades de trabajo y vivienda, entre otras, evitando la quema de estos”, dicta el texto de la norma.
En una provincia en la que se ha perdido el equivalente a dos ciudades de Buenos Aires de bosques nativos sólo en 2024, y más de medio millón de hectáreas en los últimos 15 años, el fuego cruzado de este tipo llama la atención. El mismo Bergia fue señalado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (CAJE) como parte de la “mafia de los desmontes”, un conjunto de políticos y empresarios acusados ante la Justicia de favorecerse con la deforestación.
“Esta ley no responde a lobbies ni a intereses particulares. Mi nombre fue usado para instalar una narrativa falsa”, afirmó el diputado, que en las últimas horas se defendió en redes sociales de lo que considera son “fake news” difundidas por las organizaciones ambientalistas. “Yo no tengo campo ni me interesa desmontar. Produzco vino y me va bastante mal”, señaló, y fue contundente con las sospechas que recaen sobre su entorno: “Si tengo conocidos que tienen que estar presos, que vayan presos”.
Sorprende que desde ambos lados de la vereda se diga lo mismo. Lo que fue denunciado como la “mafia del desmonte” es señalado por Bergia como “los amigos del poder”, a quienes menciona con nombre y apellido. Particularmente, apunta sus dardos contra la ex ministra de Ambiente Marta Soneira, a quien acusa de haber habilitado a empresas agropecuarias a avanzar sobre el bosque nativo y haberles otorgado tierras fiscales.
“El problema no es el productor chico, que está en regla y todos los días se rompe el lomo para comer. Son los amigos del poder, grandes empresas que vienen de afuera, meten topadoras y en una semana incendian y tumban miles de hectáreas”, apuntó el legislador.
Uno de los principales propósitos de los desmontes ilegales es la expansión de la frontera agropecuaria, sobre todo para sembrar soja y trigo. Luego, los platos rotos los terminan pagando los que, de forma legal, producen madera o carbón, porque las grandes empresas destruyen el bosque y terminan quemando la madera que no necesitan.
Es un problema que viene de larga data y que, indefectiblemente, tiene la connivencia política necesaria para perpetuarse. Un ejemplo claro e inmediato es el del ordenamiento territorial en el que se establecen las zonas verdes, amarillas y rojas, en línea con lo exigido por la Ley de Bosques. Lo que Bergia denuncia es que, desde el principio, el esquema estaba planteado para proteger a los grandes deforestadores.
“Pintaron de rojo sólo a los productores chicos, para poder comprarles el terreno por dos mangos y después modificar el ordenamiento y convertirlos en verde”, lamentó. El proyecto fue inicialmente gestado junto al INTA durante la gobernación de Capitanich y el año pasado la legislatura provincial aprobó sus cambios. En su momento, al igual que Bergia, las organizaciones ambientalistas también advirtieron que eso permitiría avances en la deforestación.
Pero lo que denuncia Bergia, y he allí su enfrentamiento con ese sector, es que han hecho “la vista gorda” cuando los señalados por desmontar eran personas del entorno. “Escupen para un lado, pero para el otro se hacen los distraídos”, ratificó el diputado, que señala que el vínculo cercano entre el abogado ambientalista Enrique Viale y el ex subsecretario de Ambiente y Biodiversidad, Tomás Camarasa, ha “blindado” al marido de la exfuncionaria de Capitanich.
“Cuando denuncié a Soneira por los desmontes, Camarasa no dijo nada y las archivó”, afirmó.
Mediante el agravamiento del esquema de multas, y el envío de los fondos a la Dirección de Bosques, tal vez mejore la capacidad de acción de la autoridad de aplicación, pero hay un esquema de grandes jugadores que parece inmunes a estos procesos. En eso concuerdan tanto Bergia como las asociaciones ambientalistas, quienes en su comunicado difundido esta semana enfatizan la importancia de hacer cumplir a nivel provincial la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331).
Para el legislador del Nuechi, que se encuentra librando este enfrentamiento en plena campaña electoral, lo que permitirá la nueva legislación es “fortalecer el rol del Estado” al disponer de la madera incautada para su distribución. Además, en el texto original proponía ir un poco más allá y avanzar con la inhibición de los infractores. “Quería que hubiera un bloqueo en el ATP para que no pudieran trabajar nunca más, pero no lo aprobaron”, explicó.
Desde ya, más que un articulado extra, lo que necesita la provincia es un cambio radical. Incluso, el mismo diputado afirma estar de acuerdo con el planteo de las ONG´s de que se avance con la tipificación de los desmontes como delito penal. “Para eso es necesaria una gran reforma, pero no tenemos que reunirnos con las grandes empresas, sino con los productores que la reman todos los días”, aseguró.
