“La Aduana se pegó un tiro en el pie”, evaluó esta tarde el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), tras conocer que el organismo dirigido por Guillermo Michel intimó a cuatro de las mayores empresas agroindustriales del país por un supuesto cobro indebido de retenciones, por 50 millones de dólares, correspondientes a operaciones con soja paraguaya de los últimos tres años.
El razonamiento de Idígoras, que además es uno de los hombres fuertes en el Consejo Agroindustria Argentino (CAA), es que al pretender poner ahora bajo revisión las reglas vigentes para el régimen de importación temporaria desde países vecinos, la Aduana está alterando las reglas de juego, y esto podría hacer que dichas empresas revisen sus decisiones de compra desde países vecinos justo cuando más se necesita la soja importada, pues la cosecha aquí es un verdadero fracaso. Esta posible decisión, a su vez, afectaría el ingreso de divisas a la Argentina.
La Aduana, según se informó en la agencia oficial Télam, intimó a cuatro empresas a pagar retenciones presuntamente adeudadas por negocios concretaros en los años 2020, 2021 y 2022. Reclama 14,7 millones de dólares de la china Cofco; 27 millones a la estadounidense Cargill; 7 millones a la también norteamericana Bunge; y 3,7 millones a la europea Dreyfus. La suma da 50 millones, una cifra minúscula respecto del total de retenciones abonadas por el sector, que llega a unos 7.500 millones de dólares anuales en el caso de la soja.
“Esos cargos que imputo la Aduana a estas empresas claramente no son apropiados y no corresponden, dado que en primer lugar las empresas pagaron en tiempo y forma los derechos de exportación (DEx) correspondientes del producto exportado derivado de la soja importada de Paraguay, y en segundo lugar hicieron las acreditaciones y los asientos correspondientes”, aclaró Idígoras en diálogo con Bichos de Campo.
Por otro lado, el presidente de Ciara-CEC, una entidad que agrupa a las empresas agrícolas responsables de aportar 40% de las divisas generadas por la Argentina, consideró que las retenciones que se reclaman ahora corresponden a “operaciones que tienen muchísimo tiempo, con lo cual la Aduana hubiese tenido espacio suficiente para objetar algo”.
Idígoras recordó que el sistema de importación temporaria -que permite a las aceiteras locales ingresar al país soja de los países vecinos, para procesarla aquí y exportar los derivados pagando solamente las retenciones por ese valor agregado- tiene 20 años de funcionamiento sin objeciones, salvo un periodo en 2009 en que fue interrumpido por Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.
“Nunca hubo objeciones de esta naturaleza, hubo una sola vez en 2004, que fue a la justicia. El tribunal fiscal le dio la razón a las empresas, con lo cual claramente la posición de la aduana es incorrecta”, insistió el directivo de las aceiteras, que dejó abierta la puerta a una nueva judicialización frente al planteo del organismo, que pretende cobrar luego de una revisión sobre la base imponible que se toma para calcular el pago de los derechos de exportación.
Pero lo más grave, según la visión de Idígoras, es que esta ofensiva de Michel en contra de los principales aportantes de divisas, que fueron clave para el éxito de los operativos Dólar Soja 1 y 2 lanzados por Sergio Massa, los obligará a revisar sus planes de importación de soja durante 2023, año que se esperaba sea récord debido al fracaso de la cosecha local. Las fábricas tienen capacidad de moler 70 millones de toneladas de soja, pero la cosecha argentina apenas seria de 33 millones de toneladas. Por eso se esperaba un aluvión de los negocios de importación desde terceros países, comenzando por Paraguay.
“Es un hecho grave, porque en el medio de una fuerte sequia, en el cual faltan cerca de 20 millones de toneladas de soja, y el único fuente de ingreso de divisas es este, que la agroindustria trabaje a través de un paliativo de la soja importada, se pone una contingencia de esta naturaleza, que pone en peligro también el régimen de importación de los próximos meses. Se genera un riesgo superior y las empresas ahora tienen que evaluar cómo van a proceder, así que pienso que la Aduana se pegó un tiro en los pies con esta decisión”, concluyó el directivo empresario.
1.- Entre 2016 y 2022, la molienda en el año comercial (abril/marzo) promedió las 40,8 MMT. Si le descontamos 1 MMT declarada por la extrusión, quiere decir que el crushing por solvente demanda 39,8 MT.
— Javier Preciado Patiño (@jpreciadopatino) February 21, 2023
Javier Preciado Patiño, el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios de este mismo gobierno (fue despedido junto con Julián Domínguez), confirmó en un análisis que la Argentina debía recurrir a la soja importada si quería mantener su situación de liderazgo en los mercados de harina y aceite de soja, además de poder sostener sus fábricas en funcionamiento.
El ex funcionario y ahora consultor recordó que “entre 2016 y 2022, la molienda en el año comercial (abril/marzo) promedió las 40,8 millones de toneladas y que si le descontamos 1 millón de toneladas declaradas por la extrusión, el crushing por solvente demanda 39,8 millones de toneladas” anuales en promedio. Es el tipo de proceso que hacen las grandes aceiteras de Ciara-CEC.
Para esta campaña 2022/23 signada por la sequía, y con el fuerte recorte de la oferta local de soja, Preciado Patiño calculó que “asumiendo que no se exporte un solo grano de soja como tal”, harían falta importar unas 10 millones de toneladas para llegar al promedio de 39,8 millones.
En 2022 la Argentina importó 3,3 millones de toneladas, solo un 30% de lo que necesitará ahora, la mayor parte desde Paraguay. Para el especialista, sin embargo, este año habrá una gran disponibilidad de soja en ese país y también en Brasil, que podría abastecer la demanda desde Argentina.
Eso, claro, si las aceiteras sienten que hay seguridad como para encarar esos negocios sin sobresaltos como el que ahora genera el reclamo de la Aduana.
Pero que quieren? Que las cerealeras paguen impuestos? Eso jamás. Los que hacen fortunas no tienen que pagar nada. Es más; deberían cobrar algún subsidio
¿Argentina importando soja? Debe ser la misma que primero mandan afuera contrabandeandola…