Un rápido análisis de la Resolución 129/2022, que fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Agricultura Juan José Bahillo, permite saber que el gobierno modificó la integración de la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) para excluir de allí a las entidades de la producción agropecuaria local. Algunas de ellas solo conservarán una silla en ese lugar pero como “observadores” y sin poder incidir demasiado en las resoluciones que se tomen. Otras directamente fueron eliminadas.
Las organizaciones degradadas dentro de la CONABIA son varias, al menos en relación a una resolución previa firmada en 2016, cuando gobernaba Cambiemos y la simpatía del gobierno con las entidades rurales era difernete a la de ahora. De hecho, AACREA ha sido directamente excluida. De esa entidad surgieron muchos de los funcionarios que dirigieron el ex Ministerio de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri.
La resolución firmada por Bahillo para conformar una nueva integración de la CONABIA no solo excluye a los grupos CREA sino también degrada el papel de los representantes de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). Néstor Roulet, el ex secretario de Alimentos y Biotecnoclogía que firmó la resolución de 2016, provenía de esa entidad ruralista.
Casualidad o no, hay un visible retroceso de la participación y responsabilidad de las entidades de la cadena productiva en la nueva conformación de este consejo.
En la resolución de 2016 había por ese espacio representantes de CRA, de AACREA, de AAPRESID,de ACA (Asociación de Cooperativas Argetninas, ligada a Coninagro) y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
En la nueva resolución de 2022 que determina nuevos integrantes titulares en la CONABIA, las entidades de la cadena productiva ya no figuran más que como “observadoras”. Son ACA (Coninagro), AAPRESID, la Bolsa de Cereales, CRA y se incorpora 1 persona en representación de Agricultores Federados Argentinos (AFA), una cooperativa ligada históricamente a la Federación Agraria.
Los organismos del Estado Nacional y las universidades públicas siguen teniendo mayoría absoluta en la Comisión Nacional que asesora al gobierno para la aprobación de nuevos cultivos transgénicos y otras innovaciones de la biotecnología. Eso no cambia respecto de 2016. Allí siguen la propia Dirección Nacional de Bioeconomía de Agricultura; el INASE, el Senasa, el INTA, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el Conicet.
En materia de universidades, lo que destaca de la nueva resolución es la incorporación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Nacional de Hurlingham, a un listado que además integran las universidades de Buenos Aires, de Rosario, de La Plata, de San Martín, además de la Universidad Católica Argentina (UCA).
“Los avances científicos en biotecnología agropecuaria hacen necesaria la participación de entidades públicas, privadas y otras entidades con el objetivo de incrementar el conocimiento y las líneas de trabajo con OGM (vegetales, animales y microorganismos) de uso agropecuario y de los productos derivados de la aplicación de técnicas de la Biotecnología Moderna”, explica la nueva resolución, que degrada la participación de las organziaciones de productores.
En la primera división de la CONABIA (es decir con derecho a voz y voto) se anotaron además la Asociación Argentina de Ecología, la de Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio; la Red de laboratorios de Biotecnología; el Consejo Porfesional de Ingeniería Agronómica (CPIA); la Federación de Ingeneiros Agrónomos (FADIA); y la Sociedad de Tecnologías Embrionarias.
En tanto, como simples “observadoras” de las decisiones permanecerán la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA); la Cámara Argentina de Biotecnología, el Foro Argentino de Biotecnología, la Cámara de Productos Veterinarios, Argenbio, UBATEC SA y la Cámara de Semilleros Multiplicadores, además las entidades de productores degradadas.
