La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) anticipó en una gacetilla este sábado que “más de 60 familias campesinas” enroladas en ese movimiento iniciaron la “recuperación” de sus tierras dentro del Paraje La Fidelidad, que está ubicado en la localidad chaqueña de Misión Nueva Pompeya, en la provincia del Chaco.
“Estas comunidades habitan las tierras desde hace más de 100 años, sin embargo los empresarios Polentarutti están realizando desde hace meses un desalojo ilegal, con complicidad política, judicial y policial”, denunció la organización de pequeños productores, que tiene buenos vínculos con el gobierno nacional.
Lo más curioso es que en este aviso la UTT incluso envió las coordenadas del punto exacto donde sucede este conflicto.
Es muy curioso el caso, no porque no sea frecuente este tipo de situaciones sino porque gracias a las nuevas tecnologías la UTT puso sobreaviso a todos de esta “recuperación” de tierras e incluso facilitó la ubicación exacta del punto en conflicto. Es un modo de visibilizar la situación, para evitar hechos de mayor violencia y sensibilizar a las autoridades. En este caso, la responsabilidad sería del gobierno chaqueño de Jorge Capitanich.
Por ahora no se conocen reacciones de las autoridades ni se han reportado hechos conflictivos desde la zona. Lo que está muy claro es que una vez más este tipo de litigios se producen porque el Estado no termina nunca de ordenar la situación legal de las tierras y definir quiénes son sus verdaderos propietarios. Eso ahorraría muchos conflictos, sin duda.
Cuenta la UTT: “Hace años las familias productoras solicitan que el Estado les reconozca la tenencia de la tierra a través del Instituto de Colonización del Gobierno de Chaco pero no obtienen respuestas”.
Según esta posición, “La Fidelidad es un paraje habitado por comunidades criollas que toda su vida se dedicaron a la producción del ganado mayor y menor”, hasta que en octubre pasado “comenzaron a aparecer máquinas que están destruyendo el bosque nativo, deforestando árboles como quebracho y palo santo para beneficio de los hermanos Polentarutti”.
Este tuiter de Greenpeace de agosto de 2021 demuestra que el conflicto en esa zona empezó en realidad algunos meses antes:
🚨URGENTE🚨
Seis familias, campesinas del Paraje La Fidelidad, de Misión Nueva Pompeya, en Chaco, denuncian que están siendo víctimas del avance y usurpación de sus tierras, con aperturas de picadas y destrucción del bosque y sus alambrados. pic.twitter.com/Z61Y9BONJq— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) August 31, 2021
Según la denuncia de la UTT, una organización liderada por Nahuel Levaggi, el presidente del Mercado Central de Buenos Aires, que además reclama desde hace rato por una Ley de Acceso a la Tierra, que este grupo empresario “también está destrozando viviendas e infraestructura de los campesinos que viven allí hace muchos años, a la vez que instalan nuevos alambrados para amedrentar con amenazas continuas a los pobladores”.
Según esta versión de los hechos, Fabián y Luis Alberto Polentarutti -dos empresarios radicados en Roque Saénz Peña, “dicen tener una adjudicación de tierras en ese mismo lugar pero se sabe que está vencida y que la misma no puede ir en detrimento de las familias que históricamente habitan ese territorio”. Sin embargo, habría logrado que “la Dirección de Bosques del Chaco realice un informe falso donde se certifica que no están realizando deforestación. A su vez, cuentan con el apoyo del poder judicial y de la policía local, quienes no responden a los pedidos desesperados de las familias campesinas”.
La problemática de fondo puede leerse en esta completa crónica del sitio ambiental Mongabay.
“Ante este avance violento e ilegal sobre nuestros territorios, nos encontramos en estado de alerta permanente para la defensa y recuperación de las tierras, con el acompañamiento de delegaciones de la UTT de Santiago del Estero y Tucumán y referentes nacionales”, expresó Ezequiel Orquera, delegado de la UTT Chaco. Las familias de La Fidelidad exigen al gobierno de Capitanich “una respuesta urgente ante esta situación agobiante”. También solicitaron la intervención del Ministerio del Interior de Nación, a cargo de Eduardo Wado De Pedro.
