Con el creciente nivel de conflictividad presente en el Mar Negro y Medio Oriente, además de los riesgos geopolíticos potenciales latentes en el Mar de China, la región del Mercosur pasa a tener un rol cada vez más relevante como proveedor de proveedor de productos agroindustriales.
En ese marco, este jueves el presidente Javier Milei mantuvo una reunión en Casa Rosada con la presidenta del grupo Louis Dreyfus Company (LDC), Margarita Louis-Dreyfus, y el director ejecutivo de la corporación a nivel global, Michael Gelchie.
El eje central de la reunión –en las que participaron el director de Operaciones y jefe para Latinoamérica de LDC, Juan José Blanchard, el ministro Luis Caputo, Karina Milei y el secretario Sergio Iraeta– fue el proyecto de construcción de una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca con una inversión estimada en 400 millones de dólares.
A pesar de tratarse de una gran inversión, un fábrica oleaginosa insólitamente no califica para el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el cual está destinado a inversiones de más de 200 millones de dólares de sectores considerados “estratégicos” por el gobierno de Milei, los cuales son energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia y actividades relacionadas al petróleo y gas.
Si bien no existe información oficial sobre el contenido de las conversiones, es muy probable que el foco haya estado en hacer entender al presidente y al ministro de Economía de la Argentina que la agroindustria es un sector “estratégico”, además de un proveedor “premium” de divisas y de recursos tributarios obtenidos a través de impuestos confiscatorios.
Se espera que la nueva planta de Bahía Blanca, que comenzará a construirse a fines del 2026, alcance una capacidad diaria de molienda de hasta 4000 toneladas de semillas de girasol y soja, lo que permitirá desarrollar de manera significa el polo de originación de oleaginosas en el sur de la zona pampeana.
LDC viene realizando importantes inversiones en el país. El año pasado inauguró un centro logístico de algodón, en la localidad bonaerense de Zárate, diseñado para gestionar la descarga y despacho de hasta 800 toneladas de fibra de algodón diarias.
Además compró un acopio ubicado en la localidad de Santa Elena, en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, junto al río Paraná, que cuenta con un puerto para barcazas con una capacidad de embarque de 450 toneladas/hora.
La empresa está en pleno proceso de expansión de un programa de promoción del cultivo de camelina, que es empleada como materia prima baja en carbono para la producción de biocombustibles. En ese contexto, instaló equipos de procesamiento adicionales en su complejo agroindustrial de Timbúes para poder moler camelina, carinata, canola y girasol.
Nos dirigimos a ustedes con el propósito de instar la inmediata fiscalización del INTA en la
provincia de Entre Ríos, focalizando dicha auditoría en su Centro Regional y en la Estación
Experimental Concepción del Uruguay.
Actualmente, la repartición atraviesa una crisis institucional de legalidad, caracterizada por la
malversación de fondos públicos, el abuso de autoridad, la usurpación de dependencias
estatales y prácticas sistemáticas de persecución.
Ante la imposibilidad de canalizar estas denuncias por los carriles formales debido al manifiesto
riesgo de represalias laborales y políticas, se requiere la acción de oficio por parte de las
máximas autoridades.Los hechos se encuentran latentes y son verificables mediante un control
de gestión exhaustivo. Cumplido el deber de denunciar y visibilizar esta situación, la
responsabilidad de auditar, corregir y sancionar recae ahora en sus dependencias. Convalidar
este escenario mediante el silencio u omitir la investigación obligatoria sitúa a los responsables
en una línea de flagrante complicidad con el delito. El momento de actuar es inmediato.