Mientras el Congreso discute qué modelo de biocombustibles tendrá la Argentina en los próximos años, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) puso sobre la mesa un dato que le agrega tensión al debate. Según la entidad, entre enero y julio de este año se produjeron 621.000 toneladas de biodiésel en el país, un 12% más que en el mismo período de 2025, pero igual el tercer acumulado más bajo de los últimos diecisiete años.
La foto completa es más elocuente todavía. En 2010, primer año de vigencia de la Ley 26.093 que fijó el corte obligatorio, la producción había rozado el millón de toneladas. Una década y media después, con una tasa de corte más alta que la de entonces, la elaboración es un 37% menor y viene cayendo a un ritmo del 3% anual promedio.
Santa Fe, que sigue siendo el corazón de la industria, explica el 56% de la producción nacional, pero esa proporción es 15 puntos porcentuales menor al promedio de la última década y el segundo registro más bajo desde que rige la ley.
Buenos Aires produjo su volumen más bajo en cuatro años. La Pampa, en cambio, tuvo su mejor marca en siete, y Entre Ríos y San Luis alcanzaron máximos históricos desde 2019 y 2020 respectivamente.
El contraste con el bioetanol no podría ser más marcado, pues ese biocombustible encadena siete años consecutivos de crecimiento interanual, con el maíz explicando el 65% de la materia prima utilizada, un récord de procesamiento del cereal para energía. Córdoba concentra la mitad de esa producción y Tucumán, con la caña de azúcar como insumo exclusivo, otro 20%.
El freno del biodiésel tiene una explicación bastante directa. El 98,6% de las ventas internas depende del abastecimiento del corte obligatorio, hoy fijado en 7,5%, y las exportaciones vienen en caída libre. Entre enero y julio se embarcaron apenas 89.000 toneladas al exterior, el registro más bajo desde que el país produce biodiésel, con España y Países Bajos como únicos destinos declarados ante el INDEC.
La comparación con el pasado reciente asusta, ya que en 2018, a la misma altura del año, se habían exportado más de un millón de toneladas, dos tercios de toda la producción nacional. Estados Unidos, que hasta 2017 fue el principal comprador, quedó afuera del mapa después de que la industria local de biodiésel acusara de dumping a Argentina y el gobierno norteamericano respondiera con aranceles. Desde entonces, Europa pasó a ser el destino excluyente, pero también ahí la demanda se achica año a año, empujada por el avance de otros proveedores y por el crecimiento de la propia producción europea a base de colza.
En el resto del mundo el escenario es exactamente el opuesto. Según datos de Oil World, la producción global de biodiésel alcanzaría este año 69,5 millones de toneladas, un récord histórico que corona una tendencia de crecimiento del 8% anual durante los últimos quince años.
Estados Unidos, Brasil e Indonesia explican el 60% de esa producción, con la Unión Europea sumada al lote para llegar al 81% del total. Indonesia ya elevó su corte obligatorio al 50%, Brasil transita hacia el 20% para 2030 y Estados Unidos proyecta un salto del 77% en el uso de aceite de soja para biocombustibles este año respecto de 2025. La Argentina, con todo su potencial agroindustrial, mira ese tren pasar de afuera.
Ese es el telón de fondo con el que llega al recinto del Senado el proyecto que impulsa Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, presentado en mayo y que busca reemplazar el esquema vigente de la Ley 27.640. La iniciativa propone llevar el corte de biodiésel del 7,5% actual al 10% y el de bioetanol del 12% al 15%, en ambos casos de manera gradual. El proyecto ya obtuvo dictamen de mayoría en comisiones, pero viene tropezando para llegar al recinto. La semana pasada el oficialismo dio marcha atrás con la reunión de Labor Parlamentaria y la sesión prevista se cayó. La intención de Bullrich es retomar el tratamiento este jueves 17 de septiembre, aunque todo depende de si logra antes destrabar el acuerdo entre los bloques que responden a las provincias bioetaneras y las biodiseleras.
De fondo, hay una disputa que excede los porcentajes de corte y tiene como epicentro el futuro de las empresas no integradas, que son las empresas elaboradoras de biodiésel que no tienen producción propia de aceite de soja. Es decir, que compran la materia prima en el mercado en lugar de producirla ellas mismas. Es la contracara de las “integradas”, que son las grandes aceiteras y agroexportadoras (los grupos que muelen la soja y sacan el aceite) y que además elaboran biodiésel con su propia materia prima, sin depender de comprarla a terceros.
El proyecto prevé que las pymes de biodiésel mantengan una cuota protegida para el mercado interno, con una reducción progresiva hasta 2036, mientras que el volumen restante se asignaría por licitaciones abiertas a las que podrían acceder las grandes aceiteras exportadoras.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que agrupa a unas 25 plantas radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, viene advirtiendo que ese esquema pone en riesgo la operatividad de esas fábricas y compromete más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El argumento de fondo es que compararse con los agroexportadores en igualdad de condiciones significa comprarles a ellos mismos el aceite de soja a precio de mercado, algo que las pymes no pueden sostener.
Del otro lado, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) respaldaron públicamente el proyecto de Bullrich y le pidieron al Senado que acelere su tratamiento. Ante los señalamientos del sector pyme, que llegó a sugerir la existencia de un acuerdo entre el oficialismo y las cámaras grandes para favorecer a futuro a las empresas integradas, el presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, salió a desmentirlo. “No hemos alcanzado acuerdos formales con ningún sector de empresas, pero alentamos el diálogo permanente”, planteó.
Desde el mundo de los grandes jugadores petroleros también se escuchan reclamos en el mismo sentido. El CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, calificó como “un sinsentido” la restricción legal que hoy impide a las refinadoras invertir directamente en la producción de biocombustibles en el país. Esta es la otra gran discusión de fondo, pues una apertura total de la cadena permitiría ingresar a las grandes petroleras, dejando afuera a las pymes nacionales por cuestiones de escala.
El mapa político también se partió por mitades territoriales. Por un lado están las provincias productoras de bioetanol a partir de caña de azúcar y maíz, como Tucumán, Salta y Jujuy, que saldrían beneficiadas con la suba del corte. Por el otro, las provincias con producción de biodiésel a base de soja, entre ellas Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, donde crece el reclamo de las pymes que temen quedar desplazadas por las cerealeras y aceiteras agrupadas en CIARA-CEC si se termina abriendo el mercado a jugadores de mayor escala.
