Primero una suerte de proclama firmada por varios dirigentes políticos, productores y comerciantes de la ciudad de Avellaneda que le pidieron a la Corte Suprema de Santa Fe que se expida rápidamente y permita el cierre del concurso de la aceitera Vicentin, que ingresó en convocatoria a principios de 2020. Un rato más tarde, el conjunto de 73 acreedores granarios de la aceitera que armaron un fideicomiso para negociar en conjunto expresando su rechazo a esa solicitud de premura: “Dejemos que la justicia actúe en forma independiente y no permita un nuevo robo”, fue su pedido en una solicitada.
Estas 73 empresas corredoras y productores que quedaron engrampados con cerca del 30% de las deudas de Vicentin por los granos que compró y no pagó, por un total cercano a los 400 millones de dólares, expresaron: “Rechazamos en forma enérgica el reciente intento de ciertos sectores del ámbito comercial de la ciudad de Avellaneda, empleados vinculados a las familias accionistas, algunos miembros del arco político, así como instituciones con sabida participación de miembros de la concursada , de presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para obtener un pronto pronunciamiento tendiente a homologar la propuesta concursal de la agroexportadora, la cual fuera rotundamente rechazada por el juez de primera instancia”.
Este grupo, liderado por el corredor Mariano Grassi, agregó que “desde el lugar de damnificados que nos toca ocupar, sentimos mucho que aún existan algunos pocos actores que adopten tal postura, y no tenemos dudas que la causa radica en intereses económicos comunes con los imputados, o bien en la desinformación a la que nos tienen acostumbrados los orquestadores del mayor default económico de la historia de nuestra provincia”.
Vicentin ingresó en cesación de pagos en diciembre de 2019, pocos días antes del cambio de gobierno, por uan suma cercana a los 1.300 millones de dólares. En ese momento manejaba cerca del 9% del comercio exterior de granos y aceites de la Argentina, compitiendo palmo a palmo con las multinacionales. Tal era su envergadura que el gobierno intentó meses después una operación de expropiación, que fracasó antes de comenzar.
Los acreedores granarios de este grupo siempre se han mostrado inflexibles antes las propuestas de acuerdo emitidas desde la conducción de la empresa, a la que acusan de haberlos estafado. De todos modos, Vicentin logró obtener una mayoría de acreedores que avalan el último programa de refinanciación de los pasivos que propuso. A los pequeños productores promete pagarles la deuda de inmediato, aunque con fuertes quitas, a la vez que a ofrece sus activos a un grupo de grandes cerealeras para obtener recursos.
El grupo de acreedores granarios manifestó sospechas por el comunicado a favor de cerrar el caso. “No tenemos dudas que quienes se expresaron ante el Máximo Tribunal Provincial son parte interesada o bien han sido manipulados por los mismos responsables de esta larga agonía que venimos sufriendo con el fin de presionar a los miembros de la Corte, y así consolidar su acto delictual realizado, profundizarlo con una quita ilegal de la deuda y finalmente, favorecer el desguace de la mayor agroexportadora de capitales argentinos”, dijo la solicitada de este grupo.
“Aprovechamos la oportunidad para informar a la sociedad en general que quienes representan a la mayoría de los acreedores granarios y a los bancos nacionales (Commodities y el Banco de la Nación Argentina (BNA), BICE y Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO)), vienen dando una pelea judicial épica para evitar un nuevo desfalco con quitas mayores al 80% de sus créditos, y para obtener una condena ejemplar en la justicia criminal”, indicó este sector díscolo, recordando la causa penal en la que los ex directivos y accionistas de Vicentin se encuentran actualmente acusados por la comisión de delitos y con penas solicitadas por la Fiscalía que llegan hasta los 17 años de prisión.
“Esta situación no puede ser ignorada, y cualquier intento de injerencia en el curso del proceso en beneficio de quienes han causado tanto daño no solo a los acreedores, sino a toda la sociedad, debe ser firmemente rechazado. Desde nuestro lugar, hacemos un llamado a la justicia para que no avale ni consolide la mega estafa perpetrada por Vicentin y sus directivos (menos aún la “impunidad” de éstos últimos) que lleva ya más de 5 años causando un profundo perjuicio y agonía a los verdaderos damnificados del proceso concursal”, finalizaron.
Se desmorona la proclama “Todos somos Vicentín” y se caen las caretas. Es posible que la expropiación no fuera la solución. El estado tenía instrumentos legales alternativos para proteger las fuentes de trabajo y los activos de la empresa para que no fuera vaciada sin expropiarla. Pero quienes llamaron a la defensa a ultranza tenían intereses creados y son los mismos que piden ahora a la justicia el cierre del concurso. No solo sería legitimar el robo, si no también garantizar la impunidad de los responsables. “Todos somos” los acreedores estafados, los proveedores, trabajadores y ciudadanos comunes a los que no se nos da nunca un trato diferencial al tratar con las entidades bancarias del estado y la justicia.
Cierre definitivo y que paguen con sus bienes los dueños y carcel para los directores. Eso seria justicia. Otra cosa va a ser parte del show, como siempre