A lo largo de estos tres años desde que Vicentín cayó en desgracia, los cronistas que seguimos las alternativas de esta historia solemos confundir muchas veces al juez de Reconquista, Fabían Lorenzini, con el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, Hernán Lorenzino, famoso no por haber arreglado la economía sino por la frase “me quiero ir”, que dijo cuando una periodista lo acosaba con preguntas.
Luego de tres años de trabajo, el juez Lorenzini debería hacer suya aquella famosa frase, pues decidió excusarse para continuar tramitando el multimillonario consurso de acreedores de la aceitera Vicentin, que solo dejó de atender cuando la Corte Suprema de Santa Fe le quitó la causa durante seis meses. Ahora que el expediente volvió a sus manos, se suponía que en los tramos finales, Lorenzini alegó sufrir “violencia moral” de parte de quienes cuestionaron su accionar y hasta le iniciaron un juicio político.
Ahora será la Cámara de Reconquista la que debe decidir cómo sigue la cosa y elegir un nuevo juez, aunque se calcula que el trámite pasará al segundo juzgado en lo comercial que tiene esa ciudad del norte santafesino, donde nación Vicentín hace más de 9 décadas, y donde en febrero de 2020 se inició esta causa, luego de que la empresa agroexportadora se declarara en estrés financiero con un pasivo de 1.300 millones de dólares.
“Considero indispensable formular mi excusación para continuar actuando como juez en este expediente, con fundamento en la violencia moral que me produce una solicitud de Juicio Político presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por parte de un representante de acreedores”, indicó Lornezini (ahora sí, en la foto), que ahora recuperará algo de tranquilidad al transferir el expediente a su colega de Reconquista.
Por su parte, la empresa concursada envió este viernes al juzgado un nuevo listad de acreedores que han aceptado su propuesta para ir cancelando las deudas acumuladas en un plazo de varios años y con fuertes quitas. “En virtud de ello, a solicitar a V.S. que declare la existencia de acuerdo preventivo y se deje sin efecto la audiencia informativa”, pidió Vicentin como para apurar el trámite.
Con nueve nuevas conformidades, entre las que se encuentra la del Banco Macro, se suman a la propuesta de acuerdo preventivo previo la suma de 2.058 millones de pesos y 7, 16 millones de dólares.
Con estas nuevas adhesiones, Vicentin argumentó que ya cuenta “con un apoyo contundente de los acreedores a la propuesta concursal”.
“En efecto, las exigencias legales -ya de por sí muy exigentes- han sido superadas con creces, lo que en un concurso de estas dimensiones expresa un consenso claro y explícito de la voluntad de la gran mayoría de los acreedores verificados de aceptar la propuesta concursal y poder acceder al cobro de sus acreencias en el menor lapso de tiempo”, sostuvieron los abogados de la concursada.
Y ampliaron que “1.017 acreedores han suscripto su conformidad con la propuesta; ellos constituyen el 62,86% de las personas (la ley exige una mayoría de más del 50%)”, al tiempo que “en términos de capital de créditos computable, la suma de estas 1.017 conformidades asciende a la suma de 66.920.857.373 pesos y representa el 72,82% de capital (la ley exige una mayoría de más del 66,6%)”.
A favor de un cierre de esta instancia del trámite, Vicentin recordó que “solamente un 37% de los acreedores no acompañó – hasta el momento – la propuesta concursal, que en su conjunto representan el 27% del capital computable”.
Marcó además que la mitad de este 27% “son los acreedores financieros del sector público (BNA, Banco Provincia de Buenos Aires, BICE) que en su conjunto representan algo menos de 9% y por el Fideicomiso Financiero de Exportaciones Vicentin Nº VIII que representa algo más del 4% (el fideicomiso no pudo formar decisión para votar el acuerdo dada la incidencia del BICE en su propio capital).
