Finalmente, a pesar de las quejas de la industria aceitera, el gobierno nacional extendió la vigencia del fideicomiso destinado a subsidiar el precio mayorista de los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas en envases de hasta tres litros que se comercialicen hasta el 31 de octubre de 2023 en el mercado interno.
La fecha no es casual, porque se trata del mes en el cual se realizan las elecciones presidenciales en la Argentina. Qué ocurrirá a partir de noviembre con el “fideicomiso aceitero” seguramente dependerá del resultado electoral.
Por medio de la resolución conjunta 118/2023 el ministro Sergio Massa procedió a renovar el instrumento al entender que el mismo “ha demostrado ser adecuado para el cumplimiento de los objetivos propuestos”, aunque los números del Indec digan otra cosa.
La inflación de la botella de 1,50 litros de aceite de girasol, medida por el propio Indec en la ciudad de Buenos Aires, fue en el último año del 166%, al pasar de 305,4 a 814,0 pesos.
La industria oleaginosa considera que el mecanismo del fideicomiso no es el más adecuado para contener los precios internos porque genera distorsiones en el mercado agrícola, complica financieramente a las empresas aceiteras y, en los hechos, tampoco resulta efectivo para contener los precios minoristas porque los logros obtenidos en el canal mayorista luego se “diluyen” con remarcaciones realizadas por eslabones de la cadena logística y comercial. Por ese motivo, Ciara-CEC solicitó que el fideicomiso no sea renovado en 2023, algo que, evidentemente, no fue tenido en cuenta.
Los aportes de fondos destinados al fideicomiso se realizan en función de la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de soja, girasol y de harina y pellets de soja y girasol (no se considera a los productos elaborados con granos importados). Si bien tales recursos son aportados de manera directa por las empresas exportadoras, luego se descuentan –cuando las condiciones comerciales lo permiten– de los precios de los granos, lo que implica que el fideicomiso, en los hechos, opera como una “retención encubierta” para los productores.
La nueva edición del “fideicomiso aceitero” contempla recaudar al menos 120 millones de dólares entre febrero y octubre de este año, aunque aclara que se establecerá un mecanismo de evaluación mensual entre el sector oleaginoso y la Secretaría de Comercio con el propósito de reforzarlo si se empieza a quedar sin fondos (como ya sucedió en 2022 debido a la aceleración inflacionaria).
Una novedad con respecto a las anteriores ediciones es que ahora el fideicomiso se propone compensar en febrero el precio interno de 29 millones de litros de aceite –tal como venía sucediendo–para luego ir reduciendo progresivamente esa cifra hasta alcanzar un máximo de 20,3 millones de litros en octubre próximo. Es decir: el instrumento contiene una suerte de “cláusula” de desactivación progresiva, lo que representa, de alguna manera, un dato más político que económico.
El fideicomiso aceitero se instrumentó en 2021 y fue renovado el año pasado. Las empresas que reciben las compensaciones –las industrias que comercializan aceites vegetales en el mercado local– están obligadas a vender el producto con un precio mayorista determinado por la Secretaría de Comercio Interior.
