La Argentina, según cifras oficiales, gastó 2.742 millones de dólares en 2022 para importar 3.12 millones de toneladas de abonos o fertilizantes, ya que es extremadamente deficitaria en este rubro clave para sostener sus niveles de producción agrícola. Este año, en el primer semestre, lleva gastados 60% menos de los números habituales, solo unos 896 millones de dólares, porque hay una gran restricción de divisas para la importación. Pero por suerte el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, piensa en los productores y en cómo garantizarles el acceso a este insumo crítico.
Massa cumple. La semana pasada había prometido esta medida y esta madrugada se emitió la Resolución 1280/2023, firmada por el propio Sergio Tomás, que creó el ambicioso “Programa de Aporte de Nutrientes 2023”, toda una novedad en la larga sucesión de gobiernos kirchneristas, que jamás se preocuparon por la reposición de nutrientes y la salud de los suelos agrícolas.
Mediante esta iniciativa, Economía destinará 30 millones de dólares (que además no son recursos genuinos sino desvíos de planes de financiamiento internacionales, es decir deuda externa), para permitir a los productores argentinos fertilizar tanto sus cultivos de trigo ya sembrado como los de maíz que están por venir. Esos 30 millones de dólares equivalen a poco más del 1% de las importaciones anuales de esos productos minerales. Si se suma el aporte de urea de fabricación nacional, entonces suponen mucho menos del 1% del gasto total de los productores en una campaña.
Massa fertiliza. “El objetivo del programa radica en brindar apoyo a pequeños y medianos productores y productoras de trigo y maíz para el incremento de las dosis medias de fertilización nitrogenada que aporten mayores rendimientos, más proteína en grano y reposición de nutrientes a los suelos, fomentando así un incremento sostenible en los rendimientos y calidad del grano obtenido, mediante el suministro de una cantidad determinada de urea fertilizante”, dice el artículo 2 de la resolución de marras. Todo un acto de generosidad para una gestión que nunca pensó en la fertilidad de los suelos, fagocitó con su política impositiva el monocultivo de soja sobre soja, y abortó cualquier proyecto de ley que propiciara la desgravación impositiva a quienes se preocuparan por la reposición de nutrientes en los suelos.
Massa, el domingo pasado en una cadena de mensajes por Instagram, había anticipado este operativo para donar urea (principal fertilizante nitrogenado) a los campos de pequeños productores. Ahora, con la reglamentación de este iniciativa, se sabe que solo será para quienes estén produciendo trigo o maíz. La cebada, el girasol o cualquier otro cultivo se jode.
La Resolución fija las condiciones para que los productores puedan aspirar a tener su puchito de fertilizante, por hasta 100 kilogramos de urea por hectárea declarada ante AFIP en la campaña 2022/2023 para los cultivos de trigo, trigo candeal o maíz, pero siempre con un tope máximo de 5.000 kilos por cada productor. Esto significa que se podrán echar las limosnas nutricionales provistas por el Estado hasta un tope de 50 hectáreas.
Los productores potencialmente beneficiarios deberán estar inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA); haber declarado hasta 150 hectáreas sembradas de esos cereales la campaña pasada, pero que deben estar ubicadas en una zona declarada en emergencia agropecuaria en ciertos plazos de tiempo. Además deberán “declarar en forma juramentada que para la campaña 2023/2024 han sembrado trigo o asumen el compromiso de siembra de maíz”, se indicó.
Como se dijo, el gobierno “podrá destinar hasta la suma de 30 millones de dólares a la adquisición de urea fertilizante para quienes resulten declarados beneficiarios/as, a cuya disponibilidad o agotamiento quedará supeditada la asignación de los beneficios individuales”. ¿Y cómo se decide quien recibe mucho y quién recibe nada? “La determinación del beneficio individual será efectuada observando el orden de presentación asignado por el sistema de carga de la solicitud”. Por eso, cuando el cupo se agote, se cierra el grifo.
Todo es vertiginoso: Ahora los productores que quieran acceder a su porción de urea deberán presentar una solicitud por internet en un plazo de 10 días hábiles. En el mismo momento deberán “seleccionar un centro de distribución habilitado para retirar el fertilizante (urea) entre los que disponga la Autoridad de Aplicación”. También habrán de informar los datos de hasta dos personas habilitadas para retirar el fertilizante.
“Cumplido el plazo de presentación de las solicitudes, la Secretaría de Agricultura resolverá sobre la procedencia de los beneficios y las asignaciones respectivas, expresadas en kilogramos de urea por persona beneficiaria, como así también, respecto de las solicitudes que resultaren rechazadas”.
De todos modos, será la Secretaría de Planificación y Desarrollo Federal, a cargo del tucumano Jorge Neme, la “responsable de la ejecución de los procesos necesarios para la adquisición, logística, y distribución del fertilizante”. Es ese área de gobierno la que administra la plata de los préstamos internacionales, del BID o del Banco Mundial, que se asignan a la Argentina para su desarrollo agrícola.
A fertilizar, que se acaba el mundo. Y recuerde, vote bien.
