El 29 de diciembre, mediante una comunicación, el Banco Central informó a los operadores del sistema financiero que “no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a Egresos por el mercado de cambios” y en todo caso que anularan los negocios de ese tipo ya realizados a nombre de la firma FG Importaciones SRL, cuyo número de CUIT es el 30-71606226-7.
El pedido del BCRA para que los bancos detengan el drenaje de dólares hacia el extranjero a nombre de esta empresa -a la que se identificó como una “cerealera”- es que la misma mantenía una suma de divisas pendientes de liquidación (la obligación a ingresar los dólares obtenidos por una exportación en el mercado local de cambios) por la friolera de 5.632.761,30 dólares.
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Es muy habitual que las empresas hagan todo lo posible por dejar los dólares que ganan exportando fuera del país, porque “ingresarlos” implica cambiarlos por pesos al valor oficial de 100 pesos. En cambio, si los cobran por ejemplo en Uruguay y después los ingresan por una vía informal, pueden trocarlos al doble de esa suma en el mercado libre de cambios.
Si lo que exportaba FG Importaciones (no se informa qué fue) hubiera sido una soja -que hoy vale 500 dólares-, estaríamos hablando de una operación por 11.300 toneladas, que es la cuarta parte de lo que puede cargar un buque de ultramar o el equivalente a casi 380 camiones. Si fuera maíz o trigo, sería casi el doble de ese volumen.
FG Importaciones no tiene silos ni puerto ni elevadores, aunque esto no sería impedimento para exportar (hay otras empresas que alquilan esas instalaciones). Tampoco tiene campos donde almacenar silobolsas. Su único domicilio declarado queda en el segundo piso de este edificio de la calle Brown, en Rosario.
Según el Banco Central, FG Importaciones había estado exportando por más de 5,6 millones de dólares, cobró esos envíos en dicha moneda y no introdujo esos billetes al mercado oficial de cambios, como debe hacer cualquiera otra empresa del rubro agrícola. “El 66,72% de las divisas correspondientes al valor de las exportaciones con obligación de ingreso y liquidación se encuentran pendientes de regularizar”, explicó el BCRA, que ya el año pasado había suspendido la cuenta corriente de otras cerealeras que operaban las plantas del grupo Vicentin, como la corredora Díaz&Forti.
Pero en aquel momento, aquellas eran empresas reales que cargaban granos en un barco y lo exportaban. En el caso de la firma cuestionada ahora, bien vale dudar sobre si no se trata de una fachada para ocultar las operaciones de exportación de otros jugadores y una maniobra para fugar divisas el exterior. ¿Por qué? Porque FG Importaciones SRL ni siquiera figura como “exportadora de granos” en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que maneja el Ministerio de Agricultura. Eso es obligatorio para el resto de las cerealeras.
La cartera agropecuaria también publica mes a mes los volúmenes de granos y subproductos embarcados por cada compañía. Y en todo 2021 no aparecen en esos registros oficiales rastro alguno sobre ese operador. Entre Cargill, Dreyfus, Bunge, Cofco o empresas locales más pequeñas, no hay ni una referencia allí a esta cerealera fantasma. Tampoco aparecen barcos contratados a su nombre que hayan recalado en los puertos argentinos para cargar algún producto agrícola.
“Nosotros no somos la Aduana”, contestaron desde el BCRA cuando Bichos de Campo preguntó cómo era posible que nadie hubiera sospechado antes de esta ignota compañía rosarina y en todo caso le hubiese impuesto un control más riguroso para evitar lo que sucedió: la dejaron exportar por 5,6 millones de dólares que ahora se reclaman. Por cierto, es la Aduana el organismo que debería haber puesto ese filtro en caso de considerarlo necesario. El Banco Central está cumpliendo con su obligación que es reclamar las divisas.
La pregunta es si el estado pudiera haberlo evitado.
FG Importaciones SRL es una empresa de solo tres años de vida, aunque en realidad como “cerealera” su existencia ha sido mucho más breve.
La firma fue creada en mayo de 2018 por Juan Bautista Fassio e Ignacio Alfredo Granato, ambos comerciantes y domiciliados en Rosario. Granato fue fu primer gerente en esta primera etapa, en la que la empresa pretendía dedicarse a la importación (co0mo su nombre lo indica) de artículos textiles, electrónicos y de ferretería. Pero Granato duró menos de un año: en abril de 2019 vendió su participación societaria a la esposa de Fassio, Eleonora Cripovich.
Recién el 1 de septiembre de 2020, es decir hace poco más de un año, la sociedad modificó su estatuto social para abarcar dentro de sus actividades la compra y venta de productos agrícolas. Pero tampoco duró demasiado en el negocio, pues la AFIP la dio de baja del Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) en abril de 2021. Allí figuraba como exportadora.
Este caso, a esta altura, expone la extrema fragilidad de los controles que impone el Estado a ciertas empresas, a todas luces muy débiles frente a la presión cotidiana que sienten miles de pequeños contribuyentes que son hostigados de modo permanente para que cancelen sus pasivos con la AFIP. También deja al descubierto que es casi nulo y obsoleto el intercambio de información permanente entre los diversos organismos involucrados en las tareas de control. Queda claro no hay cruce de ningún tipo de información.
Entre octubre y noviembre, a Fassio (principal cara visible de la fantasmal FG Importaciones SRL) le rebotaron un par de cheques por cifras millonarias. Recién después de eso el BCRA parece haber comenzado a sospechar sobre su situación y descubrió que había 5 palos verdes en divisas pendientes de liquidación.
No parece mucho para un país que exportó granos por más de 30 mil millones de dólares, que es la cifra que las cerealeras reales habían liquidado ante el BCRA hasta noviembre de 2021. Pero tampoco es poco. En poder del Central, esos cinco palos verdes hubieran permitido afrontar la importación de algunos de los insumos claves que le están faltando por estos meses a los productores agropecuarios.
