La secretaria de Comercio Interior, Paula Irene Español, ordenó a la empresas que producen bienes de la canasta básica seguir subsidiando con recursos propios un extenso listado de alimentos hasta el próximo 31 de marzo.
Por medio de la resolución 112/2021, la funcionaria ordenó prorrogar hasta fines de marzo la resolución 100/20, por medio de la cual se instrumentó en abril del año pasado precios mayoristas máximos para una serie de productos considerados esenciales.
Adicionalmente, la resolución 112/2021 intima a las empresas proveedores de bienes de consumo básicos “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia” de la medida.
Tal disposición oficial implica un perjuicio importante para muchas compañías agroindustriales comprendidas en la misma, dado que, en el actual contexto de crisis social, difícilmente pueden compensar el subsidio forzoso por medio de la venta de otros productos con mayor valor agregado en el mercado interno, ya que la demanda se concentra en aquellos alimentos con precios máximos.
La industria láctea argentina, junto con la molinería, son los sectores más perjudicados por el congelamiento de precios de alimentos básicos instrumentado por orden del gobierno nacional.
En el último año, según los últimos datos oficiales, la “canasta láctea” mostró una inflación interanual del 14,4% versus un 38,4 % el promedio de alimentos y bebidas no alcohólicas en comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires (CABA-GBA), mientras que en el caso de la canasta farinácea el ajuste fue de apenas el 18,3%.
