Medio país alzó la voz y promete accionar en la justicia para frenar la decisión del gobierno de Mauricio Macri de eliminar el Fondo Federal Solidario, más conocido como “fondo sojero” porque desde el conflicto de 2008 era la manera de transferir a las provincias y municipios el 30% de la recaudación obtenida a nivel nacional por las retenciones a la soja y sus subproductos.
Un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Macri concretó esta medida la semana pasada. Pese a que en ese momento el Palacio de Hacienda justificó la medida argumentando que “las Provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación”, en muchas de ellas hubo reacciones frente a la eliminación de ese fondo, ya que implicaría que la Nación se quedará en 2019 con 26.500 millones de pesos que de otro modo debería haber sido recibido por gobernadores e intendentes.
Frente a estas reacciones, que en muchos casos llegaron a la justicia, en las últimas horas el Gobierno nacional y los gobernadores comenzaron a explorar un principio de acuerdo para “compensar” esa pérdida a través del aumento de un punto porcentual en el crédito del 6% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses. Pero la suma en juego sería menor, pues según informa Ambito Financiero, alcanzaría unos 9 mil millones de pesos que irían destinados a obras de infraestructura en los municipios.
Además la cuestión tiene un trasfondo político. Por eso, con la intención de analizar y coordinar acciones judiciales y legislativas tendientes a detener la eliminación del Fondo Sojero, unos 2.500 intendentes de todo el país nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), ya tienen prevista una reunión este miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Esa federación siempre agrupó o a intendentes de signo peronista.
Según los cálculos de los intendentes allí reunidos, la pérdida real de recaudación para el año próximo ascendería a unos 41 mil millones de pesos.
En la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en las últimas horas un grupo de mandatarios justicialistas se reunió también con intención de forzar al gobierno de Macri a dar marcha atrás con el DNU. El encuentro fue convocado por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que ya adelantó que llevará una demanda ante la Corte Suprema para pedir la nulidad de la disposición. Participaron además Carlos Verna, de La Pampa; Rosana Bertone, de Tierra de Fuego; Gildo Isfrán, de Formosa; y los vicegobernadores de cinco distritos. Además, se sumó la presencia de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Además de la reunión de los intendentes, este miércoles también se reunirán en el Congreso, las comisiones de Asuntos Municipales, que preside el randazzista Eduardo “Bali” Bucca, ex intendente de Bolívar; y la de Obras Públicas, a cargo de Juan José Bahillo, integrante del bloque Justicialista y ex intendente de Gualeguaychú. La idea será “tratar los efectos de la eliminación del Fondo Federal Solidario”.
En todos los casos se habla de acudir a la justicia. El primer paso en ese sentido lo dio el viernes pasado Juan Carlos Gioja, intendente de la localidad sanjuanina de Rawson y hermano del titular del PJ Nacional, José Luis Gioja, quien interpuso un recurso para frenar la aplicación del decreto 756/18. Su localidad dejará de percibir 25 millones de pesos anuales, según argumentó.
Pero bien lejos del peronismo, el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, convocó también para este miércoles a los intendentes y presidentes comunales de toda la provincia a participar de un encuentro para analizar la situación, ya que recorta fondos coparticipables.
En Salta, mientras tanto, el ministro de Economía, Emiliano Estrada, aseguró que harán el mayor esfuerzo posible para que la eliminación del Fondo de la Soja tenga el menor impacto posible. Pero aclaró que habrpa obras públicas afectadas por el recorte de fondos. “Si Nación no es capaz de financiarlo, desde ya que las provincias no se van a poder hacer cargo”, avisó el funcionario de la gestión Urtubey, para quien la decisión del gobierno nacional es unilateral y vulnera las leyes de presupuesto nacional y provincial.
En ese provincia, además, el viernes se concretó una reunión convocada desde el Foro de Intendentes. Tras la realización del encuentro el diputado nacional Javier David señaló: “Creo que hay una visión del Gobierno Nacional muy centralista en el ajuste que quiere hacer, castigando al interior, a los que menos tienen, no compartimos esa política”.
En La Rioja, el Consejo Económico y Social decidió rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri, por “resultar intempestivo, arbitrario y absolutamente perjudicial para las arcas provinciales y municipales de la Provincia de La Rioja, afectando derechos de todos y cada uno de los riojanos”.
El gobernador Sergio Casas, además, señaló que la Provincia continuará reclamando a la Nación el punto de coparticipación perdido en el año 1988, como así también la baja de los recursos del Fondo Federal Solidario y las medidas restrictivas que afectan a más del 80% de la población rural de La Rioja en relación a la secretaría de Agricultura Familiar.
Desde Santiago del Estero se oyó la crítica de los máximos dirigentes de la CGT loxcal, José Gómez y Gerardo Montenegro, que alertaron que “habrá pérdidas de trabajos por la inminente paralización de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en los ámbitos urbanos como rurales”.
En Misiones, mientras tanto, los intendentes firmaron una nota de reclamo, que elevaron al gobernador Hugo Passalacqua, al presidente de la Legislatura Carlos Rovira y al bloque de diputados nacionales renovadores, a fin de que desde distintos ámbitos se gestione una compensación urgente.
“Este decreto echa por tierra la palabra empeñada por el Gobierno nacional, mediante la cual la Nación se comprometía a mantener indemne el Fondo Solidario Federal, proveniente de las retenciones de las exportaciones de soja, a cambio de la adhesión de las Provincias y Municipios al Consenso Fiscal, que reduce impuestos provinciales y tasas municipales, es decir, disminuye nuestras recaudaciones”, sostuvieron los alcaldes, llegados desde los cuatro puntos cardinales de Misiones.
Y como no podía ser de otro modo, se supo que la provincia de Santa Cruz presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para plantear la suspensión del DNU . El fiscal de Estado, Fernando Tanarro, adelantó que la presentación se realizará este martes ante el alto tribunal. “Existen vicios en el decreto por ser de necesidad y urgencia” y “tiene argumentos incomprensibles”, advirtió el funcionario de Alicia Kirchner.
“Esto no afecta a un partido político, esto afecta a todos los intendentes de todos los partidos políticos y a todos los gobernadores”, enfatizó el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien explicó que la eliminación del fondo sojero “fue una decisión unilateral, inconsulta, que nos sorprendió y que representa un duro golpe para los municipios y para la provincia porque todos estos fondos estaban afectados a obra pública”.
