Tras la decisión de la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de volver a intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), hoy el gobierno hizo efectiva la decisión mediante el decreto 127/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Del mismo modo que se había dispuesto la primera intervención, allá por agosto del 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se hará cargo por al menos 180 días -con posibilidad de extenderlos- de la obra social que originalmente estuvo en manos del gremio de la Uatre.
La razón de fondo son las acusaciones de vaciamiento y colapso financiero de Osprera, en el marco de una causa judicial que involucra incluso al secretario general, José Voytenco, y su entorno, acusados de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
Se cumple ya un año y medio desde que Osprera comenzó el pasamanos entre el gobierno y el gremio de la Uatre. Tras la primera intervención, en agosto del 2024, a mediados de enero de este año un fallo en Comodoro Py -a cargo del juez Sebastián Casanello- había resuelto la restitución de la entidad a los trabajadores. No faltaron festejos en ese entonces, cuando parecía cerrarse la causa que involucra a los dirigentes.
Pero la última palabra la tuvieron los jueces camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun, que el pasado 19 de febrero hicieron lugar a una apelación presentada por Marcelo Andrada -un referente de la Uatre opositor a Voytenco- y de la SSS, y exigieron una nueva intervención.
Esa decisión rige a partir de hoy, con el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.
En esta nueva etapa de control estatal para la obra social, el interventor a cargo ya no será Marcelo Petroni, sino otro hombre de confianza en Casa Rosada, el doctor César Augusto Lococo.
Del mismo modo que sus predecesores, Lococo deberá informar regularmente a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre el avance en materia institucional, económica y en la cobertura de servicios, tras las irregularidades detectadas inicialmente, que la intervención se supone idónea para resolver.
Por la cantidad de afiliados que tiene, Osprera es la segunda obra social más grande del país. Cuando en 2024 el gobierno encendió alertas sobre su estado patrimonial, la entidad acumulaba deudas por más de 97.000 millones de pesos y un déficit mensual de más de 4.000 millones. Sin embargo, lo cierto también es que, en el tiempo que duró la primera intervención -de unos 15 meses- se acumularon más de 470 denuncias por falta de prestación del servicio y hasta 3 causas penales por “abandono de persona seguido de muerte”.
“La cobertura médico-asistencial brindada por los Agentes del Seguro de Salud constituye un servicio de carácter esencial vinculado con el derecho a la salud reconocido por la CONSTITUCIÓN NACIONAL, por lo que corresponde asegurar su continuidad y regularidad mediante medidas proporcionadas y temporales”, señala sin embargo el decreto publicado hoy, que evita ahondar en esas irregularidades señaladas por los afiliados.
Entretanto, el expediente judicial caratulado “Voytenco, José Antonio s/ infracción art. 303”, en el que se investiga una presunta maniobra de enriquecimiento ilícito y lavado de activos seguirá su curso en ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7. Las cuentas personales del líder sindical continuarán inhibidas hasta tanto se esclarezcan los hechos, entre los que se destaca la compra de un inmueble en Cañuelas con supuestos fondos de la obra social.
En ese sentido, el directorio de la Uatre volvió a ser desplazado del manejo de Osprera. El fallo judicial de mediados de febrero había justificado esta decisión señalando que “el Presidente de la Obra Social tendría un patrimonio incompatible con sus ingresos lícitos” y que “sólo corresponde la restitución si en el transcurso de la ‘intervención’ se lograra una mejora en la situación económico-financiera del ente intervenido”, lo que, aseguran, aún no ocurrió.
