El juez Francisco Javier Seminara, subrogante en el juzgado federal en lo contencioso administrativo N°1, cursó ayer un oficio judicial a las diferentes dependencias del Estado que habían intervenido en el caso de la cerealera Días&Forti, que había presentado un recurso de amparo para poder seguir operando a pesar de no haber subsanado varias irregularidades detectadas por las autoridades y admitidas por la propia firma, como un faltante millonario en su liquidación de divisas.
El magistrado ordenó que tanto el Banco Central (BCRA) como la AFIP y el Ministerio de Agricultura, que había actuado en este caso a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNNCA), que “levanten todo tipo de restricción” sobre la operatoria de Díaz&Forti, una empresa cerealera que creció geométricamente en sus operaciones este año, a partir de haber tomado el control, mediante un contrato de fazón, de las plantas aceiteras de la malograda Vicentin en San Lorenzo y Ricardone.
La firma había quedado suspendida del Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que administra la DNNCA, luego de que el Banco Central informara a Agricultura que la firma en cuestión adeudaba cumplir con el 97% de sus liquidaciones de divisas fruto de sus exportaciones de exportación de granos y subproductos. Suspendida del Registro, una empresa queda impedida automáticamente para operar. Es lo que el juez subrogante ordenó retroceder ahora.
Pero previamente, el BCRA había recomendado a los bancos que operan en el mercado de cambios pedir autorizaciones especiales a la autoridad monetaria en casos de giros vinculados a dicha empresa. Y a la par, ordenó a la Aduana que “no dar curso a los despachos a plaza” da pedido de esta firma, que forma parte del grupo rosarino Olio.
El principal argumento de la autoridad monetaria para pedir estas sanciones fue que había unos 450 millones de dólares faltantes por operaciones de exportación concretadas por dicha firma, que opera no solo desde la plantas de Vicentin sino también usando la elevación de otros importantes jugadores, como Renova y Cofco.
Justamente por ese tipo de operaciones, previamente Díaz&Forti había sufrido una primera suspensión de parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura, luego de una inspección que detectó que unas 60 mil toneladas de soja que le empresa había enviado a esas dos empresas cerealeras, y que habían sido declaradas para “molienda” a pesar de que la firma del Grupo Olio no tenía matrícula como operador industrial, finalmente habrían sido exportadas sin procesar. Esto podría haber implicado una maniobra de elusión de las retenciones adicionales que tributa el poroto por sobre los subproductos.
Aunque desde la compañía cerealera investigada se victimizaron en varios medios y hasta se argumentó con la existencia de un complot o “mano negra” en su contra, para dejar fuera de competencia a Vicentin y beneficiar así a otros grandes operadores del mercado aceitero, en ningún momento Fernando Jurado, su CEO, desmintió las irregularidades. Por el contrario las confirmó. En el caso de las liquidaciones de divisas para el BCRA, se admitió la demora, pero se argumentó que la cifra sería de la mitad de la reclamada por el Central. En el caso de la soja, Díaz&Forti reconoció la falta, aunque habló de un error administrativo generado en las plantas en las que operó.
Ambos temas seguirán bajo investigación oficial a pesar de esta orden judicial tomada en tiempo récord por el juez subrogante Seminara. Díaz&Forti, en su presentación ante la justicia, argumentó que la suspensión del RUCA le había sido aplicada en forma retroactiva, ya que la exigencia del gobierno de condicionar a las empresas exportadoras para que liquiden efectivamente sus divisas ante el BCRA se tomó por resolución de Agricultura recién en los primeros días de diciembre, cuando a al firma se le reclaman deudas asumidas con anterioridad a esa fecha.
La admisión de las faltas, de todos modos, salta a la vista. Hace una semana, Díaz&Forti había emitido un comunicado de prensa contando que esperaba resolver los temas pendientes con el Banco Central en el término de 24 o 48 horas. Pero los días pasaron y nada de eso sucedió. Por eso la vía de amparo como último recurso.
