El gobierno de Alberto Fernández es un especialista en disfrazar las cosas, de manera tal que, al realizar un anuncio, el verdadero impacto del mismo pueda evidenciarse cuando el daño ya está hecho.
La última innovación es un impuesto, que está en proceso de elaboración, destinado a gravar las “ganancias inesperadas”, las cuales, en otras circunstancias, serían aquellas obtenidas por testaferros de políticos que a duras penas pueden escribir un par de líneas sin cometer faltas de ortografía.
Pero para el equipo económico de Fernández, liderado por Martín Guzmán, las “ganancias extraordinarias” son aquellas generadas por las subas de precios de commodities posteriores a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Guzmán aseguró que el tributo excepcional se cobraría solo a un grupo de empresas que obtenga ganancias de más de 1000 millones de pesos en 2022. Y claro, la mayor parte de las empresas agropecuarias no quedaría comprendida en la medida, pero (¡sorpresa!) sí lo abonarían las industrias agroindustriales exportadoras.
Y si lo van a pagar las compañías agroindustriales, entonces eso, indefectiblemente, va a terminar repercutiendo en el sistema de formación de precios agrícolas presente en el mercado interno. En criollo: lo van a terminar pagando los productores argentinos.
El anuncio, ya sabemos, se va a realizar con un retórica orientada a identificar a grandes corporaciones que, lejos de salir a regalar dinero, por ejemplo, poniéndolo en bolsos para tirarlo en conventos y hacer una obra de bien, por alguna extraña razón deciden acapararlo de manera egoísta.
Para el equipo técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no existen dudas: detrás de semejante fantochada se esconde una nueva “retención móvil”, aunque el término seguramente no es el más apropiado y es comprensible: a CRA no le alcanza el presupuesto para tener un propio departamento creativo.
El impuesto a la renta inesperada y la vuelta de las retenciones móvileshttps://t.co/cHK6tVM5L0
— CRA (@CRAprensa) April 19, 2022
Por un lado, tenemos los derechos de exportación directos, es decir, una alícuota fija que se aplica sobre el valor FOB exportado del producto agroindustrial.
El siguiente escalón son las “retenciones cambiarias”, es decir, lo que se queda el Estado al entregar muchos menos pesos de los debidos por cada dólar exportado. Las operaciones se liquidan a 112,5 $/u$s, cuando deberían estar recibiendo al menos 190 $/u$s. La diferencia se la embolsa el gobierno nacional.
Existe una tercer contribución forzosa, que son las “retenciones encubiertas”, las cuales provienen de tomar recursos de las empresas exportadoras –por diferentes vías– con la excusa de que los mismos son necesarios para subsidiar a otros sectores. Esa extracción, obviamente, termina recortando también los precios de los granos cobrados por los productores.
Y ahora estamos en presencia de la cuarta y genial iniciativa oficial, un impuesto a las “ganancias inesperadas”, el cual terminará generando una nueva extracción, la que podemos denominar ¿retenciones Martincho, fortuitas, Putinescas, súbitas? La verdad es que a nosotros ya no nos da la cabeza para denominar los nuevos mecanismos recaudatorios creados por el equipo profesional de expropiadores del gobierno de Alberto Fernández.
Pero sí estamos seguros que, así como existen ganancias extraordinarias, también existen costos de producción extraordinarios, y si siguen recortando los precios internos de los granos –sin que eso logre contención alguna de la inflación–, pronto tendremos caídas extraordinarias de producción y, por ende, de generación de divisas. Y seremos todos mucho más pobres de lo que somos en la actualidad.
