Los responsables de la industria frigorífica argentina entendieron la “indirecta” lanzada por funcionarios del gobierno nacional y, luego de recapacitar, aceptaron seguir entregando cortes populares de carne vacuna a precios subsidiados con recursos de su propio bolsillo.
Primero el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, declaro que si dejaban de entregar carne a precios subsidiados, aplicaría las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento, que contempla multas, clausura del establecimiento, inhabilitación de hasta cinco años para ejercer el comercio y pérdida de regímenes impositivos o crediticios oficiales, entre otros perjuicios.
Pero, por si quedaba alguna duda de que la cosa venía en serio, luego el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, afirmó que los incumplidores quedarían fuera del mercado de exportación.
El acuerdo, firmado en enero pasado por el Consorcio ABC que integra a los principales frigoríficos exportadores, contempla entregar unas 6000 toneladas mensuales de cortes populares a precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior.
La contrapartida de la participación de los frigoríficos en el programa oficial debería consistir en la posibilidad de poder exportar cierto volumen de carne vacuna sin restricciones, pero eso no está sucediendo, porque los permisos para realizar operaciones de comercio exterior no fluyen con la velocidad adecuada para mantener cierto nivel crítico de actividad en muchas industrias frigoríficas.
Por ese motivo, los frigoríficos exportadores que integran el programa diseñado por Comercio Interior habían avisado a comienzos de esta semana que abandonarían el mismo, aunque, luego de las amenazas recibidas, finalmente decidieron seguir participando.
Un cierre de exportaciones total de la carne vacuna –que no se descarta porque está en evaluación en estos momentos– resultaría muy dañino para el sector frigorífico argentino, dado que la semana que viene se hará presente en la SIAL Las Vegas, EE.UU., para consolidar y generar nuevos canales comerciales dentro del marco de la cuotificación de exportación establecido por el gobierno de Alberto Fernández.
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