El fiscal Miguel Moreno de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, que en 2022 había imputado a ex directivos de Vicentin SAIC por presunta estafa, este miércoles amplió la acusación para sumar la figura de asociación ilícita.
La Fiscalía imputó por los delitos de asociación ilícita a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel en carácter de jefes; y a Máximo Padoán, Cristian Padoán, Martin Colombo, Sergio R. Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto O. Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza en carácter de miembros y en calidad de coautores.
Además, el fiscal acusó por encubrimiento, con el fin de asegurar o ayudar al autor a asegurar el producto o provecho del delito, agravado por ser funcionario público al momento de la comisión, a los síndicos Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut en calidad de coautores.
También se presentaron imputaciones con los ex directivos de Vicentin por administración fraudulenta y por administración infiel, además de ampliar la acusación por estafa con nuevos hechos contenidos en la acusación.
La ampliación de la imputación se produce en simultáneo con la fase final del concurso preventivo, el cual cuenta ya con las mayorías necesarias para poder dar curso a la propuesta de rescate diseñada por el actual directorio de la compañía concursada.
Sin embargo, entre los argumentos de las impugnaciones realizadas por entidades oficiales a la propuesta concursal se incluye la imposibilidad de avanzar al respecto hasta que la justicia penal no termine de resolver las imputaciones realizadas en las investigaciones en curso.
En ese sentido, por ejemplo, en el escrito de impugnación de la propuesta presentado ante el juez concursal Fabián Lorenzini, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señala que en el proceso existió “ocultación de activos, vinculada a la venta simulada del 16,67% de Renova SA, 48 horas antes de que Vicentin SAIC declarara en público su propio default, lo cual implicó la salida del 14,41% de todos los bienes del patrimonio de la deudora, que es prenda común de los acreedores”.
