El año pasado, cuando se generalizaron los ataques a silobolas, los diputados oficialistas Sergio Massa y Ramiro Gutiérrez presentaron un proyecto para incrementar las penas de los delitos caracterizados como vandalismo rural. Pero la iniciativa quedó en la “vitrina” porque el Frente de Todos, que maneja ambas cámaras del Congreso a su antojo, no tuvo interés alguna en promoverla.
Ahora parece que la iniciativa resucitó, porque, según aseguró Gutiérrez, el proyecto, que se encuentra durmiendo en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, será “tratado en las próximas sesiones”.
Así se lo aseguró el diputado Gutiérrez al secretario de Agricultura, Jorge Solmi, durante una reunión que mantuvieron hoy jueves en la sede porteña del Ministerio de Agricultura. “Este es un pedido permanente de los sectores que nuclean la actividad ganadera, la agricultura, de los propios productores, que ven que sus cosechas son vandalizadas, que intrusan sus propiedades, que saltan los alambrados, que se destruye la propiedad y el trabajo de los argentinos por el solo hecho de dañar”, indicó Gutiérrez.
Solmi, según un comunicado ofcicial, declaró por su parte que “el agro ha progresado mucho, ha adquirido muchísima tecnología, pero la seguridad y la legislación no ha acompañado a ese ritmo. Es por eso que esta nueva legislación viene a incorporar modernidad a la producción agropecuaria y a proteger al sector de un delito contra el trabajo en el campo”.
El proyecto de Massa y Gutiérrez propone dictar prisión de dos a diez años al que “causare incendio, explosión, inundación, derrumbe, liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago. Si hubiese peligro para la vida, el máximo de la pena será de doce años. Si el hecho produjere el estrago, la pena de prisión se elevará de cinco a quince años”. La cuestión es que en tal definición podría quedar comprendida la aplicación indebida de fitosanitarios en función de las múltiples disposiciones vigentes en las diferentes jurisdicciones municipales o comunales.
El proyecto promueve además crear la figura de “vandalismo rural”, por medio de la cual corresponderá una pena de dos a cinco años de prisión “cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados; bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados; ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados; leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio; alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados; los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento”.
