Varios dirigentes políticos, sindicales y sociales del llamado “arco progresista”, la mayoría de ellos alineados políticamente con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, solicitaron que la agroexportadora Vicentín sea declarada “empresa pública no estatal” para evitar “una mayor concentracion y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
La aceitera santafesina estaba dentro del grupo de los diez principales exportadores agrícolas, pero en diciembre pasado dejó un tendal de dudas sin pagar por 1.400 millones de dólares, que actualmente siguen el derrotero de un concurso de acreedores en la justicia comercial de Reconquista. Unos 200 millones de esos 1.400 corresponden a créditos impagos con el Banco de la Nación. Por otro lado, hay una deuda importante, de cerca de 100 millones de dólares, que corresponde a las cooperativas de ACA.
“Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”, manifestaron los firmantes de una declaración conjunta dirigida al gobierno nacional.
Los “progres” que firman esta carta no deben tener demasiado idea del negocio de moler soja, pero sí ttienen ciertas influencias sobre la actual administración política del país. Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe, el ex presidente de la Federación Agraria, entre otros.
Cuando Vicentín ha fracasado hasta aquí en los intentos de reabrir sus plantas y todo hace prever que terminará en manos de una empresa multinacional de las que operan en el sector (en rigor, Glencore, que es su socia en Renova se ha hecho cargo de algunos activos), el grupo de dirigentes sociales manifestó que resultaría “insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina”.
“El gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales”, aseguraron a través de una carta abierta los dirigentes, que pidieron al Gobierno que impulse las medidas necesarias “para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social”.
