Los productores de Entre Ríos reclaman que salga este mismo año una nueva Ley de Agroquímicos que ponga fin a un conflicto ambiental que arrancó en 2018

Desde hace semanas, en los discursos que brinda al inaugurar las distintas exposiciones rurales de la provincia, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Nicasio Tito, pone énfasis en la necesidad que tiene el sector productivo de contar con una nueva Ley de Agroquímicos que regule con claridad sobre las aplicaciones y defina zonas de veda para el uso de dichos insumos.

Es curioso que sea el propio sector productivo -y no el ambientalismo- el que reclame por una ley regulatoria. Pero todo tiene explicación y en este caso se debe a que en la provincia de Entre Ríos existe un conflicto irresoluto desde que en 2018 el Supremo Tribunal de Justicia hizo lugar a un amparo e impuso restricciones muy exageradas (de 1.000 metros en torno a escuelas rurales y centros poblados) para la aplicación de agroquímicos. Desde entonces, la justicia exige a los legisladores que construyan un marco legal superador del preexistente, que es el que ahora reclama Tito con insistencia.

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El presidente de FARER cree que esa nueva Ley provincial de Agroquímicos debe ser sancionada por la Legislatura entrerriana antes de fin de año, porque teme que en 2025 se repita una situación común en los años de elecciones, cuando los legisladores dejan casi por completo de producir leyes.

A todo esto, Entre Ríos es una de las provincias más agropecuarias pero también tiene una gran dispersión y cantidad de población rural, ya que hay muchísimas colonias que están cerca de los campos sembrados. Entonces se hace obligatorio fijar reglas de convivencia.

-¿En qué estado de situación está esa discusión?- le preguntaron a Tito en una entrevista por Colonia Agropecuaria.

-Los propios productores a través de las entidades, en este caso de Farer, planteamos la cuestión de una ley de fitosanitarios. La última ley, no quiero errarle bien al año, pero creo que es del año 80 u 81. Es demasiado tiempo. Santa Fe tiene una superadora, Córdoba una superadora, Buenos Aires también, pero Entre Ríos no la tiene, y lo que ha tenido en estos últimos 20 años son resoluciones, decretos, y una última cuestión (el fallo de la Corte Suprema provincial) en la que hubo que poner límites, en la que nos pasamos de una banquina a la otra, como suele ocurrir en nuestro país. De no tener ningún control, pasamos a tener una restricción de 1.000 metros, que es una exageración.

-¿Por qué era una exageración?

-Era algo ilógico y anormal, porque juntando esos mil metros de un lado, con los otros mil del otro lado… Entre Ríos es la granja de la Argentina, como se le suele decir, por la diversidad productiva, por el potencial productivo, y por las colonias agrícolas que están muy cercanas, sobre todo en la zona centro y sur. Con los límites que había, no se podía directamente sembrar en unos radios que contenían miles de hectáreas.

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-En algún momento se hizo un cálculo, si no recuerdo mal, y si se aplicaba a rajatabla esa resolución de la Corte Suprema, quedaba sin posibilidad de sembrar un tercio de la superficie provincial.

-Era así, tal cual. Era de Villahuey para arriba, hasta Victoria, y de Victoria hasta la costa del Uruguay, y de la costa del Uruguay hasta la costa del Paraná casi. Era una barbaridad. Pero eso decía la resolución del Superior Tribunal de Justicia. Hubo gobiernos de turno que más o menos avalaron esa situación, hubo grupos ambientalistas extremos que siguieron esa línea, y la Corte no tuvo otra que fallar bajo esa tesitura, quizás un poco persuadida por el lobby de los ambientalistas.

-¿Y qué sucedió después de ese fallo?

-Bueno, luego de ello se trabajó, se trabajó, se trabajó, a través de las BPA (buenas prácticas agrícolas), donde intervinieron no solo las entidades, sino muchos particulares, para tratar de lograr una famosa Ley de Fitosanitario para la provincia de Entre Ríos, y salir con este último proyecto de ley, que creo que es el octavo o el noveno. Desde entonces que venimos dando vueltas. Tiene que ser el último,  estaríamos en posibilidad de que nos quede bien, estamos contrarreloj. Por eso le digo en los discursos a los legisladores provinciales que se despierten, salgan del letargo, tanto del oficialismo como de la oposición. Se pueda sacar una ley por consenso.

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-¿Por qué estamos en tiempo de descuento?

-Porque los tiempos legislativos son los tiempos eleccionarios, y en este país lamentablemente esa es la regla para toda ley que se pueda sacar, y eso es para cualquier provincia y la Nación. El año que viene hay elecciones, o sea que el plazo máximo que se tiene es diciembre, porque en enero ya estamos en año de elecciones, y ahí no hay consenso para ninguna ley, por más que sea la más noble y justa que realice a cualquier partido político. Por eso se tienen 3 meses para terminar de salir de esta situación.

-¿Y hay chances reales?

-El gobierno provincial, a través de los ministros que puso el gobernador Rogelio Frigerio, está trabajando muy bien con los presidentes de ambas cámaras, diputados y senadores, en torno a un proyecto que de Juanjo Bahillo, que fue ministro aquí en la provincia, pero también tuvo su paso en la Nación. En este caso es la oposición en Entre Ríos después de 20 años, por eso es un hecho no menor para la provincia.

-¿Y por qué reclaman tanto por esta ley?

-La pedimos porque los productores necesitan tener esa famosa previsibilidad, no sólo en las políticas centrales nacionales que siempre pedimos, sino también en las cuestiones provinciales. En este caso le competen y esta ley sería superadora, sería más moderna, mejor que la que tienen Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

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-¿Se fijan allí nuevos límites para las aplicaciones o “fumigaciones”?

-No quiero equivocarme en eso, todavía faltan algunos detalles menores, pero estaría el dictamen ya para salir la primera semana de octubre. En principio, tal cual lo he hablado con los ministros y secretarios de Agricultura de la provincia, en zonas donde no haya ni población ni escuelas con mochilas se fijarían 5 metros, con fumigadoras 50 metros, y con aviones 100 metros. En zonas donde viva la gente, donde haya pequeños poblados, sería de doble, de 10 metros, 100 metros y 200 metros. Y en zona de escuelas, a su vez, sería el doble de eso. Esos son los números.

-¿Y la justicia aceptaría eso?

-La Mesa de Enlace provincial tuvo una reunión con el presidente del Superior Tribunal de Justicia a comienzos de año, donde clara y lisamente nos dijo algo muy sabio: ‘Ustedes, muchachos, hagan lo que hacen en Estados Unidos cuando quieran sacar una ley para el campo, para los productores, hagan lobby’. Y tiene razón, eso es lo que tenemos que hacer, explicar las virtudes y, desde el lugar que nos toca, explicar la importancia que tiene de tener un marco normativo, tener una ley. Porque si no ocurre lo que está ocurriendo ahora, que estamos en un extremo, y terminamos prohibiendo absolutamente toda la experiencia que hace producir.