Luego de la debacle de consumo ocurrido en 2020 por la pandemia de Covid-19, este año el programa de uso interno obligatorio de biodiésel fue reducido de facto a una mínima expresión para luego establecer un marco legal que reduce el corte del 10% a un rango del 3% al 5%.
Mientras que los representantes del sector que aún siguen operando (algunos ya abandonaron el negocio por falta de incentivos) están negociando con el gobierno una eventual ampliación del cupo, que podría introducirse a través de la reglamentación de la nueva Ley de Biocombustibles (Nº 27.640), las autoridades de la Secretaría de Energía ajustaron al alza los nuevos valores del biodiésel destinado al corte interno.
“Es un sendero de precios que, si no se dispara el precio internacional del aceite de soja y el tipo de cambio, nos permitiría trabajar”, indicó Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
La buena noticia para el sector es que los precios internacionales del aceite de soja acaban de recibir un “mazazo” bajista por parte del gobierno estadounidense, mientras que, en lo que respecta a la evolución del tipo de cambio local, lo que pueda suceder ya es mucho más difícil de pronosticar.
“La expectativa es lograr una suba en el porcentaje, siendo eso, junto con la fórmula de precio, uno de los principales temas a tratar en la discusión que estamos teniendo para la reglamentación de la nueva ley”, explicó Facciano a Bichos de Campo.
En la mesa de negociación con el gobierno, además de un posible ajuste del corte, también se está diseñando una fórmula que permita ajustar de manera automática y mensual el precio del biodiésel destinado al mercado local.
De todas maneras, más allá de lo que suceda con el precio del aceite de soja –que se encuentra muy elevado en términos históricos–, un sector de la coalición gobernante pretende no conceder más margen de mercado al biodiésel para favorecer las ventas de gasoil realizadas por la empresa estatal YPF.