El Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) informó esta semana que el programa de corte obligatorio de biodiésel con gasoil para el año 2022 se mantendrá en un 10%, lo que generó críticas en el sector agroindustrial, que pretendía que aumentase hasta al menos el 13%.
La medida se tomó debido a que los elevados precios internacionales del aceite de soja, insumo base del biodiésel en Brasil, encarecen el costo de elaboración del gasoil.
Pero los reclamos no tardaron en llegar. La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove, el equivalente a Ciara en la Argentina), la Asociación de Productores de Biocombustibles de Brasil (Aprobio) y la Unión Brasileña de Biodiesel indicaron que la resolución del gobierno de Jair Bolsonaro “dio un golpe mortal a la previsibilidad, desprecia las inversiones realizadas y rechaza futuras inversiones en el sector del biodiésel”.
Por medio de un comunicado, las agroindustrias aceiteras y de biocombustibles remarcaron que la medida aleja al país alejado de lo definido por la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio), cuyo objetivo es promover la expansión de los biocombustibles en la matriz energética para reducir la huella de carbono.
“Al adoptar el contenido de la mezcla del 10%, el gobierno penaliza al sector, generando desempleo en toda la cadena agroindustrial, promueve la desinversión, aumenta la contaminación y la inflación, daña la economía y aleja al país de los compromisos de descarbonización señalados durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26), cuando anunció que Brasil ampliará su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 43% al 50%, para 2030”, sostuvieron.
El comunicado recuerda que existe capacidad instalada en Brasil para reemplazar hasta un 18% de gasoil con biodiésel y que la decisión del gobierno federal “refleja una posición de defensa para el gasoil fósil importado”.
De todas maneras, la resolución tomada en Brasil es sustancialmente más favorable que la decidido en la Argentina, donde el gobierno nacional promovió una legislación que recortó el corte obligatorio de biodiésel con gasoil al 5% con la potestad de rebajarlo hasta un 3% si lo considera necesario.
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