Hace algunos años, el diputado Luis Basterra, ex vicepresidente del INTA, formoseño y peronista, presentó un proyecto para promover el uso de fertilizantes y la consecuente reposición de los nutrientes que pierden los suelos a paso agigantados, debido a la agricultura y también a la ganadería. La iniciativa tuvo media sanción en noviembre de 2015, en el último tramo del kirchnerismo, pero perdió estado parlamentario a fines de 2016, cuando ya gobernaba el macrismo. Con la excusa del déficit fiscal, la política dejó de lado el asunto y clausuró la discusión.
Ahora puede suceder a la inversa, dependiendo de quién gane las elecciones de octubre. Porque son los diputados de Cambiemos los que vuelven a impulsar un proyecto como el de Basterra, y lo más probable es que la iniciativa deba ser discutida en el próximo periodo de gobierno, que posiblemente sea de signo peronista. ¿Habrán cambiado los fertilizantes de partido? ¿Serán los nutrientes oficialistas y opositores?
¿Habrán entendido esta vez los políticos de uno u otro bando que hay discusiones que la Argentina necesita y no pueden quedar librada a los gobiernos de turno?
Lo cierto es que ahora -y por ahora- es el oficialismo el que impulsa en la Cámara baja un proyecto para fomentar la fertilización de los campos por vía de la desgravación de Ganancias a las compras de ese insumo, que a esta altura resulta vital para el futuro de la agricultura y de toda la economía de la Argentina. Hace pocos meses, un trabajo del INTA advirtió sobre el fuerte deterioro de las reservas de nutrientes en los suelos de la región pampeana. No hay demasiado margen para hacerse los distraidos.
La diputada Lucila Lehmann, junto con sus pares Pablo Torello y Javier Campos, presentaron este proyecto que apunta a reparar no solo los suelos sino la injusticia cometida con el anterior proyecto de Basterra. “Se busca que los productores agrícolas reinviertan en la conservación de la tierra, permitiendo conservar niveles óptimos de fósforo, azufre, nitrógeno, etcétera; con el objetivo que la misma permanezca en las condiciones adecuadas para incrementar el rinde de las cosechas”, explicaron desde la oficina de la legisladora santafesina, que es muy cercana a Lilita Carrió.
Según el proyecto, los productores agropecuarios podrán deducir como gasto adicional en la liquidación anual del impuesto a las ganancias, el monto equivalente al 50% de los pagado por la compra de fertilizantes para uso agropecuario a partir del ejercicio fiscal en el que se comercialice la primera producción a la que fueron aplicados los fertilizantes.
Este gasto adicional será deducible por aquellos productores agropecuarios que efectivamente realicen la fertilización y siempre que la misma tenga como destino obtener productos de origen agropecuario y podría implicar -según los cálculos de los legisladores- un incremento en la utilización de fertilizantes del 17,4%.
El proyecto se basa en un estudio realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), que entre otras cosas señalaba que la reposición de nutrientes en la campaña 2016/2017 fue del 32% promedio. Se repuso el 41% fosforo, 22% nitrógeno y 51% azufre.
Los legisladores también se basan en un estudio de AACREA, que determinó que el aumento del consumo de nitrogenados de un 20% incrementa los rendimientos de trigo y maíz, en promedio, 4,4% y 5,7% respectivamente, mientras que en el caso de la soja se considera el efecto que tiene una mayor aplicación de fosforados, que provoca el incremento de 24 kilogramos de granos por cada kilogramo adicional de fósforo que se aplica, por hectárea.
Sobre esa base, se proyectó que si bien una ley de fertilizantes podría significar un costo fiscal en el corto plazo, en el mediano, al mejorar el rinde de la cosecha se generará un impacto fiscal positivo, generando un ingreso fiscal adicional de 252 millones de dólares en impuestos nacionales, por recaudación de derechos de exportación a la soja, impuesto a las ganancias, IVA e impuestos a los débitos y créditos.
Así, frente a un costo fiscal neto calculado en 189 millones de dólares (surge de desocntar a 216 millones de costo fiscal inicial unos 27 millones de tributación por mayor compra de fertilizantes), los legisladores de Cambiemos estimaron que habría finalmente un incremento recaudatorio neto de 63 millones de dólares, por la mayor productividad.
En dicha proyección, con los nuevos rendimientos, la cosecha se incrementaría en 2,8 millones toneladas de maíz, 817 mil toneladas de trigo y 807 mil toneladas de soja. Estas 4,1 millones de toneladas más significan para la economía argentina 905 millones de dólares adicionales a nuestro favor en la balanza comercial.
Eso, claro, si los opositores no se convierten en oficialistas…