La Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (Ucijs) también pidió la prórroga “de forma urgente” de la ley de biocombustibles que vencerá en abril próximo, que establece el corte obligatorio en 12% de las naftas con el bioetanol, un combustible renovable que proviene del maíz y de la caña de azúcar. Justamente el argumento de los cañeros es que si no se estira la vida útil de esa ley, ellos perderán uno de los mercado para su cultivo.
En un comunicado, la entidad cañera expresó su malestar por la falta de tratamiento de la prórroga de la ley 26.093 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en la Cámara de Diputados, donde la semana pasada fracasó una sesión por la ausencia del bloque oficialista. “El proyecto para extender la vigencia de la norma, que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación hace cinco meses, vence el próximo 12 de mayo”, recordó la entidad.
“La situación atenta contra el futuro desarrollo de la producción y profundizaría la pobreza en la región”, advirtió la entidad.
Los cañeros de Salta y Jujuy, que abastecen a ingenios que producen el bioetanol (como Ledesma en Jujuy y Tabacal en Salta), criticaron “la actitud de algunos legisladores nacionales de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán por no haber acompañado esta iniciativa muy importante para miles de productores y familias trabajadoras que dependen de esta actividad”.
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“Estas son señales que desalientan las inversiones, retroceden y empobrecen aún más al Noroeste ya empobrecido. En cualquier parte del mundo, generar un puesto de trabajo cuesta mucha inversión y esfuerzo, nosotros nos damos el lujo de perderlos. Repetimos un esquema de inversión/desinversión constante en pos de intereses espurios”, refiere el comunicado.
De cara al inicio de una nueva zafra cañera en la región, dijeron que “los productores viven horas de incertidumbre porque no saben con certeza cuál será el destino de la producción” y “porque las plantas productoras de biocombustibles corren riesgo de desaparecer si no se prorroga la ley, y como consecuencia se perdería los 200.000 puestos de trabajo que genera el sector”.
