Para el Estado nacional argentino la región pampeana no está habitada por empresarios y trabajadores, sino por siervos de la gleba, campesinos que tienen el derecho a trabajar una porción de tierra a cambio de pagar al señor feudal un canon que en la Europa medieval consistía fundamentalmente en la entrega de mercadería o dinero.
El siervo medieval se sentía una persona libre, pero no podía abandonar la tierra que tenía su cargo, así como tampoco ser desposeído de la misma sin un motivo válido. El equilibrio de la relación entre siervos y señores se sostenía en el hecho de no pedir más de lo necesario para que los campesinos pudiesen sustentar a sus familias y repetir el ciclo productivo año tras año.
Cuando el señor pide más de lo que el siervo puede dar sin comprometer la producción de la próxima campaña agrícola, se suelen producir levantamientos, como, por ejemplo, el ocurrido durante el año 2008. Si el señor recapacita y vuelve a dejar en manos de los campesinos los recursos suficientes para poder encarar el siguiente ciclo productivo, los ánimos se calman.
El señor feudal, es decir, el Estado argentino, debe negociar con otros señores que tienen mucho más poder que él y, en ese marco, tiene que hacer concesiones para poder obtener algo a cambio. Cuanto más poderosa es la contraparte, mayores son, obviamente, las concesiones.
La última innovación en la materia es que un puñado de grandes corporaciones hidrocarburíferas –una de las cuales es controlada por el propio Estado argentino– podrá acceder a un cupo de divisas a “precios cuidados”. Los siervos de la gleba, si bien son los generadoras de las divisas, no tienen ni tendrán ese privilegio.
Si las decenas de miles de Pymes agrícolas argentinas fuesen unas pocas grandes corporaciones, seguramente podrían enviar a sus CEO a reunirse con el señor feudal para anunciar, por ejemplo, que en la campaña 2022/23 invertirán unos 28.000 millones de dólares. Y luego, claro, pedirían concesiones que serían aprobadas sin mayores inconvenientes.
Pero son siervos, pequeños y medianos empresarios distribuidos en toda la extensión del territorio productivo, con una representación tanto gremial como política testimonial, pues los dirigentes agropecuarios y los gobernadores de provincias de la zona pampeana cumplen –en el mejor de los casos– el papel de ser meros relatores de las propias desgracias sin hacer enojar demasiado al señor feudal.
En otras comarcas del Mercosur los empresarios agrícolas, es cierto, son tratados como personas. Pero allí rige el Estado de Derecho y no un régimen feudal en el cual unos pocos poderosos mantienen en vasallaje a la mayor parte de la población.
Mientras la relación de fuerzas entre los señores y los vasallos no experimente alteraciones significativas, podrán venir nuevos gobiernos autodenominados de las más diversas maneras, pero nada sustancial cambiará, porque los señores seguirán siendo señores y los vasallos deberán seguir cumpliendo las obligaciones de vasallos.
La historia nos dice que los vasallos dejaron de ser tales cuando descubrieron alternativas para independizarse de los designios del señor de turno, como fue el caso del comercio, que permitió el crecimiento de prósperas ciudades localizadas en territorios considerados periféricos. O bien cuando la mayor parte de la gente comprendió que eran vasallos y quisieron dejar de ser subyugados por una minoría para comenzar a ser libres.
Preguntas incómodas: ¿Por qué las grandes corporaciones energéticas sí y el sector agropecuario no?