Les quisieron cobrar la pavimentación de una ruta provincial y, como se opusieron, hoy están librados a su suerte: Denuncias de discriminación y complicidad en el sur cordobés

Hace 3 años, por medio de una resolución provincial, los productores de Adelia María se enteraron que tenían que pagar con dinero de su bolsillo una obra que venían reclamando por años. Y encima, que serían los únicos que debían enfrentar esas nuevas reglas de juego.

Se trata de la pavimentación de la ruta provincial 10, en el tramo de 20 kilómetros que une a Adelia María con Las Acequias, dentro del departamento de Río Cuarto. En 2022, el gobierno cordobés dispuso que los productores debían aportar el 25% del presupuesto si querían que se concretara esa obra. Curiosamente, era un requisito que sólo se le imponía a ellos, pues -según dicen- en obras anteriores y posteriores todo se hizo con fondos provinciales.

El caso, que hoy está frenado y sin solución a la vista, suscitó acusaciones cruzadas entre dirigentes locales. Desde la Asociación Agraria de Adelia María, nucleada en la Federación Agraria, denuncian que todo el proyecto fue pergeñado a espalda de los productores por un grupo de representantes de la Sociedad Rural de esa misma localidad y la connivencia de funcionarios provinciales.

“¿Por qué para algunos sectores hay obra pública y para otros no?”, se preguntan desde la Asociación Agraria, desde donde ven, de brazos cruzados, cómo los pueblos a su alrededor reciben presupuesto y obras, mientras ellos transitan una ruta que a duras penas se mantiene en pie tras cada lluvia. Por allí circula una parte importante de la producción agrícola, ganadera y comercial de la zona.

En ese sentido, su reclamo es muy concreto: igualdad ante la ley. Y lo dicen con un argumento inmediato, que es que el tramo anterior al suyo, de General Levalle a Adelia María, fue hecho íntegramente con fondos públicos. Se trata de unos 40 kilómetros que no requirieron del aporte de los frentistas y se inauguraron el año pasado.

Es esa igualdad ante la ley, interpretan desde la Asociación Agraria, la que se vio vulnerada cuando, a mediados del 2022, un grupo de productores de la Sociedad Rural local pactó la realización de la ruta 10 tramo Adelia Maria-Las Acequias a través del Programa de mejoramiento de caminos rurales y redes secundarias y terciarias.

Ese esquema establece un modelo de consorcio en el que los productores aportan de su bolsillo para mantener los caminos, pero que originalmente no fue pensado para hacer rutas provinciales. Por ley, esas obras deben hacerse con fondos públicos, a los que ya se aporta con Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y otros tributos.

“Nos decían que no queríamos colaborar, pero acá no era colaborar, era poner el 25% del costo de la ruta con un índice de ajuste que no tenía nada que ver con la producción agropecuaria”, expresó el vicepresidente de la Asociación Agraria, Alberto Bértola, en diálogo con Bichos de Campo.

Ese índice que menciona es el de la construcción, que se había dispuesto como modo de ajuste a las cuotas que tenían que pagar los productores de ese consorcio caminero único. Entre 2022 y 2024, ese índice aumentó casi un 600%.

Todo ese esquema, que califican de “perverso y discriminatorio” fue oficializado en las resoluciones 295/2022 y 296/2022 del Boletín Oficial cordobés. Allí se establecía el proyecto de pavimentación en 2 tramos por el sistema de Contribución de Mejoras, con un plazo de ejecución de 540 días y un presupuesto de casi 6 millones de pesos (a valores de 2022).

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La única forma de evitar la contribución -que era obligatoria- era inscribirse, en un plazo de sólo 5 días, en un “Registro de Opositores”. Como se registraron más de la mitad de los productores afectados, 120 de 179, la obra no se llevó a cabo.

“Los productores dijeron que no y, por más que algunos quieren, en estos sistemas democráticos funcionan las mayorías”, había dicho en ese entonces el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, al medio Valor Agregado.

Desde entonces, nadie ha tomado la batuta para continuar ese tramo, a pesar de los reiterados pedidos de los referentes locales de que se lo incluya entre las erogaciones de las leyes de presupuesto anuales. Para peor, recientemente se avanzó con la pavimentación del tramo de Villa Reducción a Las Perdices y nuevamente sin costos para los productores.

“Ahí nadie pone un mango. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar nosotros?”, se pregunta Bértola, que se lamenta por el abandono que tuvo el proyecto. “Parece que en 2022 era urgente y había que hacerlo sí o sí con dinero de los productores, pero desde que se frenó ni siquiera se volvió a tocar el tema”, agregó.

La traza de la ruta 10 comprende desde La Pampa a Santiago del Estero. En el tramo en cuestión, sirve de conexión entre las rutas 7 y 8, por lo que no es sólo de interés para los productores de la zona. Aún así, se les pedía que los gastos corrieran por su cuenta.

Y de un modo totalmente irregular, denuncian desde la Asociación Agraria ya que, por el modo en que está diseñado el Programa de mejoramiento de caminos la votación para hacer un consorcio para una nueva obra se hace a través de cédulas catastrales. Eso permite que un puñado de productores que reúnan muchas de ellas puedan tomar la decisión a espalda del resto, como afirman que sucedió en este caso.

“Nos decían que los productores eran los que habían pedido hacer la obra de este modo. Pero, ¿quiénes la pidieron? Habrán sido 3 o 4 grandes”, denunció el vicepresidente de la entidad.

El proyecto también tenía su letra chica en cuanto al pago porque, si bien el aporte era proporcional a la cantidad de hectáreas, se ofrecía el descuento del 25% del valor a quienes abonaran en una sola cuota. “Eso el productor chico nunca lo iba a poder hacer, iba a tener que el campo para pagar la ruta que otros no pagaron. Es totalmente discriminatorio”, agregó el referente.

Entre proyectos cajoneados y disputas, para quienes producen en la zona el tiempo pasa. El mismo Bértola -que sostiene el reclamo por la ruta 10 hace muchos años- hoy está jubilado y ya no produce en su campo, y sigue sin ver esa obra ponerse en marcha.

“Es una deuda política, por la cantidad de veces que fue prometida y nunca concretada”, denuncian desde la Asociación Agraria, que hoy son el chivo expiatorio de estas dilaciones y se los culpa por haber exigido, sencillamente, que las cosas se hicieran sujetas a derecho.

Fotos: Puntal y LV 16