Hace un mes, el Gobierno de Córdoba impulsó la creación de una mesa de diálogo para avanzar hacia una actualización de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. Los productores quieren básicamente que se les permita llevar adelante planes ganaderos con manejo de bosques integrado. Pero al parecer la velocidad que le imprimen los funcionarios al asunto no es la que pretenden.
En respuesta a la última reunión que mantuvieron los funcionarios, legisladores, referentes locales y las entidades del agro en pos de trabajar en esas nuevas políticas de ordenamiento territorial, las Sociedades Rurales del Arco Noroeste difundieron un comunicado contundente, en el que piden por autonomía y una respuesta estatal que contemple sus tiempos de trabajo.
Lo que señalan las rurales de Jesús María, Arroyito, Deán Funes, del Oeste de Córdoba, Cruz del Eje y la Asociación Civil de Productores del departamento Río Primero, es que no tienen “un espacio de jerarquía y decisión política” ni “información de calidad, labor metódica y agilidad ejecutiva” para trabajar sus campos. Y esperan que este “nuevo comienzo” se los traiga.
Es importante agregar que, como trasfondo, está la Ley de Bosques Nativos, que en su ordenamiento territorial establece áreas de conservación en todo el país, con pautas de acción específicas en cada caso. Básicamente, los productores le recuerdan a las autoridades que ellos respetan las zonas rojas y amarillas, que tienen experiencia en el trabajo de la tierra y que aún así no se les da espacio en la toma de decisiones.
Peor aún, con su pedido de mayor rapidez en la respuesta a los planes de manejo de cada predio, reclaman que muchas veces las demoras en las aprobaciones dificultan las intervenciones y generan el efecto contrario al esperado. No es lo mismo llevar adelante un plan de acción sobre un bosque ahora, que en 20, 30 o 60 días.
“Esto hace perder a los propietarios de la tierra momentos claves de trabajo, incursionando en errores de operación sobre los campos y; lo que ya vimos, exponiéndolos al peligro impiadoso de las catástrofes”, puntualizan, en referencia a los incendios rurales que se producen básicamente debido a la acumulación de pastos.
Eso no denota que renieguen de la intervención estatal, sino todo lo contrario. El encuentro que tuvieron los primeros días de febrero fue la primera vez que las entidades rurales del noroeste cordobés se vieron las caras con las autoridades más importantes del sector: Estuvieron Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular; Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria; Juan Carlos Scotto, secretario de Desarrollo Sostenible; y Gustavo Brandán, titular de la cartera de Cooperativas y Mutuales.
En el comunicado, agradecen que se busquen nuevas metodologías y formas de trabajo en conjunto, pero también marcan la cancha. “Esperamos que este nuevo inicio no sea en vano, creemos que los resultados hasta aquí marcan que hay que tomar otro rumbo”, destacó el presidente de la Rural de Deán Funes, Marcelo Barra.
En ese sentido, los organismos sectoriales confirmaron que trabajarán con productores, especialistas y técnicos para definir prioridades y planes de acción. Incluso, aprovecharon el comunicado para deslizar un pedido particular: Reclaman que la exención del impuesto inmobiliario rural, que les corresponde a los establecimientos en zonas amarillas y rojas, se tramite automáticamente a través del cruce de datos, para ahorrarle a los productores dolores de cabeza con “criterios poco claros y confusos”.
“Debe considerarse que más del 90% de los productores del noroeste son pequeños. Hay que comprender la importancia de cuidar el bosque con la gente y su medio de subsistencia conviviendo juntos”, concluyó Barra.
