Primero era casi un desayuno pautado para las 10,30 y por eso se pidieron medialunas. Pero como el ministro de Economía, Sergio Massa, demoró su llegada un par de horas y se hizo casi la hora del almuerzo, alguno bromeó con que iba a ser necesario pedir también sanguchitos de miga. Lo cierto es que este martes hubo un importante cónclave entre la industria de los agroquímicos y el equipo económico, y uno de los temas excluyentes de conversación fue la importación de productos fitosanitarios que, de no llegar a tiempo, podrían condicionar la próxima cosecha y las exportaciones.
“Le planteamos a Massa y a sus funcionarios que el ecosistema agrícola debería conservar parte de los dólares que se genera para garantizarse el flujo de importación de los insumos que necesita”, explicó Federico Landgraf, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Sanidad Agrícola (Casafe). La idea, así, es generar una especie de salvoconducto o “canal verde” para que las empresas del rubro no sufran restricciones de divisas de parte del Banco Central a la hora de pagar sus importaciones de los principios activos o los fitosanitarios formulados que requieren los productores. En este territorio entran herbicidas, insecticidas y fungicidas, pero también productos biológicos que no se producen en el país y deben ser comprados en el extranjero.
El argumento esgrimido por las empresas es que por cada dólar que la Argentina gasta en importar este tipo de insumos agrícolas (se compran por unos 2.300 millones de dólares al año, pero a la vez se exportan por unos 500 millones), se genera una producción de granos 30 veces superior. Es decir que cada dólar invertido se multiplica tres decenas de veces. Por lo tanto no debería haber motivo para que se retrasen las autorizaciones del BCRA y mucho menos el ingreso de estos productos al país.
Massa, según indicó Landgraf a Bichos de Campo, tomó nota del planteo, pero evitó las definiciones. Sin dejarse apurar, ordenó al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, que se armara una mesa de trabajo para evaluar la situación de cara a 2023, donde se tomarían ésta u otras definiciones.
“Fue una buena reunión. Nosotros lo que necesitamos es previsibilidad, porque nuestros clientes son los productores que trabajan con plazos agronómicos y biológicos. De nada sirve una importación de un producto necesario para cuidar el trigo, por ejemplo, si se autoriza cuando ya pasó la campaña de trigo”, ejemplificó el directivo de Casafe, donde hay empresas nacionales pero sobre todo tallan las grandes empresas globales del rubro agrícola, como Bayer, Syngenta o Corteva.
Tampoco en su cuenta de Twitter, donde comunicó este reunión, el titular de Economía lanzó definiciones. Tan solo escribió en todo positivo que “la producción agropecuaria es uno de los principales motores de la economía argentina por su capacidad de generar trabajo y exportaciones, por eso es clave que entre todos trabajemos en medidas que la sigan potenciando y garanticen su crecimiento sostenible e integrado al mundo”.
Landgraf aclaró que en los últimos meses de fuertes restricciones cambiarias las empresas del sector no han tenido grandes traumas para exportar, pues el nuevo sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) está funcionando con mayor fluidez que el anterior SIMI. Pero insistió con la idea de la previsibilidad para realizar las importaciones de fitosanitarios que el mercado agrícola necesita. Por eso valoró la mesa de trabajo propuesta por Massa para buscar acuerdos “sistémicos” que permitan dejar de correr detrás de las emergencias.
No fue el único planteo que se llevó Massa de los formuladores de agroquímicos. Hubo un capítulo especial de la charla dedicado a plantear la necesidad de flexibilizar las normas de ingreso de personal al Estado que impuso el nuevo ministro para dotar de personal adecuado al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que carecería de suficientes técnicos para atender la demanda de estudios y aprobaciones de nuevos productos, tanto de síntesis química como de bioinsumos.
En este sentido, las empresas apuntaron al equipo económico que por esta visible falta de personal, la Argentina se está retrasando en la carrera tecnológico frente a otros países de la región, ya que tecnologías que llegan al resto del mundo se demoran largamente en obtener sus registros para poder ser vendidas en el país.
En el caso de los agroquímicos, según encuestas realizadas por Casafe entre sus socios, se tarda hasta tres años cuando el promedio en el resto de los países es la mitad de tiempo, 18 meses. Pero más grave parecería ser el atraso en la introducción de insumos biológicos, que aquí demoran 721 días más en ser evaluados y aprobados que en Brasil. Son casi dos años.
Otro de los planteos que esta industria hizo a Massa y su equipo (además de Bahillo lo acompañaron el vicepresidente del BCRA, Lisandro Cleri, y el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren), fue que el gobierno argentino está más atento a posibles barreras comerciales generadas por las políticas ambientales de la Unión Europea. El bloque está encaminada a reducir sustancialmente la cantidad de moléculas autorizadas para uso agrícola, y a la vez reduce los niveles de tolerancia de las mismas en los alimentos importados.
Como modo de ejemplo, la UE debería discutir en 2023 una prórroga de los permisos al glifosato, el herbicida más popular en la Argentina y en todo el mundo. Si una prohibición surgiera en el viejo continente, luego podrían seguir las restricciones a las cargas de soja y sus derivados.
