El último informe anual de la OCDE sobre monitoreo de políticas agropecuarias contiene capítulos dedicados a la Argentina y Brasil que muestran cómo desde el año 2000 los caminos de ambos países integrantes del Mercosur se distancian de manera inexorable.
A partir de 2002 las políticas orientadas a extraer recursos del sector agropecuario, iniciadas por el presidente Eduardo Duhalde y continuadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se fueron profundizando hasta lograr superar el 50% en 2008 (una situación inédita a escala global).
En 2016 y 2017 las políticas extractivas experimentaron un marcado retroceso con la presidencia de Mauricio Macri, que no duró mucho, porque a partir de 2018 regresaron las medidas tendientes a financiar al Estado nacional con los recursos generados por las empresas agropecuarias.
Los elevados precios internacionales de los principales productos agroindustriales contribuyeron desde 2020, con la presidencia de Alberto Fernández, a morigerar el impacto de la extracción, pero eso no implica que la misma no se encuentra en niveles elevados.
“Los impuestos a la exportación son, por lejos, la intervención pública más importante en los mercados agrícolas de la Argentina”, señala el informe de la OCDE. “Las medidas adicionales incluyen restricciones cuantitativas a la exportación de maíz, trigo, carne vacuna y leche. Estos tuvieron y continúan teniendo un gran impacto al reducir los precios internos por debajo de las referencias internacionales y crear transferencias en desmedro de los productores”, añade.
Hasta fines de la década del ’90 el Estado brasileño también empleaba al agro como “caja” de recursos, pero durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso se dejó atrás esa práctica para incluso montar una serie de ayudas oficiales que se propusieron llevar a Brasil al elevado lugar del podio que ocupa actualmente en el agro mundial.
De hecho, en esa época incluso entidades estatales, como Bndes Participações S.A. (Bndespar), llegaron a realizar inversiones directas en empresas cárnicas, como JBS o Marfrig, que posteriormente se transformaron en corporaciones transnacionales.
Las políticas agropecuarias, junto con las monetarias y fiscales, implementadas por Cardoso fueron sostenidas por su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y también por el actual mandatario Jair Bolsonaro, transformándose así en una “política de Estado”, es decir, en directrices que se mantienen en el tiempo más allá de un cambio de gobierno.
“La mayor parte del apoyo a los productores brasileños se realiza mediante el acceso a insumos, especialmente a través de créditos ofrecidos en condiciones favorables y, en menor medida, seguros agrícolas”, apunta el documento de la OCDE.
“El crédito con tasas de interés preferenciales está disponible para la comercialización agrícola y el capital de trabajo, pero también para inversión. Los productos que reciben la mayor parte de las ayudas oficiales son el trigo, el arroz y el algodón, aunque todos por debajo de un nivel del 10% del ingreso agrícola bruto calculado por producto”, añade.
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