Son más de siete años de crisis los que se siguen desarrollando en Lácteos Verónica. De todos modos, tan extensa situación empezó a complejizarse en el mes de marzo, y tiene en vilo a más de 700 trabajadores repartidos en las plantas de Suardi, Lehmann y Clason, en la provincia de Santa Fe, además de oficinas en Buenos Aires. La crisis ahora tiene un punto de inflexión.
El jueves se completó el pago cuotificado del salario de mayo para todo el personal, solo como para dar paso al blanqueo de una situación de deterioro excepcional, que además de la deuda de los sueldos de junio y el medio aguinaldo, incluye pendientes en los aportes de la seguridad social.
En tanto, el resto de las deudas se siguen acrecentando, con mucho más de 2.000 millones de pesos en cheques rechazados que se entregaron a tamberos, con un acumulado de 8.000 millones de pesos adeudados a diferentes entidades financieras, según el Banco Central.
Es así que en la actualidad, con la aplicación del débito laboral de cuatro horas por turno entre lo trabajadores, el procesamiento de materia prima ronda los 40 mil litros diarios, provenientes de tambos propios, ya que toda la leche que fue perdiendo la empresa, desde registros de 700 mil litros diarios hace un año, ya está siendo procesada en otras lácteas y será muy complejo recuperarla.
Con ese contexto y sin indicios del destino pretendido por la familia Espiñeira para su empresa, fue que el lunes pasado se notificó a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), para que tomen parte de un encuentro virtual con la empresa y la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde se informaría de la situación de la firma y se formalizaría un pedido de habilitación de un proceso preventivo de crisis.
La intención en Lácteos Verónica es contar con los beneficios de esa declaración de emergencia laboral, para aliviar el peso financiero de algunos de sus pasivos.
El Procedimiento Preventivo de Crisis está incluido en la Ley de Empleo 24.013, para que ante dificultades económicas o situaciones de fuerza mayor, las empresas puedan generar suspensiones o despidos de personal con reducción de montos indemnizatorios, con el objeto de evitar afectar de forma definitiva al total de la planta laboral.
De todas maneras, la empresa había adelantado la intención de avanzar en una reducción por despidos del 30% del personal, lo que afectaría a algo más de 200 personas, con todo el impacto social y económico que ello significa.
Se estaría argumentando la decisión con el uso del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual por razones de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, se habilita al pago en un 50% de la indemnización prevista.
En su anticipo al gremio, Lácteos Verónica adelantó que esta liquidación podría darse en seis cuotas, abonándose la primera de ellas a los 30 días del anuncio sobre la situación de cada persona.
Esta es la segunda vez que se encuentran las partes ante la cartera laboral, porque Atilra decidió sacar del ámbito santafesino la negociación y elevarlo a la órbita de la Nación, algunos dicen que sabiendo que el intercambio se iba a frenar como sucedió. Aquel primer encuentro quedó en una charla vacía, sin indicios de solución o salida.
Este viernes, durante casi tres horas, las partes debatieron al respecto y fue en ese marco que la intervención del abogado del sindicato, Alberto Coronel, dejó establecido el rechazo de la postura empresarial, por no considerar que sea tanta la gravedad que se intenta imponer sobre la situación de la láctea.
Del mismo modo, la Secretaría de Trabajo nacional pidió complementar el pedido de PPC con mayor material probatorio de la crisis manifiesta, para poder así justificar las medidas que se anticiparon.
Sin embargo, queda abierta una alternativa de negociación entre las partes, mientras se mantienen las condiciones vigentes en la actividad laboral en las plantas. Este espacio de negociación puede permitir una suerte de equiparación de voluntades entre gremial y patronal.
De no llegar a un acuerdo por fuera del espacio formal brindado por el Poder Ejecutivo, cualquiera de las partes puede volver a solicitar una audiencia para hallar una mediación del caso en las autoridades laborales.
Para quienes vengan siguiendo los temas del sector lechero, encontrarán en este caso demasiadas similitudes con la situación de Sancor CUL. Extensión de la crisis, agravamiento del caso, irregularidad en los pagos de salarios, pérdida de materia prima, salida de góndolas y heladeras, pero también falta de comunicación interna, ausencia de respuestas o alternativas, aunque también la “complicidad” que se lee entre partes.
Con elecciones nacionales en Atilra el próximo 20 de agosto, el sindicato podría estar tomando la misma postura que con SanCor: luego de un arreglo interno, trataría de cobrar los aportes y fondos que negocia para sí y sigilosamente avanzará el proceso.
