La Unión Europea finalmente accedió a los pedidos de los países que la proveen de alimentos desde otras regiones del mundo, entre ellos la Argentina y sus socios del Mercosur, y anunció este miércoles que prorrogará por un año, hasta enero de 2026, la entrada en vigencia de la normativa que prohibía la importación de commodities y sus derivados provenientes de zonas que hubieran sufrido un proceso de desmonte o deforestación luego de 2021.
“Teniendo en cuenta los comentarios recibidos de los socios internacionales sobre su estado de preparación, la Comisión también propone dar a las partes interesadas tiempo adicional para prepararse”, se indicó en un comunicado europeo.
La normativa comunitaria debía entrar en vigor a finales de diciembre próximo y fue sancionada en 2023 para evitar el proceso de deforestación en terceros países. Con esa política, la UE pretende evitar que sus importaciones de ciertas materias primas y productos derivados, como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate, causen deforestación en los países exportadores. De este manera entiende que contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y mantiene bosques en pie, como sumideros de carbono.
Pero la normativa 1115/2023 es a la vez un antecedente peligroso para el comercio global, pues sería la primera vez que un bloque impone restricciones a los productos utilizando argumentos de índole ambiental. Muchas naciones, en ese contexto, calificaron esa política como una suerte de nuevo colonialismo, ya que se impone a regulaciones nacionales. En el caso de la Argentina, por caso, ya cuenta con una Ley de Bosques que define los territorios donde puede desmontarse y los que son áreas protegidas..
Por ahora el viejo continente no cedió en sus intenciones de utilizar el comercio como palanca de sus objetivos ambientales. Tampoco abrió una discusión internacional sobre este asunto. Tan solo aceptó postergar los plazos un año, con un plazo adicional de seis mese s(hasta junio de 2026) paras sus proveedores más pequeños.
El gobierno argentino, como parte integrante del Mercosur y del CAAS (Consejo Agropecuario del Sur), se había manifestado en contra de esa disposición europea y había pedido su prórroga. En el caso nacional, al exigencia europea básicamente ponía en jaque las exportaciones de carne vacuna, productos forestales y harina de soja.
De todos modos, los diferentes sectores involucrados estaban trabajando ya en una plataforma llamada VISEC para poder certificar las exigencias europeas a partir de enero de 2025. Incluso algunas empresas ya realizaron embarques de soja certificada como “libre de deforestación”.
La entidad más activa en ese sentido era la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que rápidamente celebró la reprogramación de la implementación del reglamento europeo de libre deforestación. “Ha sido un enorme esfuerzo de gobiernos y cadenas de valor. Ahora debemos buscar mesas de negociación para revisar algunos aspectos como la segregación física y el no reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques”, indicó esa entidad ante la novedad llegada de Europa.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina recordó que “desde un primer momento rechazó, tanto en ámbitos nacionales como internacionales de manera categórica dicha imposición” y celebró que “hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible de lograr. Ahora nuestro desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr una revisión integral de la normativa o su suspensión definitiva”.
En su comunicado, la Comisión Europea informó que de todos modos no le han doblado la muñeca sino que con esta postergación “refuerza su apoyo a la aplicación del Reglamento de la UE sobre deforestación y propone un plazo adicional de 12 meses para su aplicación progresiva, en respuesta a las peticiones de los socios mundiales”.
La propuesta de prórroga debe ser todavía aprobada por el Parlamento Europeo.
En este sentido, el bloque comunitario informó que puso a disposición de la comunidad internacional “documentos de orientación adicionales y un marco de cooperación internacional más sólido para apoyar a las partes interesadas mundiales, los Estados miembros y los terceros países en sus preparativos para la aplicación del Reglamento de la UE sobre deforestación”.
Además, como alternativa para facilitar el proceso de adaptación a sus proveedores, la UE prepara una segmentación y si el Parlamento Europeo y el Consejo lo aprueban, la ley entraría en vigor recién el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas. Todavía resta definir bien esas categorías.
“Dado que todas las herramientas de aplicación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como período de aplicación progresiva para garantizar una aplicación adecuada y eficaz”, consideraron las autoridades comunitarias, que afirman que está prórroga “proporcionará claridad adicional a las empresas y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la normativa para facilitar la aplicación de las normas”.
Para torcer parcialmente el brazo de los europeos, al parecer fue crucial la presión internacional ejercida especialmente “durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York”. Al menos eso es lo que se reconoce en el comunicado.
“Además el estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual. Si bien muchas esperan estar listas a tiempo, gracias a los intensos preparativos, otras han expresado su preocupación”, reconoció el bloque comunitario.
“La Comisión considera que un plazo adicional de 12 meses para la implantación gradual del sistema es una solución equilibrada para ayudar a los operadores de todo el mundo a garantizar una aplicación fluida desde el principio. Con esta medida, la Comisión pretende aportar certidumbre sobre el camino a seguir y garantizar el éxito del EUDR (su política anti deforestación), que es fundamental para abordar la contribución de la UE al acuciante problema mundial de la deforestación. La propuesta de prórroga no pone en duda en modo alguno los objetivos ni la esencia de la ley, tal y como acordaron los colegisladores de la UE”, se aclaró.
Quedan muchos detalles en el aire, que la UE pretende subsanar con una serie de documentos con recomendaciones para los operadores de comercio exterior que la proveen de comodities y sus derivados. Queda claro que al exigencia europea no es sobre los exportadores ni sobre los países, sino sobre su propia red de empresas importadoras. Serán ellas las que exigirán a sus proveedores certificados de libres de deforestación.
Las “orientaciones” emitidas por la UE se dividen en 11 capítulos que abarcan una amplia gama de cuestiones, como los requisitos de legalidad, el calendario de aplicación, el uso agrícola y las aclaraciones sobre la definición del producto. Además se presentan más de 40 nuevas respuestas adicionales para abordar las preguntas planteadas por una amplia gama de partes interesadas de todo el mundo.
Por otro lado, la Comisión publicó los principios de una nueva metodología que aplicará para realizar una evaluación de sus proveedores, y que servirá “para clasificar a los países como de bajo, estándar o alto riesgo, con el objetivo de facilitar los procesos de diligencia debida de los operadores y permitir a las autoridades competentes supervisar y hacer cumplir eficazmente el cumplimiento”.
Según la metodología aplicada, la gran mayoría de los países del mundo se clasificarán como de “bajo riesgo”. Por lo tanto “esto dará la oportunidad de enfocar los esfuerzos colectivos donde los desafíos de la deforestación son más agudos”, avisó la Comisión.
También, para aliviar el rechazo internacional a su medida, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior avisaron que van a presentar un “!marco estratégico para la cooperación internacional” en relación con el Reglamento sobre deforestación. En esta cooperación, pensada seguramente para vencer las resistencias en los países más débiles, se identifican cinco áreas pasibles de la cooperación europea: apoyo a los pequeños agricultores, un enfoque centrado en los derechos humanos, y varios instrumentos de aplicación, incluidos el diálogo y la financiación.
“Este marco integral tendrá como objetivo promover una transición justa e inclusiva hacia cadenas de suministro agrícola libres de deforestación que no dejen a nadie atrás. Si bien la UE intensificará el diálogo y apoyará aún más, el éxito de la asociación también dependerá del compromiso de los socios de la UE de cumplir los objetivos mundiales para detener la deforestación”, se avisó.
Por otro lado, como muestra que no cederá ni un palmo en sus exigencias, la Comisión Europea informó que ya tiene casi operativo el sistema informático “donde las empresas registrarán sus declaraciones de diligencia” para la aprobación de sus importaciones. Los registros serán aceptados desde principios de noviembre y su funcionamiento será pleno en diciembre.
De este modo “los operadores y comerciantes podrán registrarse y presentar declaraciones de diligencia debida incluso antes de la entrada en vigor de la ley”, se destacó.
