¿Cuán canalla puede convertirse uno si se deja atrapar por la lógica suicida de la política argentina, que parece más ocupada en provocar daño al rival de turno que en resolver problemas para generar bienestar en la población general?
Los niveles de canallada, por cierto, han trepado de modo geométrico también entre varios integrantes de la Secretaría de Agricultura de la Nación, dependiente de Sergio Iraeta, ya que ese organismo parece venir demorando a propósito la homologación de la declaración de emergencia agropecuaria en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. Se sobreentiende: estamos en campaña electoral, esa provincia responde al gobernador Axel Kicillof, mientras que la cartera agropecuaria nacional obedece directamente al presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.
Lo cierto es que en momentos en el que famosa “tormenta de Santa Rosa” amenaza volver a desparramar muchos milímetros de agua sobre los partidos bonaerenses que vienen inundados desde marzo pasado, los productores afectados ni siquiera pueden patear para adelante sus vencimientos impositivos con los organismos nacionales porque ese nivel del Estado no homologó la declaración de emergencia provincial.
Los productores de una amplia zona afectada no pudieron sacar de los campos los granos cosechados en la campaña 2024/25, tampoco pudieron sembrar trigo, y ahora corre serio peligro la posibilidad de sembrar soja y maíz. En el caso de los ganaderos y lecheros, se les hace muy costoso conseguir y llevar alimento para sus animales. Y hay tambos grandes que debieron cerrar sus puertas en toda la región afectada.
Pero los “canallas” del gobierno nacional (porque esa es la definición que les cabe a quienes cometen una canallada) ni siquiera cumplieron con darles un papelito declarándolos en emergencia, para que puedan ir a tocar las puertas de la ex AFIP (ARCA) o el Banco Nación pidiendo clemencia.
En esta no cabe margen para ninguna especulación política o electoral, porque los funcionarios responsables de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, que deben administrar las declaraciones previstas en la Ley 26.509, están obligados a aprobar las declaraciones presentadas por las diferentes provincias (o rechazarlas, si así lo consideran) en “un plazo no mayor a 20 días”, según lo establecido en el Manual Operativo de dicha ley reglamentado por la Resolución 194/2012 de la propia Secretaría de Agricultura.
El gobierno de Axel Kicillof más o menos reaccionó ante el avance de las aguas sobre los partidos de Bolívar (Cuarteles II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII), Nueve de Julio (Cuarteles II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV), Carlos Casares (Cuarteles II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI) y Tapalqué (Cuartel VIII) aprobando la declaración de emergencia el pasado 21 de mayo. Desde entonces han pasado junio, julio y agosto completos, sin reacción nacional ante la tragedia cotidiana que viven cientos de productores de zonas inundadas.
¿Es una manera de seguir recaudando de esos productores pese a la desgracia climática que transitan? ¿Se trata de castigar políticamente al gobierno de Kicillof, visiblemente enfrentado al de Milei? ¿O es simplemente la inacción que reina en casi todas las áreas de Agricultura?
Lo cierto es que en la página respectiva de la Comisión responsable se admite que la última resolución correspondiente a la provincia de Buenos Aires data de septiembre de 2024, y fue la única en todo ese año. Curiosamente declaraba en emergencia por sequía a los mismos partidos que un año después quedaron bajo el agua para un periodo que iba del 1° de noviembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024.
Así estamos terminando la cosecha en 9 de Julio.
Sin la homologación de la emergencia, para al menos contar con una prórroga fiscal. Y con retenciones, eso sí.
Cadena de pagos cortada, propietarios que no van a tener renovación de alquileres, productores achicando al máximo.
Y… pic.twitter.com/t5EO73ceaz— Patricia Gorza 🇦🇷🇦🇷 (@PatriciaG9dj) August 30, 2025
Patricia Gorza, una de las productoras damnificadas del partido de 9 de Julio que viene relatando desde marzo el avance de las aguas sobre los caminos rurales y los campos, denunció esta demora nacional diciendo que los productores transitan el final de la cosecha pasada (con algún lote de maíz al que recién pudieron llegar las máquinas) “sin la homologación de la emergencia, para al menos contar con una prórroga fiscal. Y con retenciones, eso sí”. Y todo esto, con la tormenta de Santa Rosa, amenazando ahora con agravar el panorama.
CEDABA RO 273 - ACTA 288 - 29 Agosto 2025
Conscientes de que el problema viene para largo y puede agravarse, a nivel del gobierno provincial siguen atentos y este viernes 29 se volvió a reunir la Comisión de Emergencia Agropecuaria bonaerense, para decidir prorrogar “el Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación, por circunscripciones, en los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026”.
Es decir, se decidió extender la cobertura tributaria (para gravámenes provinciales) y crediticia (en el caso del Banco Provincia) hasta dentro de seis meses. Cabe ahora la pregunta sobre qué va a hacer el gobierno nacional, que ni siquiera aprobó la primera declaración de emergencia.
