El Foro de Seguridad Rural Argentino calificó recientemente a la provincia de Corrientes -la cuarta a nivel nacional en producción ganadera- como zona insegura para esa actividad. En las regiones recostadas sobre el río Uruguay, en la frontera con Brasil, muchos campos son abandonados para neutralizar los ataques. Se multiplicaron los casos de abigeato, caza furtiva y de delitos rurales en general. Pero nada de todo eso parece escandalizar a la Justicia provincial.
Por el contrario, ruralistas de esa jurisdicción advierten que, por estas horas, las patrullas de policía rural se encuentran atadas de pies y manos e imposibilitadas de actuar contra la inseguridad por la falta de atención en el Poder Judicial.
Así lo expresó en un comunicado reciente la Federación de Sociedades Rurales de Corrientes, que apuntó particularmente al fiscal Facundo Sotelo -de la Unidad de Investigaciones Concretas de Paso de los Libres- por la falta de respuestas concretas e iniciativas respecto a los delitos rurales. Justamente, en medio de una oleada de casos que atentan contra la producción.
“Sus actitudes y decisiones parecen contradecir la necesidad de reprender el accionar delictivo que la sociedad demanda”, expresaron los ruralistas, que apuntaron directamente a Sotelo por demorar y desalentar el trabajo de la policía rural que, por estas horas, asegura no estar recibiendo órdenes específicas del Ministerio Público Fiscal para detener y perseguir a sospechosos de cometer delitos rurales.
El “muro de indiferencia” del que hablan en la provincia del Litoral está trazado en las puertas de la Justicia, pues señalan que, a pesar de los recursos escasos, hoy las fuerzas de seguridad muestran avances concretos con esquemas de patrullas, controles y tareas de prevención. Lo que falla es el paso posterior, la judicialización de los hechos.
En la mayoría de los casos es el abigeato y la faena ilegal, hoy por hoy el problema que más acucia a los productores correntinos. Pero también se registran denuncias por robo de maquinaria y herramientas de trabajo.
Las zonas “calientes” para el delito rural correntino, detalló en su último informe el Foro de Seguridad Rural Argentino, son los departamentos que lindan con el río Uruguay -como Bonpland, Paso de los Libres, Yapeyú, Alvear, La Cruz, Santo Tomé y Virasoro-, que están más expuestos al accionar de bandas delictivas fronterizas, generalmente vinculadas al narcotráfico.
Aunque este problema no es nuevo en la región, y se acarrea por al menos 50 años, muchos referentes puntualizan que en la zona ribereña los casos han recrudecido y que, fruto de la ineficiente intervención de la Justicia, se han extendido. Ya no son sólo las pérdidas productivas por los campos abandonados, sino también por el temor que infringe en muchos establecimientos estar a merced de la delincuencia.
La situación tiene además una nota al pie no menor: Aunque por la Ley Provincial 5691, sancionada en 2006, obliga a contar con una red de Fiscalías de Investigaciones Rurales y Ambientales para investigar estos delitos en particular, aún hoy, 20 años más tarde, esas dependencias todavía no existen en las zonas más complejas. Paso de los Libres, por ejemplo, es uno de esos casos de abandono político.
Muy probablemente, si esas estructuras estuvieran en funcionamiento, podría evitarse que un fiscal general, que tiene bajo su campo de acción a un abanico mucho más amplio de delitos, deliberadamente mire hacia el costado en hechos que atañen al ámbito rural.
“Instamos a las autoridades correspondientes a verificar el accionar de quienes deben impartir justicia desde la fiscalía general, como así lo dispone la ley, y a restablecer una coordinación efectiva entre la justicia y las fuerzas de seguridad rurales”, expresaron los ruralistas correntinos.
Y concluyeron: “La seguridad rural no puede estar a merced de la desidia ni de decisiones unilaterales que debilitan el estado de derecho”.
