La Secretaría de Agricultura Familiar sigue siendo un reducto de la política: Entre sus 27 funcionarios hay solo 10 profesionales y casi todos provienen de la militancia

Motiva esta pequeña investigación el convencimiento de que la situación de los pequeños y medianos productores de la Argentina -finalmente las grandes víctimas de una política agropecuaria que expulsó del campo al 40% de ellos en los últimos treinta años-, no tendrá visos de solución en tanto las áreas de gobierno que deberían formular programas de largo plazo sean capturadas como refugio de la política.

La certeza de este periodista es que eso está sucediendo. O mejor dicho, que está volviendo a suceder.

Como para que nadie se quede en la chiquita de explicar esta mirada escéptica con “la grieta” y todas esas sandeces, comenzaré esta nota recordando esta otra nota de junio de 2019. Hace dos años, Bichos de Campo informaba que el gobierno de Mauricio Macri, luego de echar a cientos de personas del área de Agricultura familiar del Ministerio de Agricultura, había colocado a una serie de militantes propios en los cargos claves.  Lo criticamos y por eso recibimos críticas de los funcionarios de aquel momento.

De Pérsico a Hardie, no cambió casi nada: La Agricultura Familiar sigue manejada por militantes

¿Pasó algo diferente con el gobierno de Alberto Fernández?

Con la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 426/2021, la renovada Secretaría de Agricultura Familiar -una de las tres grandes áreas en que se divide la cartera agropecuaria- terminó de llenar los 27 casilleros de funcionarios que acompañan en la gestión a Miguel Ángel Gómez, el secretario. La norma ubicó a la señora Araceli Susana del Rosario Ferreyra en el cargo de Directora Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Ferreyra fue diputada nacional por Corrientes hasta diciembre de 2019. Integraba el bloque del Movimiento Evita.

El Movimiento Evita es conducido a nivel nacional por el ex piquetero Emilio Pérsico, que actualmente es el secretario de Economía Social de la Nación. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, entre el 2011 y el 2015, el barbado dirigente ocupó la conducción del área de Agricultura Familiar y había colocado allí a decenas de sus militantes que luego fueron barridos por el macrismo.

Ahora se consumó la revancha y no quedan rastros de militantes macristas en esa dependencia. Muy por el contrario, con la designación de la ex diputada Ferreyra el Movimiento Evita copó más de la tercera parte de los cargos directivos que se han creado en ese sector del Ministerio. Es decir, 10 de los 27 funcionarios con responsabilidad en dicha área provienen de la agrupación que dirige Pérsico. La lista comienza con el actual secretario Gómez, que aunque proviene de Esteban Echeverría llegó al cargo luego de conducir la rama rural del Evita.

¿Y el resto? El listado anexo que acompaña esta nota muestra las más diversas procedencias para los restantes 17 funcionarios, pero la inmensa mayoría proviene de la militancia en algunas de las muchas organizaciones campesinas y de pequeños productores que trabajaron activamente, en la campaña electoral 2019, a favor de la candidatura de Alberto y Cristina y, especialmente, en contra de Macri.

En aquel momento, mayo de 2019, la posibilidad de un cambio de rumbo en la política nacional dio lugar a que la mayor parte de estas organizaciones confluyeran en el Foro Agrario Nacional, que fue el intento más potente del sector de la agricultura familiar por visibilizar sus históricas demandas. Muchos de sus dirigentes hoy ocupan cargos en la Secretaría y deben avalar con acciones la prédica que los llevó hasta allí. No hay ningún ánimo de demonizarlos: De que son militante sociales que se han calzado el traje de funcionarios no caben dudas.

Nunca los productores más chicos estuvieron tan cerca del poder: El Foro Agrario presentó sus 21 demandas a Basterra

Así, y más allá de la preminencia del Movimiento Evita (especialmente en el despliegue territorial de la Secretaría), entre los 27 cargos ejecutivos hay representantes del MTE Rural (la agrupación de Juan Grabois), del Mocase santiagueño, de MSC Vía Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA), y de la FONAF (Federación de Organización de la Agricultura Familiar). Incluso hay un representante del pueblo mapuche, Roberto Ñancucheo, ocupando la Coordinación de Pueblos Originarios.

Este desembarco masivo en el Estado ha dado lugar a visibles irregularidades administrativas. Un total de 23 de los 27 puestos en juego se han cubierto apelando a excepciones del artículo 14 del Convenio para la Administración Pública, que establece los requisitos mínimos para ocupar un cargo de director para arriba en el Estado Nacional. Sea categoría A, B, C o D, el funcionario en cuestión debe acreditar un título universitario o por lo menos terciario, que la inmensa mayoría de estos militantes no tiene.

Semejante porcentaje de “excepciones” (que permite a los funcionarios finalmente cobrar salarios de categorías a las que no podrían aspirar) marca a las claras el estado de cosas del que estamos informando. No desacredita a nadie. Es un dato.

Lo que sí da algo de tristeza es que casi no queda ningún casillero por cubrir con funcionarios que hayan hecho una carrera dentro del propio Estado, más allá y superando los gobiernos de turno. Representante de esa “burocracia” tan denostada pero a la vez tan necesaria en los Estados modernos es Diego Castro, que es el director nacional de Desarrollo Rural, estudió agronomía y viene de trabajar en el INTA Luján. La otra excepción que podría confirmar la regla es Pedro Naon, también agrónomo, que desde Bariloche coordina la regional Patagonia de la Secretaría y ya tenía experiencia previa en las áreas de Desarrollo Rural de la provincia. Otro caso semejante es el de Luciano Guichet, que aunque sin estudios venía trabajando en las pocas zonas rurales que quedan en el Municipio de Almirante Brown.

Hay una rareza, pues se trata de un funcionario que no proviene del variopinto de organizaciones campesina. Se trata del agrónomo Walter Martín, que ocupa la dirección de Producción y Abastecimiento Local y proviene del peronismo bonaerense. Martín fue director de producción del municipio de Daireaux y en el anterior gobierno de Cristina ocupó la conducción nacional del programa Cambio Rural 2 cuando el ministro era Carlos Casamiquela.

Duele decirlo. De los 27 cargos más altos de la Secretaría de Agricultura Familiar hay solo 10 que tienen un título universitario: hay dos abogadas, un economista, una socióloga, un ingeniero electricista, cuatro agrónomos y un ingeniero forestal. No es peyorativo sino simplemente un dato: la mayoría de las resoluciones firmadas por el ministro Luis Basterra se refieren a los designados como señor o señora.

Este es el listado completo de funcionarios de dicha secretaría de Estado:

Esta breve crónica que expone la altísima dependencia política que tiene la estructura actual de funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar seguramente para algunos constituya prueba suficiente de la degradación que está sufriendo el sector público a manos del kirchnerismo. Para otros, convencidos de que el Estado debe producir modificaciones de fondo, no tendrá nada de malo ver a tantos militantes en puestos ejecutivos sino todo lo contrario. En uno u otro caso, con la biblioteca dividida, habrá que esperar los resultados de este ensayo para terminar de construir un juicio de valor.

Para este cronista, simple observador de la situación, de lo que no quedan dudas es que ese sector del Ministerio de Agricultura ha sido cooptado por la política y que ya casi no quedan funcionarios de carrera. Fue cooptado como antes. O mejor dicho como casi siempre.

La única gran cosa que debería preocuparnos es determinar si reinaugurando las políticas, con nombres y caras nuevas cada tanto, se mejora efectivamente la situación de los pequeños productores de este país. Allí sí hay evidencias -el éxodo y la pobreza rural- que parecen decir todo lo contrario.