Este domingo se realizará la inauguración de la exposición rural de Comodoro Rivadavia. Para participar del acto, hacia esa ciudad patagónica viajarán el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y los presidentes de CRA, Jorge Chemes, y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Será la primera vez que el funcionario se vea las caras con dos de los principales dirigentes rurales del país luego de las febriles negociaciones para rehabilitar las exportaciones de carne vacuna que todos ellos protagonizaron en diciembre pasado.
“Libre es libre”, fue la frase que en aquel momento utilizó Domínguez en una conferencia de prensa para ratificar que la mayor parte de las exportaciones de carne quedarían liberadas. En aquellas negociaciones con la Mesa de Enlace, el titular de Agricultura prometió desmantelar todos los cupos vigentes desde junio de 2021, y mantener solamente la prohibición de exportar siete cortes populares. Eso fue además lo que quedó escrito en las resoluciones publicadas por Agricultura, aunque -vale decirlo- muchos aspectos del negocio quedaron sumergidos en una nebulosa
Junto a sus pares de la Mesa de Enlace, Nicolás Pino se tomó el mes de enero para analizar lo que pasaba con los embarques. Pero con los primeros números extraoficiales sobre las exportaciones de carne de 2022, el presidente de la Rural confirmó que sucede lo que muchos empresarios del sector frigorífico le venían contando a Bichos de Campo.
“El ministro nos dice que está todo libre, que no existen las cuotas. Pero vos vas con tu papelito y te lo rechazan”, afirmó el ruralista en referencia a las Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carne (DJEC), el salvoconducto que los exportadores deben tramitar obligatoriamente en las ventanillas de la ex ONCCA, y que funcionan como los viejos ROE Rojos implementados por Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray tras el primer cepo exportador vigente entre 2007 y 2015. El frigorífico lo presenta ante Agricultura, que consulta a Comercio Exterior, y si está todo bien avisa a la Aduana que está permitida esa operación.
Se supone que el Estado tiene cinco días hábiles para aprobar o rechazar cada trámite, pero en los últimos días se vienen acumulando las denuncias de empresas que presentan sus DJEC ajustándose a las nuevas reglas y ni siquiera tienen respuestas.
Tal como informó este portal, uno de los “rebotes” más habituales sucede con quienes quieren exportar Garrón y Brazuelo (el popular osobuco), un corte que no está prohibido y que es muy requerido por China. Pero el presidente de la Sociedad Rural también pudo establecer que hubo rechazos injustificados de cortes como la cuadrada y parte del Rost Beef, pese a que no figuran en la lista de los prohibidos.
“Lo hacen a propósito, no te dicen por qué. y no podes continuar con el tramite”, resumió Pino asumiendo como propias las quejas de las plantas exportadoras.
En este nuevo escenario y a pesar de las promesas de “liberación” efectuadas por Domínguez a la Mesa de Enlace, los números preliminares de enero dan cuenta de un descenso visible de las exportaciones de carne vacuna. En diciembre pasado la Argentina exportó 46.250 toneladas peso producto de carne, incluyendo unas 8.000 toneladas de huesos de la despostada. Y ahora, los envíos totales habrían caído a entre 38.000 o 39.000 toneladas.
“Si la fotografía decía que hasta el 31 de diciembre estaba todo cuotificado, que a partir del 1° de enero el gobierno las cuotas desaparecían y todo quedaba liberado salvo ciertos cortes, pero las exportaciones caen de ese modo, ¿cómo funciona la cosa?”, se preguntó Nicolás Pino. El interrogante no puede ser respondido por razones del mercado, ya que la demanda externo sigue firme y los precios son elevados.
En la Rural y en otras entidades del agro saben que a mediados de enero hubo una reunión entre la industria frigorífica exportadora y Jorge Ruiz, el hombre elegido por Domínguez para ser su nuevo jefe de Gabinete y por lo tanto dirigir el flamante Observatorio de la Carne (aunque ni una ni otra cosa -la designación y la creación del Observatorio- han sido oficializadas por sus respectivas resoluciones). Y sospechan que allí -al margen de lo que habían acordado con Domínguez- se impusieron extraoficialmente las verdaderas reglas de juego.
“Nosotros confiamos en que la voz autorizada era la del ministro de Agricultura. Esa palabra tiene que valer, tenemos que defender el valor de esa palabra”, enfatizó el presidente de la SRA, que se mostró alarmado por ciertos grados de discrecionalidad que pueden estar existiendo en la distribución de los permisos de embarque y anticipó que reclamará a Domínguez, para empezar, una mayor trasparencia.
-¿Cómo sería más transparente el sistema?- le preguntó Bichos de Campo.
-Para empezar le voy a pedir al ministro de Agricultura que muestre todos los pedidos de embarque y los motivos de cada rechazo. Así podemos saber de qué se trata- respondió el dirigente de la Mesa de Enlace.
La ex ONCCA (Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario) es el organismo del Ministerio que recibe los DJEC y debe responder sobre cada uno de ellos en el transcurso de cinco días. Pero ese área del Ministerio, que desde que comenzaron las restricciones a la exportación de carne es dirigida por el contador Luciano Zarich, nunca publicó información sobre la cantidad de DJEC aprobados y rechazados, y mucho menos los motivos de cada negativa.
En este escenario, resulta imposible saber si el gobierno está cumpliendo con lo que prometió Domínguez y lo que dicen sus resoluciones.
En la línea de mandos de la cartera agropecuaria Zarich responde ahora al flamante secretario de Agricultura, Matías Lestani, que conoce al dedillo los términos del pacto sellado en diciembre entre el ministro Domínguez y la Mesa de Enlace, por cuanto participó de las tratativas directamente como asesor técnico de CRA. Eso fue antes de dar el salto a las filas del gobierno.
En los últimos días, a través de una nota publicada en el diario La Nación, el Ministerio de Agricultura puso al rebrote de casos de Covid como la excusa para justificar las demoras en la aprobación de los DJEC. Pero nunca explicó por qué no se hace pública esa información como sucede, por ejemplo, con otros permisos de exportación tramitados por los privados ante ese organismo.
En el comercio de granos y subproductos, que es mucho más complejo y mueve bastante más dinero que la carne vacuna, el organismo administra las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas de Exportación), y todos los días la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios publica no solo los permisos aprobados para cada empresa en cada rubro sino también una extensa lista de DJVE rechazados y sus motivos.
Para poder controlar que Domínguez cumpla su palabra (“libre es libre”, dijo el ministro) Pino reclamará ahora al gobierno que lo mismo suceda con la carne.