En la Argentina los debates son espasmódicos: los temas van y vuelven y se terminar resolviendo a los ponchazos y en medio de urgencias. De otro modo no se entiende que el tema del VISEC y la necesidad de trazar la producción de carne y soja haya salido completamente de cartelera, como si los europeos hubieran suspendido por completo la aplicación de su Reglamento antideforestación y no solo lo hayan aplazado un año, como realmente sucedió, hasta comienzos de 2026.
En Brasil se toman mucho más seriamente este tipo de situaciones, y por eso el tema nunca se dejó de discutirse como pasó aquí. De hecho hay grandes empresas exportadoras que se siguen preocupando por cumplir con la exigencia europea de que todos las importaciones de soja, carne y otros commodities deben provenir de campos que no hayan sido desmontados luego de 2021. Pero también hay grupos de productores que se oponen a esa diferenciación, considerando que se trata de una barrera paraarancelaria.
Es lo que sucedió con la Asociación de Productores de Soja de Brasil (Aprosoja Brasil), que no se durmió en los laureles de la prórroga europea sino que sigue activando una tenaz resistencia contra el Reglamento 1115 de la Unión Europea, al punto de salir a recomendar a los productores del vecino país que no acepten los requisitos sobre deforestación que los compradores del grano tratan de imponerles en los contratos de compra venta de la nueva cosecha.
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“Los productores rurales y las entidades firmantes de este documento se oponen públicamente a la inclusión, en los contratos de compraventa de soja, de la obligación de los productores de cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Antideforestación de la Unión Europea”, dice un comunicado de esa entidad de cadena que está desplegada por todo el vecino país.
El concepto de los sojeros brasileños es claro: Argumentan que “la legislación ambiental brasileña aplicada a las propiedades rurales ya es suficiente para preservar el medio ambiente y la soja brasileña se cultiva desde hace décadas, principalmente en áreas de pastoreo”, explican. También ironizan “no hemos visto el mismo esfuerzo de la Unión Europea, por ejemplo, para implementar partes de la legislación brasileña en los países del bloque europeo, como el área de preservación permanente obligatoria y la reserva legal mínima, lo que expone el carácter proteccionista de la medida”.
“El productor rural brasileño es el único en el mundo que conserva una franja de bosque a lo largo de las riberas de los ríos, en las cimas de los cerros y alrededor de las nacientes, además de una reserva legal que va del 20% al 80% de vegetación nativa, con alta biodiversidad, en su propiedad rural. Esto representa una inversión privada de estos productores de 3.100 millones de Reales en preservación ambiental y 227 millones de hectáreas o 26,6% del territorio nacional”, ensalzó el documento.
Que insiste, mostrando orgullo por estas políticas: “Como este es el año de la COP en Brasil, el mensaje que queremos transmitir es que todos los países deberían adoptar mundialmente el Código Forestal Brasileño, a través del cual sus productores rurales preservarían, como lo hacen los brasileños, entre el 20% y el 80% de la vegetación nativa, además de las riberas de los ríos, nacientes y cimas de los cerros, inspirándose en el buen ejemplo de Brasil”.
“Por eso, comprometidos con la sustentabilidad de la producción de soja, no aceptaremos ninguna otra norma ambiental para la producción de alimentos que no sea nuestro Código Forestal. Señalando también que el único escenario en el que un productor podría optar por cumplir con la Ley Antideforestación sería si el mercado le ofreciera un sobreprecio sobre el precio de la soja producida a partir de esa superficie que no fue deforestada después de 2020, y eso justificara la pérdida financiera para el productor y el costo de segregar esa soja. Pero no aceptaremos imposiciones proteccionistas”, ratificaron los productores brasileños.
Aquí, en cambio, los plazos transcurren en silencio.
En el Congreso de Brasil este tema también está siendo discutido: Luego de las polémicas que involucran a las multinacionales francesas Danone y Carrefour por imponer restricciones a productos agrícolas brasileños y del Mercosur, alegando que no cumplían los estándares definidos por Europa, se ha n presentado un proyecto de ley de Reciprocidad, que ya es analizada por la Comisión de Medio Ambiente (CMA) del Senado.
El Proyecto de Ley 2088/2023 establece que los productos importados sólo podrán provenir de países que adopten normas ambientales equivalentes o más estrictas que las de Brasil. Entre los criterios exigidos están niveles de emisiones de gases de efecto invernadero iguales o inferiores a los de Brasil y la adopción de normas de protección ambiental compatibles con el Código Forestal Brasileño. El Proyecto tiene como ponente a la senadora Tereza Cristina, ex ministra de Agricultura.
