Cuando allá por 1998 se sancionó la Ley 25.080 -que instituía un régimen de promoción de inversiones para nuevos emprendimientos forestales, así como para la ampliación de bosques existentes-, los productores de ese sector celebraron, porque dentro de ella iban incluidos una serie de aportes no reintegrables para pequeños y medianos forestadores, con los cuales tendrían mayor apoyo para implantar nuevos bosques. En ese momento, la superficie forestada era de 1,2 millones de hectáreas.
Pero la felicidad duró poco: la normativa no contemplaba actualizaciones por inflación, por lo que los subsidios generalmente resultaron estar muy por debajo de los costos estimados. A esto se sumó una creciente demora en la concreción de los pagos, por parte de los diferentes gobiernos, que hicieron que la Dirección Forestal deba en la actualidad varios cientos de millones de pesos.
“Cuando hicimos la ley, intentamos poner beneficios para distintos tipos de inversores. Los pequeños, que forestaban más bien para el ahorro, necesitaban apoyo para los agroquímicos, los plantines, y ese tipo de cosas. Para ellos se planteó un subsidio. Para los grandes, que plantaban más de 300 hectáreas al año, se establecieron beneficios fiscales en materia del impuesto a las Ganancias”, contó a Bichos de Campo Daniel Maradei, el ex director nacional de Desarrollo Foresto Industrial y actual consultor privado.
En el caso de las plantaciones más chicas, los interesados debían declarar, entre otros puntos, sus objetivos, la locación, las variedades a plantar, etc. De ser aprobado, la provincia debía certificar el proyecto y remitirlo al entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para emitir el pago en función de la cantidad de hectáreas.
“Se suponía que cubría entre el 70% y el 80% de los costos que habías tenido. Eso funcionó muy bien en los primeros años, porque no teníamos inflación. Lo que te pagaban era un monto que te cubría prácticamente todo lo que vos habías invertido”, señaló Maradei.
Para las plantaciones de mayor tamaño, el beneficio contemplaba -además de la promesa de estabilidad fiscal por treinta años- un avalúo de las plantaciones a valores reales. Eso permitía que el costo erogado se mantenga fijo hasta el momento de la venta, gracias a lo cual el impuesto a ganancias a pagar era menor.
Con la escalada de la inflación, y el cambio de gobierno entre Menem y De la Rúa, el panorama se complicó.
“La ley no tenía actualización, y lo que el Estado te pagaba no te cubría tanto como en la idea original. Y después se crearon una cantidad de trabas burocráticas que fueron innecesarias. Después, como ocurre siempre, con el cambio de gobierno todo lo que hizo el anterior no servía y se empezó de nuevo”, sostuvo el ex funcionario.
Frente a este panorama, el área Forestal de la Secretaría de Agricultura (o ministerio, según la época) intentó equilibrar la balanza. Según indicó el especialista, declaró costos más altos para que puedan ser absorbidos en parte por la inflación. Esto sucedió principalmente durante el gobierno de Mauricio Macri, que además derivó recursos del pago de seguros para normalizar ese pasivo, aunque duró poco tiempo porque los pagos comenzaron a demorarse nuevamente.
“No hay que olvidar que el Ministerio, devenido ahora en Secretaría, siempre fue de Agricultura, Ganadería y Pesca, y nada más. Los cultivos regionales siempre han tenido un tratamiento muy inferior a lo que son los cultivos de la pradera pampeana. En la medida en que no haya interés de parte de la Secretaría, Economía no se preocupa en mandarte fondos”, rememoró Maradei.
“Con lo cual, los productores han sido totalmente engañados. Han hecho una inversión con la promesa de que tarde o temprano iban a recibir algún reintegro económico y no recibieron nada”, estableció.
Para él, el impacto de la falta de pago de estos subsidios se hace aún más evidente en un contexto de caída de la demanda de madera.
“Hoy los aserraderos, tanto de Corrientes como de Misiones, se están cerrando o están disminuyendo turnos de trabajo porque ha caído muchísimo la demanda interna. Los grandes aserraderos siguen exportando. Van a dar menos o más plata, pero siguen exportando. Pero a los pequeños y medianos aserraderos, que tienen sus clientes solamente en el mercado interno, se les ha caído muchísimo la demanda”, sostuvo el especialista.
-Luego de su última renovación en 2018, la Ley 25.080 estará vigente hasta 2028. ¿Creen que en algún momento el sector puede soñar con su actualización?- le preguntamos.
-Sinceramente no creo que hoy estén muy preocupados por esto. Las otras renovaciones se hicieron con un apoyo total y absoluto de las provincias. Hoy en día es muy poco el interés en hacer forestación de parte del pequeño productor, porque los precios que se obtiene de la madera nunca fueron demasiado buenos, y porque no hay garantía de reintegro. En Brasil, en Uruguay, en Chile el valor de la madera en pie sigue siendo muy superior al de Argentina. A pesar de que ahora en Corrientes se han instalado dos proyectos importantes en cuanto a demanda de madera, en general hay exceso de oferta con respecto a la demanda instalada.
Perdón, lo que permite el Decreto Reglamentario de la ley, es considerar costo contable al valor real y actual de la plantación al momento de la venta. De ese modo el impuesto a las ganancias sigue vigente, pero se aplica sobre un valor mínimo, que tiende a cero.