El fin de semana pasado el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y presidente de la obra social Osprera, José Antonio Voytenco, sufrió por orden judicial el embargo de sus bienes y la inhibición de sus cuentas en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, además allanó domicilios de Osprera, suspendió a todo su directorio y resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte “las medidas de control, supervisión y gestión que estime necesarias, en particular, ejecutar las acciones pertinentes, a fin de garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura”.
Luego de una intervención judicial que comenzó en marzo de 2023, Osprera fue desde entonces noticia recurrente tanto en el gobierno anterior como en el presente, dado que la dirigencia de Uatre denunció constantes intentos por apoderarse de la obra social de los trabajadores rurales al tiempo que funcionarios del gobierno nacional aseguraban su intención de terminar con los desmanejos en la segunda obra social más importante del país por cantidad de afiliados.
Sin embargo, desde Bichos de Campo creemos que a la noticia le está faltando un ingrediente esencial: el trabajador rural, que es, precisamente, el fin último –en teoría– del servicio de salud prestado –o que debería prestar– Osprera.
La realidad es que las quejas, denuncias y demandas judiciales contra Osprera por no prestación del servicio son crecientes y nada indica que la situación esté en vías de solución; más bien lo contrario.
Un testimonio al respecto puede darlo Jorge Edgardo Green, quien en abril de 2022, mientras se encontraba realizando trabajos de apartamiento de animales, sintió un pinchazo en una pierna, lo que motivó el inicio de sesiones de fisio-kinesiología e ingesta de analgésicos, sin poder revertir la dolencia.
El médico determinó que necesitaba una prótesis de cadera a los efectos de realizar una cirugía de reemplazo de la misma, para lo cual inició los trámites ante Osprera, sin obtener un resultado favorable. Entonces decidió iniciar una demanda contra la obra social (Green Jorge Edgardo c/ Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina s/ Amparo Ley 16.986).
Así el 22 de noviembre de 2023 el titular del Juzgado Federal de Pehuajó, Héctor Andrés Heim, dispuso que Osprera en el término de 72 horas debía entregar a Green “una prótesis de cadera no cementada, importada, cabeza de 36 cerámica, linner polietileno, denominada prótesis Accolade II/Trident (Stryker) o prótesis Zimmer/Biomet a efectos de que al actor se le practique la cirugía para su correspondiente implantación”.
El representante legal de Osprera indicó que no correspondía realizar un pedido de prótesis por marca comercial y que la obra social ofrecía cobertura de una prótesis de origen nacional al 100% de su valor.
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Cumplido el plazo otorgado, Osprera no entregó la prótesis y el juez aplicó una multa a la obra social de 20.000 pesos por cada día de demora en el cumplimiento de la prestación ordenada, para lo cual fue embargada la cuenta que Osprera posee en el Banco Nación.
“No obstante las sanciones impuestas, la obra social persistió ya no solo en el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en autos, sino que a ello le agregó un cabal desinterés por defender su postura en este proceso, quedando evidenciado en la falta de sustanciación de todos y cada uno de los requerimientos cursados”, señala la causa.
“Por lo tanto, la parte actora acompañó una nueva liquidación. Esta vez la interesada detalló que el computo se encuentra efectuado desde el día 7 de marzo de 2024 hasta 29 de abril de 2024, arrojando como resultado un total de 54 días, por el monto de 1.080.000 pesos –a razón de 20.000 pesos por día de incumplimiento–. Firme la liquidación, se ordenó un nuevo embargo y transferencia a la cuenta a nombre de autos, radicada en la sucursal Pehuajó del Banco de la Nación Argentina”, añade.
Como Osprera siguió sin responder al reclamo, el representante legal de Green adjuntó un presupuesto donde constan los valores de la prótesis que reclama y los gastos que conllevaría su implantación, de manera tal de solicitar el embargo de esa suma mediante un mecanismo similar al implementado en la imposición de las multas.
Finalmente, en octubre pasado el juez procedió a embargar a Osprera por la suma de 9.740.000 pesos “en virtud de los presupuestos incorporados a estas actuaciones, los cuales reflejan el costo de las prestaciones que le fueran reconocidas a la parte actora en el pronunciamiento definitivo recaído en autos”.
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“Sin embargo, ante la desidia y la actitud abúlica expuesta por la condenada, fue la parte interesada quien tuvo que encausar las prestaciones que requiere, consultando a las instituciones médicas de su confianza y elaborando los presupuestos pertinentes. En todo momento, durante en tránsito del procedimiento, se le dio intervención a la obra social, concediéndole numerosas oportunidades de manifestarse en lo que considere adecuando, no obstante, ante la omisión de todo tipo de pronunciamiento han de declararse firmes los presupuestos incorporados por la parte actora a este expediente, los cuales fueran detallados ut supra”, determinó el magistrado.
