Bichos de Campo publicó días atrás un listado de las regiones del país que, según el “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” elaborado por el gobierno, deberían ser objeto de políticas de conservación que podrían condicionar las actividades productivas que allí se desarrollan. La publicación, obviamente, trajo temor a muchos productores que podrían verse afectados por este avance concreto de la política ambiental sobre sus predios agropecuarios. Pero en este texto, Alejandro Diego Brown, el presidente la Fundación Proyungas, cree que los políticos y el sector agroalimentario deberían ver esto como una posibilidad de congeniar conservación y producción en un nuevo modelo de desarrollo.
Sin duda la agenda ambiental tanto nacional como global, interpela al sector productivo, y en ese contexto, donde parece haber una crítica de la sociedad sobre nuestro modelo de desarrollo agropecuario y forestal, está la solución.
La “Agenda Verde”, motorizada a escala global por la Unión Europea, busca entre otros objetivos alcanzar estándares ambiciosos en materia de protección de bienes y servicios ambientales. Mientras el Convenio de Diversidad Biológica, que Argentina refrendó, busca proteger al menos el 17% de los ecosistemas terrestres, la UE impulsa levantar la vara y llegar a lo que se llama el “30 x 30” (30% de protección para el 2030).
La Argentina está llevando a la COP de Egipto una serie de compromisos a través del Gobierno Nacional, compromisos posiblemente muy poco consultados, que tendrán que cumplir los próximos gobernantes y fundamentalmente, aquellos de las provincias del interior donde aún reina la naturaleza en grandes espacios.
Esto no debiera ser un problema para el desarrollo del país, sino por el contrario el sector productivo lo tiene que transformar en una oportunidad de inserción de sus productos en el mundo.
El proceso de desarrollo, y por ende de transformación de la naturaleza, no ha sido homogéneo en todo el país, existiendo un “núcleo” (la Región Pampeana), que se transformó casi completamente en agroecosistemas hace más de 100 años, desplazando biodiversidad y pueblos originarios. El resto del país lo fue haciendo gradualmente y en distintas intensidades hasta el presente y no debemos frenarlo, sino complementarlo.
Estos espacios tempranamente transformados en nuestra historia pusieron muy poco esfuerzo en la protección de bienes y servicios ambientales, porque como pasa a escala global con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), no fué detectado en su momento como un problema.
En el otro extremo de compromisos nacionales de protección de la naturaleza, tenemos ecorregiones como los Bosques Andino Patagónicos y en menor medida la Selva Misionera y las Yungas, con un esfuerzo de protección de larga data, superior en promedio al 20%. Entre medio tenemos una gama amplia de ecorregiones algunas de alta presión productiva (como las ecorregiones de Campos y Malezales, Espinal) y otras de menos presión actual (como Monte, Estepa Patagónica, Puna y Altos Andes), todas ellas de muy bajo esfuerzo de protección.
Argentina en promedio protege con Parques y Reservas aproximadamente un 12% de nuestro territorio. Las provincias aportan un 80% de la superficie conservada, en tanto Nación lo hace con el 20% restante. La diferencia entre este porcentaje y lo deseable está en el vínculo y aporte del sector productivo.
Esta protección debe desarrollarse como parte del modelo productivo y sustentado por este mismo. En ese sentido nuestro país tiene extensas superficies naturales en contextos productivos. Estos bienes y servicios ambientales protegidos (nosotros los llamamos “Paisajes Productivos Protegidos”) sirven a la producción, pero fundamentalmente la producción sirve a la protección de los mismos. Un vínculo proactivo y positivo que puesto en valor (identificado y visualizado) debe asegurar a nuestras producciones alcanzar y mantener mercados al largo plazo en todo el mundo.
En síntesis, la solución no es blanca ni negra, sino en un intermedio donde la producción y sus sistemas naturales asociados serán la garantía de la sustentabilidad de nuestras producciones y de la calidad ambiental de nuestro país.
Esta mirada intermedia aún no perforó la estrategia planteada por el Consejo Agroindustrial Argentino en su “Plan Federal Agroindustrial” para el próximo quinquenio. Es deseable que además de las necesarias correcciones macroeconómicas e impositivas se ponga en valor el “capital natural” mantenido por el sector productivo como garante ambiental de nuestras producciones y que nos ayude a llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones anuales hacia un mundo ávido de productos generados con responsabilidad ambiental y social. Producir más entonces será la base de proteger más los servicios de la naturaleza, vitales para mitigar y adaptarnos al Cambio Climático.
Alejandro Diego Brown, Presidente ProYungas
