El decreto 462/2025 también le dedicó un capítulo al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que desde ahora perderá la autarquía y pasará a estar bajo la órbita directa -quizás como una simple dirección- de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, al igual que sucedió con el INTA y el INASE.
En el capítulo 1 de esta norma publicada en el Boletín Oficial, el gobierno introdujo numerosos cambios a la Ley General de Vinos (N° 14.878), mediante la cual se creó este Instituto y se fijaron las pautas respecto de la producción, industrialización y comercialización vitivinícola en todo el territorio.
A través de sus redes sociales, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó que lo principal es que “el INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada)”.
Además, sostuvo que “las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, a disposición de los productores que las requieran, y podrán ser emitidas por el propio INV o por entidades privadas”. De acuerdo con el funcionario, esto obligará al ente regulador a tener “cordura”, algo que “no necesita tener si los productores están obligados a recurrir en exclusiva al ente estatal”.
“De esa manera sacamos al INV de la función de producción para concentrarlo en el control del producto que es lo que realmente importa”, afirmó Sturzenegger.
Entre los distintos artículos que se eliminan, la normativa también suprime el decreto 1279 del 23 de mayo de 2003, mediante el cual se definió la conducción de esa cartera. En su artículo 1°, aquella medida de principios de siglo definió que el INV tendría un presidente y un vicepresidente elegidos por la Secretaría de Agricultura, que deberían “poseer título de de Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Enología u otro de nivel universitario equivalente y afín con dichas materias”.
En cuanto a las certificaciones para exportaciones, el gobierno definió que seguirán siendo expedidas por el INV cuando los países de destino así lo exijan. “Que esto se mantuviera fue un pedido unánime de toda la industria y también del gobernador Alfredo Cornejo (que también pidió que mantuviéramos el nombre del instituto)”, aseguró Sturzenegger.
“Con esta medida se pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso e ineficaz, que durante años perjudicó el desarrollo de una de nuestras principales economías regionales. A su vez, a partir de la centralización del organismo se generan ahorros por la eliminación de sus estructuras de apoyo administrativo”, concluyó.
De acuerdo con el medio MDZ, Bodegas de Argentina (BdA), la cámara que nuclea a más de 200 empresas vitivinícolas del país, apoyó la medida aunque sostuvo que es importante preservar las funciones de control y fiscalización dentro del organismo.
“Apoyamos toda iniciativa orientada a simplificar procesos, reducir burocracia y potenciar la competitividad del vino argentino en el mundo. En definitiva, a mejorar las condiciones para el desarrollo de nuestros negocios. Entendemos que esta reforma debe tener como eje la eficiencia y el fortalecimiento de las condiciones para producir y exportar más y mejor. Al mismo tiempo, creemos que preservar las capacidades técnicas del INV para garantizar la calidad, la trazabilidad y la identidad de nuestros productos es fundamental”, indicaron desde esa cámara.
