“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.
Con ese artículo, un nuevo decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y todo su gabinete de ministros, aceptó el freno que le puso el Congreso al Poder Ejecutivo, y dio marcha atrás con una serie de medidas tomadas en los últimos meses, que incluyen la intervención y degradación del INTA y otros organismos autárquicos.
De hecho, este nuevo Decreto 627/2025, restituyó todo lo que había sido modificado por el Decreto 462/25, que fue el que -impulsado por Federico Sturzenegger- dispuso la degradación institucional del INTA, del INTI, del Instituto de Vitivinicultura, del Instituto de Semillas y hasta del Instituto de Agricultura Familiar. En todos esos organismos dependientes del Ministerio de Economía, todo vuelve a fojas cero.
Pero se mencionan otros decretos igualmente importantes, que ya no tendrán vigencia: el 345/24 disponía la fusión y eliminación de varios institutos históricos; el 351/25 disponía la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos; y el 461/25 disponía la disolución del la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En todos esos casos la motosierra de Milei perdió filo y chocó contra una orden en contra del Congreso Nacional, que derogó días atrás todos esos decretos. A la vez, en este Boletín Oficial se publicó también otro decreto que “restituye” la plena vigencia de las disposiciones derogadas por el Decreto 340/25, que fue el que aprobó un “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”. Con lo cual también en materia de navegación en la Hidrovía, todo vuelve para atrás.
De todas las normas derogadas, la que más interesa a nuestros lectores es sin duda la referida al INTA. Luego de la votación en el Senado del rechazo al decreto 462/25, se esperaba que el Poder Ejecutivo emitiera este dictamen jurídico restableciendo el sistema de gobernanza histórico en el Instituto Tecnológico, es decir que reasunción del Consejo Directivo de la entidad, con la participación de diez consejeros (tres del propio Ejecutivo, dos de las universidades y cinco de la Mesa de Enlace más CREA).
Los dirigentes de las entidades agropecuarios mantuvieron una reunión el lunes por la tarde. Decidieron allí -como casi siempre- algo que ya no tiene demasiado sentido: pedir una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, para ver cómo seguía la película. Este decreto les ahorra ahora esa reunión, ya que es suficientemente claro: todo vuelve a como estaba. Como dijo Bichos de Campo este domingo, a los ruralistas no les queda otra opción que ponerse los pantalones largos y trabajar. Si quieren un INTA sano y productivo, también es su responsabilidad. Y si quieren vender los campos y echar gente -que era finalmente el único proyecto conocido del gobierno de Milei- también deberán decidirlo ellas.
El nuevo decreto que normalizaría la situación jurídica en todos los organismos descentralizados del Ministerio de Economía, es un extenso análisis jurídico en el cual el gobierno retrocede de todas sus pretensiones reformistas, ya que esa es la orden que emanó del Congreso Nacional, poder al cual no se puede desafiar.
De hecho, en el artículo 2, luego de aceptar la derogación de los mencionados decretos previos, la nueva norma también restituye “la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025, dictadas como consecuencia de la aplicación de los Decretos 345 del 21 de mayo de 2025, 351 del 22 de mayo de 2025 y 461 y 462, ambos del 7 de julio de 2025”.
¿Esto qué quiere decir? Que también se da marcha atrás con una serie de decretos posteriores a los que impulsaron la intervención del INTA y otros organismos. En el caso que nos ocupa, el Decreto 571 fue el que eliminó de un plumazo al Dirección Nacional del INTA, que es la instancia de dirección burocrática formada por los propios investigadores del INTA, elegidos por concursos, y que debe implementar las órdenes que emanen del Consejo Directivo.
A partir de esta decisión, se supone que debería retomar sus funciones el director nacional del INTA, Ariel Pereda, quien se resistió a esta intervención y requirió de un decreto especial para ser desplazado, que hoy pierde vigencia.
A la vez se eliminó el decreto 585/25, que es el que definió nuevas estructuras y funciones para el INTA y el resto de los organismos descentralizados, a la medida de lo que pensaba el gobierno de Milei. Esto involucra también al resto de las dependencias de Economía. El sueño libertario de concentrar todo el poder de decisión en unos pocos funcionarios ha concluido. Lo mismo que las apetencias del Ministerio de Economía de administrar concentradamente todos los recursos de personal y presupuestarios.
“El restablecimiento dispuesto precedentemente, comprensivo de las estructuras organizativas será, en cada caso, en los términos del texto vigente a la fecha del dictado de esos Decreto”, define este desenlace. Esto abre un manto de dudas respecto de cómo funcionará finalmente la Dirección Nacional de INTA, que ya había sido reorganizada previamente en abril/mayo a instancias del responsable de Producción en el gobierno, el titular de ARCA y concuñado de Iraeta, Juan Pazo.
Como sea, con estos retrocesos la famosa motosierra escribió su fracaso más estrepitoso.
