Las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace, que hasta ahora han mantenido una relación más que cordial con el gobierno de Javier Milei, se reunieron en los últimos días para analizar la propuesta oficial para que la Argentina adhiera a la UPOV 91, una convención internacional que defiende la propiedad intelectual de los creadores de nuevas semillas. Esa es una de las condiciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos para avanzar en un acuerdo de libre comercio. Pero el ruralismo ya advirtió que, a pesar de aceptar que deben hacerse correcciones a la legislación actual, no prestará su conformidad a esa decisión, que suponen muy ventajosa para las empresas semilleras y perjudicial para los productores.
La encargada de transmitir públicamente esta posición del sector agropecuario fue Andrea Sarnari, la presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA) en una entrevista concedida este domingo al programa Rivadavia Agro, por Radio Rivadavia. Luego, la dirigente confirmó a Bichos de Campo que esta es la posición común adoptada por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (se completa con CRA, la Sociedad Rural Argentina y Coninagro), además del Movimiento CREA. Y que la misma será comunicada a la conducción de la Secretaría de Agricultura en una reunión prevista para el martes próximo en horas de la tarde.
“Mañana arrancamos con una semana bastante dinámica, porque se viene Expoagro y aprovechamos también para tener una intensa agenda de trabajo institucional. Entre otras cosas, porque vamos a tener diferentes reuniones continuando trabajos que venimos haciendo”, anticipó la dirigente en al entrevista radial. Luego precisó que “puntualmente uno de los nuevos temas que se han puesto sobre la agenda en estos días y que seguramente vamos a estar trabajando con la Secretaría de Agricultura es el tema de UPOV 91, semillas y todo lo que se viene en discusión de propiedad intelectual”.
La adhesión de Argentina a ese convenio internacional que garantiza los derechos de los obtentores por cobrar regalías por sus desarrollos en semillas es una vieja aspiración del gobierno de Milei, ya que inicialmente estuvo incluida en el proyecto original de la Ley Bases. Por la resistencia de las entidades rurales y varios legisladores de la oposición finalmente aquel artículo se sacó de esa ley marco.
Pero ahora el propio Milei volvió a la carga en su discurso del domingo pasado ante la Asamblea Legislativa, diciendo que será uno de los proyectos que el Ejecutivo enviará a sesiones ordinarias para su tratamiento. Esta nueva ofensiva tiene una razón de ser: la adhesión a UPOV 91 es uno de los puntos incluidos en el acuerdo comercial firmado hace unas semanas con el gobierno de Donald Trump.
En este escenario, la dirigente agropecuaria anticipó que las entidades rurales se opondrán a esa ahersión y en cambio aceptarán una nueva reforma de la Ley de Semillas vigentes, que data de 1972, para mejorar el estado de cosas actual, donde las empresas semilleras no logran recuperar sus inversiones en investigación en soja o trigo, entre otras especies autógamas. Es que la Argentina ya cuenta con una adhesión a la UPOV, pero en su versión de 1978, que no es tan rígida en materia de propiedad intelectual como la que se dictó luego en 1991.
“Lo primero que tenemos que reconocer es que en Argentina ya hace más de 25 años que la Ley de Semillas viene teniendo un debate importante, interesante, porque ha cambiado la realidad tecnológica de lo que hoy tenemos y lo que conocíamos en materia de semillas. Ha habido mucha innovación, ha habido cambios, ha habido cambios también de formas de cultivar, de formas de usar esos productos. Y entonces es un debate que viene desde hace más de 25 años sobre cómo nos acomodamos para darle al obtentor, que es el que pone en definitiva el primer grano de alguna manera para desarrollar tecnología, una protección que lo reconozca en todos sus términos, no sólo en derechos sino económicamente también, para que pueda seguir invirtiendo”, se sinceró Sarnari.
Pero de inmediato consideró que a su vez se debe discutir “como el productor agropecuario también resguarda sus derechos y tiene libertad para elegir la mejor tecnología, para que le ofrezcan la mejor tecnología y para seguir usando de su semilla. Porque en semilla no todo es tecnología incorporada dentro de la semilla, sino que después hay un montón de otros factores que influyen, los naturales, por supuesto, en el suelo en el que la ponen, el clima que te toca, si llueve o no llueve, la humedad del suelo, la humedad del ambiente, pero también el trabajo que hace el agricultor, que es sembrarla en tiempo y forma cuando las condiciones están, el cuidado después de la planta”.
“Acá hay un esfuerzo para que el producto final salga bien, que es de varios eslabones dentro de esa cadena”, enfatizó la dirigente agropecuaria.
Sarnari recordó que en una primera instancia, cuando el gobierno intentó colar el convenio UPOV 91 en la Ley Bases, “”las entidades trabajamos mucho para que eso no suceda”. Y remarcó que ahora no han cambiado de posición pese a que “se vino el acuerdo con los Estados Unidos, donde le exige a la Argentina que nos agiornemos a los modelos internacionales de patentes”.
En la Mesa de Enlace, añadió, “éramos conscientes de que era muy probable que volviera al Congreso esa discusión, con lo cual nos adelantamos al tiempo. Las cuatro entidades nos juntamos y dijimos ‘primero pongámonos de acuerdo nosotros en el sector primario, pero tenemos que llegar a un acuerdo lógico con toda la cadena’. Así que en esa mesa de trabajo invitamos a las otras entidades que no son gremiales, pero son técnicas y trabajan con productores y son representantes de productores, que son AAPRESID y AACREA y nos pusimos a trabajar en los acuerdos básicos”.
El resultado de ese trabajo -que presentarán las entidades esta misma semana a la Secretaría de Agricultura-, no será motivo de alegría en el gobierno, que está muy comprometido en cumplir con todas las peticiones que les hizo Trump, y mucho menos con el presidente Milei esta semana de gira por los Estados Unidos.
“Nuestra propuesta pasa por mejorar UPOV 78, que es lo que tenemos, el régimen de semillas que aún tenemos, pero agiornado a estos tiempos, sin ingresar a UPOV 91”, sintetizó la presidenta de Federación Agraria.
Una de las cosas que los dirigentes rurales critican de la adhesión anticipada por Milei es que “es un régimen que se asimila bastante al derecho de patentes, aunque no es el derecho de patentes sino un régimen especial para los vegetales”.
“Siempre pongo este ejemplo: cuando vos inventás algo, por ejemplo, el levantavidrio. Cuando vos vas y comprás el auto, pagás por ese invento y por tantos otros. Pero vos pagás y te olvidás. No volvés a pagar cada vez que levantas el vidrio. ¿Por qué? Porque no es un ser vivo, porque no se reproduce. En la semilla eso es distinto. Todos los productores pagamos la tecnología que está dentro de una semilla, pero después no la podemos resembrar y volver a usarla, porque vuelve a nacer otra planta igual con otro producto similar. Entonces ahí es donde está la diferencia”.
“Hace muchísimos años, en el año 78, los países se pusieron de acuerdo y establecieron un régimen de protección de la propiedad intelectual para vegetales. Después, en el 91, eso se modificó y va hacia un sistema más parecido al de patentes. O que por lo menos abre la puerta a que haya dos posibilidades en un país proteger por derecho de obtentor, que para los vegetales también es proteger por patentes”, añadió la dirigente.
Que allí comenzó a exponer sus objeciones con el esquema propuesto desde el gobierno: “Si vamos hacia UPOV 91, el derecho que tenemos nosotros, que pagamos por la tecnología, no lo terminás nunca de pagar en la bolsa de la semilla, pues no se termina ahí el derecho del obtentor. El derecho del obtentor alcanza hasta el producto final, es decir, que la patente o el derecho de obtentor extendido alcanza al grano. Y si alcanza el grano, el obtentor va a poder no solo ir a cobrar y a reclamar su derecho al productor sino a toda la cadena agroindustrial que después utilice ese grano. Con lo cual nunca se agota ese derecho y no da certeza jurídica”.
“Quien compra grano de soja, para poner un ejemplo, y hace harina, no va a estar nunca con seguridad jurídica de si el productor lo agotó o no lo agotó cuando le pidió permiso al obtentor. En cambio, en UPOV 78 las reglas son mucho más claras. Sabemos cuándo tenemos que pagar, en qué momento, y hay que pagarlo, porque también hay que reconocer de que los productores estamos dispuestos a pagar por esa tecnología. Esa es una gran diferencia: UPOV 91 no le da seguridad jurídica al productor”, explicó Sarnari.
La titular de la FAA también remarcó que “la otra cuestión que también para nosotros es trascendente cuando defendemos derechos de los productores es que dentro del sistema del derecho de obtentor que es UPOV 78, el productor que que no hiciera bien las cosas, que no reconociera el derecho del obtentor o que tuviera algún problema, puede tener una penalidad administrativa”.
“Es decir, nadie está diciendo que ese productor que no pagó la tecnología o que abusó no tenga que cumplir con una penalidad, pero esa penalidad es administrativa. Para eso el Estado tiene un organismo como el INASE para controlar cuándo se cumplen o cuándo no se cumplen esos requisitos y pagar por lo que puede haber hecho mal en el derecho de patentes”, indicó.
Según la dirigente, esa instancia administrativa “no existe con el derecho de UPOV 91 y las penalidades son penales, son de derecho penal. El productor que no cumpla o que por error u omisión no lo haga iría preso. Entonces nosotros decimos que hay un intermedio con el cual se pueden buscar soluciones para que la tecnología sea recompensada”.
Respecto del derecho al “uso propio”, que también es un tema de recurrente conflicto, la dirigente federada planteó que la Mesa de Enlace pretende que “siga existiendo, más allá de que podemos discutir si es oneroso o es gratuito en algunas variedades. Habrá que poner oneroso para algunas variedades, probablemente, pero la verdad es que hay que darle certeza jurídica al productor”, inisistió.
Sarnari finalmente recordó que Brasil, país que el propio presidente Milei puso como ejemplo de que se cumplen las normas en materia de propiedad intelectual en semillas, nunca se adhirió a UPOV 91 sino que se maneja con el viejo UPOV 78, el mismo al que adhirió hasta ahora la Argentina.
“Nosotros queremos ir hacia un sistema como el que tiene Brasil”, enfatizó la agropecuaria.
-Más allá de lo técnico, lo jurídico, hasta lo penal por momentos, hay un tema económico de que los productores no tienen margen para pagar esta tecnología, pensando sobre todo en los que representa la Federación Agraria, que son los pequeños y medianos productores.
-Claramente que lo económico siempre se cruza porque nuestra actividad es netamente una actividad económica. Ahora bien, nadie está diciendo que no queremos pagar la tecnología, pero el productor argentino, cuando la reserva y hace uso propio, claramente lo hace por una cuestión económica, no técnica. Digo, los productores argentinos, aún los más chicos, los que representan la Federación Agraria, lo que queremos es desarrollar una agricultura de punta y hacerlo cada vez mejor. Ahora bien, claramente que empezás a recortar en costos porque la rentabilidad no alcanza.
-Con Brasil, la clara comparación es que ellos tienen un régimen como el nuestro, invierten mucho más en semilla, pero claramente no tienen retenciones.
-A ver, es clara la ecuación económica. Nosotros tenemos que tener igualdad de condiciones para competir con nuestros vecinos que tienen mejores condiciones. Las retenciones son un punto que en definitiva hacen a la rentabilidad del productor y el productor, por ende busca bajar costos. Cómo busca bajar costo? En insumos generalmente o usar semilla de uso propio o pone menos fertilizante. Y así comparativamente, estamos mucho más abajo en rindes con otros países. Es netamente una cuestión agronómica que viene de la mano de lo económico.
