Si algún rasgo de la personalidad de Juan Pazo destacan quienes lo han tratado todos estos meses en los que ejerció la suma del poder de la política productiva del gobierno de Javier Milei es su soberbia o arrogancia: según quienes lo conocieron, el ex secretario coordinador de Producción y ahora jefe de la ARCA supone saber de todo y se pone de mal talante cuando alguien lo contradice.
A riesgo de provocar su malhumor, marcarle algunas falencias graves de su gestión es lo que debemos hacer ahora desde Bichos de Campo, a la luz de lo que está sucediendo en torno a la licitación a la que convocó el funcionario para que el Estado Argentino adquiera 23,5 millones de caravanas electrónicas para llevar adelante la identificación individual de cada uno de los 53 millones de bovinos que tiene la Argentina. Esa licitación parece ser todo lo que está mal, a punto tal que todavía no se ha publicado una resolución con el resultado final de ese proceso que costará a los argentinos varios millones de dólares de un préstamo internacional. Casi con vergüenza, los resultados solo están siendo comunicados por correo electrónicos a los ganadores.
Mejor dicho, a la única gran ganadora de este proceso: una multinacional suiza llamada Datamars que no tiene estructura propio en el país -salvo una filial con un puñado de empleados- y que deberá arremangarse mucho si quiere cumplir con lo que se comprometió en la licitación convocada por la Secretaría de Agricultura (manejada por un concuñado de Pazo, el productor Sergio Iraeta) y el Banco Mundial. Sucede que que para imponer al sector ganadero un nuevo esquema de identificación y trazabilidad del stock vacuna, Pazo decidió desviar un préstamo internacional de sus objetivos originales. Así, parte del dinero del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que debía mitigar el cambio climático, se utilizará para cancelar la Adquisición de Dispositivos de Identificación Individual Electrónica Animal y Lectores Móviles.
La primera gran inconsistencia de esta decisión política que Pazo jamás quiso y pudo explicar es una pregunta formulada varias veces por este medio: ¿Con qué argumento todos los argentinos (y por varias generaciones que seguirán pagando ese préstamo) debemos subsidiar por una suma cercana a 25 millones de dólares la compra de 23,5 millones de caravanas electrónicas que serán distribuidas gratuitamente entre todos los productores ganaderos de la Argentina, cualquiera sea su escala? Quizás suene lógico que el Estado subsidie esta innovación tecnológica para los pequeños ganaderos que tienen un puñado de vacas y deberán forzosamente colocarle la nueva caravana a los terneros que nazcan a partir de marzo de 2025. ¿Pero tiene sentido endeudar a toda la sociedad -a razón de 1 dólar por cabeza- para otorgar el mismo beneficio a una gran empresa con miles de cabezas?
El mundo patas para arriba: los más pobres de un país empobrecido pagándole las caravanas a los dueños de Cresud, del grupo IRSA, que a junio de 2024 declaraba tener un stock de 75.472 cabezas, con un total de 81.605 hectáreas de campos propios y arrendadas asignadas para esta actividad. Y para peor, cuando no es una necesidad, porque a prácticamente ningún ganadero se ha quejado del tema, porque ni siquiera les hace ruido gastar menos de un kilo vivo, que es lo que finalmente vale el nuevo chip obligatorio (hoy el kilo de novillo en gancho sale más de 4 dólares en la Argentina).
La distribución gratuita de todas las caravanas necesarias para chipear los bovinos nacidos a partir de 2025 es lo que decidió Pazo para acallar las críticas de algunas entidades rurales, en especial CRA, que consideraban que la utilización de esta tecnología debía ser una decisión individual de cada productor (de hecho, muchos campos ya las utilizan) y no una imposición de los gobiernos, especialmente en tiempos en que Milei promete que el Estado no se entrometerá más en cuestiones de los privados.
Pero sí ya era discutible esta primera definición del equipo económico, mucho más sospechoso se ha tornado todo este proceso luego de que el 15 de noviembre pasado se presentaron los sobres con las ofertas y se conocieron los primeros resultados.
Hay que hacer una pausa aquí, para explicar cómo fue pensado el proceso licitatorio: para acallar cualquier crítica, Economía se propuso adquirir 23.550.000 caravanas electrónicas, que irán reemplazando paulatinamente a las caravanas plásticas que actualmente también son de utilización obligatoria y cuelgan de a pares de las orejas de los animales. La única diferencia es que ahora una de esas caravanas debe incluir un chip que contiene un código exclusivo para cada bovino y puede ser leído por medios electrónicos. Por eso la licitación también convocó a las empresas autorizadas a cotizar el precio de 800 bastones lectores.
El gobierno, al pedir cotización de esas caravanas, estableció que no iba a hacer un único paquete por la provisión de las 23,5 millones de caravanas, sino que estableció dos criterios para permitir la participación de muchos oferentes, lo cual parece correcto porque no parece haber ninguna empresa con capacidad de cubrir toda la oferta necesaria. De hecho, la licitación de caravanas de este tipo es la más grande en volumen de todo el continente. Al menos hasta que Brasil -como se anunció- lance un proceso semejante.
Quizás con ese espíritu democratizador -y quizás advirtiendo también que esta modificación tecnológica está arruinando el negocio que venían teniendo algunas empresas locales que hasta ahora vendían las caravanas plásticas que a partir de 2025 dejarán de tener demanda-, Pazo y sus colaboradores dividieron el país en 11 zonas, asignando un cierto número de chips por cada una de ella, y permitiendo en los pliegos a las empresas ofertar no necesariamente por el total requerido en cada zona sino por una porción de la demanda. Una empresa podría entonces ofertar 1 millón de dispositivos, aunque la región necesitara 4 millones.
Esto lógicamente indujo a todos las empresas a pensar que no habría un solo ganador, y que finalmente recibirían al menos una parte de la adjudicación, que si no era para determinada zona, al menos lo sería para una fracción de la demanda. La idea no era mala, porque a la mayoría de las empresas la decisión de “chipear” los vacunos les arruina la posibilidad de seguir vendiendo caravanas tradicionales.
En el acto de apertura de sobres todos advirtieron de inmediato que no sería así. Hubo cuatro grupos que hicieron sus ofertas por proveer caravanas en la mayor parte de las zonas. Tres de esos oferentes eran jugadores locales: las cooperativas de ACA ofrecieron cubrir cinco zonas, Carreteles Rafaela SA se lanzó a diez, y Villanueva SA en las once. Con despliegue en todo el territorio, estas dos últimas son las principales abastecedoras del mercado actual.
Por otro lado, la multinacional suiza Datamars (que en el país casi no tiene presencia salvo una sede en san Antonio de Areco, ni una red de distribución propia como sus competidoras) hizo una oferta para cubrir los requerimientos máximos de caravanas en todas las zonas. El acta con los precios ofrecidos puede consultarse en la página de transparencia de Senasa, aunque ese organismo poco y nada pudo intervenir en el proceso. Los resultados con la supuesta adjudicación (todavía no oficializada) son informados por mail desde el Ministerio de Economía.
La conclusión es que el consorcio integrado por la suiza Datamars y una filial local llamada Farm Tech Argentina SA (que comparte el mismo domicilio en San Antonio de Areco que su controlante) se alzó con todos la provisión de caravanas, salvo los 800 bastones lectores. Dejó afuera al resto y no compartirá el negocio con nadie, por haber ofertado proveer al Estado Argentina cada chip a entre 0,88 y 0,91 dólar por unidad. El precio es mucho más bajo que el de sus competidores locales que atendían desde hace 30 años el mercado local de caravanas y ahora serán desplazados por completo del negocio.
Dependiendo de cada zona, Carreteles Rafaela SA ofertó entre 0,92 y 1,10 dólares; Villanueva SA entre 0,95 y 1,37 dólares; y ACA entre 1,12 y 1,30 dólares. Otra empresa pequeña local, LecVet, ofreció una poca cantidad de caravanas por 1,60 dólares. Y hubo otros proveedores habituales del mercado de caravanas, como la empresa Pagano de Carlos Casares, que ni siquiera lograron postular.
“¿Con qué necesidad? ¿Por qué tanto daño?”, se preguntaban en una de las empresas nacionales que quedó por completo fuera de carrera, pese a que afiló mucho los números de su oferta para poder cumplir con otras dos exigencias de los adláteres de Pazo: que los precios ofertados incluyan el costo de los fletes y que se reconozca la rentabilidad de las veterinarias minoristas que también se quedan sin negocio porque el Estado les arrebató la posibilidad de vender este u otro tipo de caravanas para los bovinos. Es que ya nadie va a invertir en caravanas si sabe que el Estado las regalará a mansalva.
En el sector domina la creencia de que todo el proceso estuvo amañado para que ganara finalmente la multinacional y que ahora será un grave problema la implementación del plan de trazabilidad individual en los tiempos que se establecieron, porque será muy difícil que Datamars -pese a que compró una fábrica en Brasil- pueda proveer sola la gran cantidad de caravanas que le ofreció al Estado en la lictación. Por caso, según el pliego, en el primer trimestre debería entregar más de 10 millones de caravanas de las 23,5 millones previstas para todo el año. Faltan pocos días para que comience enero y, según admiten sus propios ejecutivos, no tienen en disponibilidad esa cantidad de caravanas y mucho menos la capacidad de grabarlas (poner el código clave) y distribuirlas.
Mientras tanto, a las empresas nacionales -por capricho de Pazo, que se empecinó en regalar caravanas para todos-, les desapareció el mercado de caravanas de la noche a la mañana. Sin la más mínima posibilidad de participación en el negocio, los jugadores locales ya están pensando en cerrar oficinas y despedir parte de su personal que se quedaría sin tareas.
Para desembarcar en el mercado argentino como único proveedor, Datamars jugó muy fuerte, ya que ofertó al Estado Argentina incluso precios que están por debajo de los que licitó en Paraguay, donde también ganó la licitación. En el vecino país ofertó un valor de 0,93 dólares por unidad por 6 millones de caravanas que llegarían por barco en noviembre, aunque estarían demorada, sin añadir ni el costo de la distribución ni la reparación a las veterinarias.
Mientras tanto, en los despachos de Economía nadie responde a las quejas de los empresarios argentinos ni mucho menos a los interrogantes sobre el futuro del plan de trazabilidad individual tan fagocitado desde que asumió el gobierno de Javier Milei. El caso es de lo más singular: los libertarios dicen despreciar el Estado, pero lo utilizarán para subsidiar a los ganaderos de todo tamaño regalándoles un dispositivo que comprarán a una multinacional, que en su desembarco en la Argentina arruinaría a las empresas nacionales que hasta ahora intervenían en el negocio.
Sin resolución final de la licitación publicada en el Boletín Oficial, lo único que transmiten los funcionarios de Economía vía correo electrónico es que hay tiempo para impugnar el procedimiento hasta el 30 de diciembre, y que luego de eso se firmarán los convenios respectivos con Datamars en el transcurso del mes de enero.
Estoy de acuerdo con la trazabilidad individual pero no con la implementación inmediata del chip. Como informan Udes hoy existe una trazabilidad que no la respeta nadie ni la implementa la cadena. Hay muchos productores que hacen las cosas muy bien con el actual sistema de caravanas y otros que las ponen antes de que salga el animal del campo. El Problema no es ni el botón ni la tarjeta ni el chip. Antes de implementar una trazabilidad hay que obligar los frigoríficos a que la información de procedencia (feed Lot o Pasto) calidad de la res datos del productor sean informado por medio de una etiqueta en los distintos cortes. Cosa que no existe hoy. Y los supermercado separar la carne en gondola por procedencia Feed Lot y Pasto dando le la opción al consumidor de poder elegir que comprar. Ya que hoy el consumidor no paga ni esta dispuesto a pagar esa calidad). También es cierto que mucha carne que va al exterior tampoco tiene dicha información. Me pregunto teniendo un Dte y un tri donde figuran todos los números de caravana de los animales que se faenan de cada establecimiento agropecuario , además de la caravana en el animal, me pregunto por que los frigoríficos sean locales o exportadores no informan hoy procedencia (campo o feed lot ),calidad y datos del productor que engordo esos animales. Y que le hace pensar que con el chip lo van a hacer.
Otra cosa los botones de las caravana (para el que las pone desde el destete hasta que la vaca de cría se vende) se con chip o no , poniendo las en el medio y hacia dentro de la oreja igual se pierde ya sea por rotura del prendedor o por que el animal se rasca con el alambré y la corta . Pregunta en un rodea muy grande si la tengo que remplazar y tengo que saber que numero es cada vaca de las que perdió el chip como vamos a hacer para identificar que chip era entre varia vacas que perdieron el chip, se termina la trazabilidad . Como dije estoy de acuerdo con la trazabilidad pero hay que organizar muchas cosas antes de implementar el chip.
Es lo q votaron!! La demostración cabal q solo benefician a sus amigos y a quien los entonga en U$D!! Kueider es un poroto. VLLC jajajajajaja
Tomas
La tipificación argentina NO DA CALIDAD DE CARNE, solo es una descripción física de la res.
Esos datos no sirven para saber que está produciendo el productor.
Hay que empujar desde todos los sectores una tipificación diferente.
Salvo algunos nichos, a nivel mundial NO existe la trazabilidad hasta el corta muscular, porque nadie la pide. Y es operativame impracticable..
Porque la producción porcina y aviar no tienen la paranoia que tenemos nosotros con la trazabilidad?
No estaremos gastando tiempo y dinero en algo que nadie pidió?
La trazabilidad tiene como objetivo principal la sanidad, eso es indiscutible.
Business are business, esa es la intersección en común de nuestros Políticos. Sea de quien sea y si es por ejemplos hay de a miles. LAMENTABLE!!!
Ya hay olor a bosta
Carreteles Rafaela es de lo peor. Empresa que creció a través de la evasión fiscal, la venta de productos de muy mala calidad, corrompiendo controles, con cientos de empleados fuera de la legalidad y vendiendo gran parte de su fabricación en negro.
Se le acabó el curro a esa empresa coimera.
Hola Eduardo, soy Guillermo Guntern, propietario de Carreteles Rafaela S.A, es lamentable que escondido en el anonimato trates de ensuciar nuestra empresa, damos trabajo a 230 personas y ni 1 solo empleado esta en situación informal, pero te aclaro que como consecuencia de estas medidas deberemos despedir a 50 personas y cerraremos nuestras sucursales, las cuales manteniamos para un servicio de entrega inmediata de caravanas. Sólo pedimos un poco de empatia para nosotros y las demás empresas que seguramente se verán obligados a tomar medidas similares.
Las licitaciones son auditadas por la siguen y publicadas en el portal Compr.ar.
Si hubo irregularidades pueden denunciar en la justicia.
Y para los que no conocen el sistema de contrataciones del estado, les comento que por el régimen de”compré argentino” los productos de fabricación nacional tienen un 10% ventaja en la compulsa de precios. O sea que la diferencia de precio fue grande.
Los industriales argentinos van a tener que entender que ya no va lo de hacer lobby para vendernos caro productos y servicios de baja calidad.
Aplaudo la decisión del funcionario y lamento que bichos de campo se haya transformado en otro pasquín militante.
Olor a curro
Excelente