La presión de los productores agropecuarios, que la semana pasada realizaron una protesta en Colonia Merou, entre Crespo y Paraná, hizo efecto. Por cinco votos a favor y ninguno en contra, el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos volvió a habilitar el uso de agroquímicos (bajo ciertas condiciones y aplicando buenas prácticas agrícolas) en cercanías de las más de mil escuelas rurales que tiene la provincia. Hasta ahora un amparo judicial los prohibía en un radio de 1 kilómetro alrededor de los establecimientos escolares. Ahora esa zona de protección se redujo a razonables 100 metros.
Lo que debía votar la instancia más alta de la justicia entrerriana era si mantenía o no las nuevas restricciones que un camarista había impuesto a pedido de una ONG ambientalista y del gremio docente de la provincia, y que dejaba virtualmente fuera de producción (al menos de la manera convencional) unas 300 mil hectáreas ce campos en la provincia.
Finalmente, la corte suprema votó y ratificó la vigencia del Decreto 2239/19, que había emitido en agosto el gobernador Gustavo Bordet como modo de zanjar esta controversia, que ya lleva varios meses y ha recorrido varias instancias judiciales. En ese decreto, el gobierno de Entre Ríos estableció que las aplicaciones en torno a escuelas rurales se podrían realizar -bajo ciertas normas de control- en un radio de 100 metros, cuando el método sea terrestre.
Minutos antes de conocerse el fallo, los díscolos productores de la Federación Agraria filial Crespo, que fueron los convocantes a la protesta de la semana pasada, habían pedido audienciaon el presidente del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, quien les pidió disculpas por las demoras en el fallo laudatorio que reclamaban los chacareros.
“Los tiempos en la producción se terminaron, no hay más espera. El daño ocasionado es impensado, estar en la incertidumbre es la peor situación porque no nos permite planificar, ni salvar los cultivos y tampoco producir. Es una vergüenza nacional que hasta hoy no esté resuelto este problema”, había advertido antes Mariela Gallinger, presidenta de esa filial de FAA, que amenazaba con cortar la Rura 12. Por fortuna, al poco rato se conoció el nuevo fallo.
En este nuevo veredicto la Suprema Corte entrerriana le ordenó al Poder Ejecutivo provincial que corrija el lugar desde donde se contabilizan las distancias: en vez de contar desde el casco de las escuelas deberá hacerlo desde el límite de los establecimientos educativos. Además exhortó al Poder Legislativo de Entre Ríos a tomar intervención y dictar una legislación definitiva en esta materia.
